El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció su gira Live México 2026, que contempla presentaciones en ocho ciudades del país durante marzo del próximo año. El recorrido incluye fechas en Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida, pero deja fuera a Zacatecas, donde en 2019 se había programado un concierto del artista como parte de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), espectáculo que finalmente fue cancelado.
De acuerdo con la cartelera oficial, la gira iniciará el 12 de marzo en el Autódromo de Querétaro y continuará el día 14 en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México. Posteriormente, Ricky Martin se presentará el 18 en Guadalajara (Estadio Panamericano), el 20 en Monterrey (Estadio Walmart Park), el 22 en Chihuahua (Estadio Monumental), el 24 en León (Explanada Poliforum) y cerrará el 28 en Mérida (Parque Kukulcán). La venta general de boletos comenzará el próximo 2 de octubre a través de la plataforma Funticket.
La ausencia del intérprete en la agenda 2026 ha despertado comentarios en Zacatecas, ya que su fallida presentación en la Fenaza 2019 se convirtió en uno de los episodios más cuestionados de esa edición. Aquella cancelación forma parte de la denuncia penal contra el ex diputado federal priísta y ex alcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, quien fungía como coordinador del patronato y es acusado de malos manejos en la organización de la feria.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal denunció a Medrano por el presunto desvío de más de 60 millones de pesos, triangulados a través de la asociación civil Promotora de Ferias y Fiestas Populares A.C., que a su vez subcontrató a diversas empresas, incumpliendo algunos contratos, entre ellos el del propio Ricky Martin. La acusación incluye delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.
Según la SFP, se detectaron pagos por servicios no realizados, subvaluación de contratos y la exigencia de un “moche” de hasta 10 millones de pesos a proveedores. Pese a ello, Medrano ha rechazado las imputaciones y sostiene que nunca tuvo acceso directo a los recursos, los cuales —asegura— fueron manejados por el DIF estatal y la asociación civil.
Desde mayo de 2022 pesa sobre él una orden de aprehensión, aunque no se ha presentado a diversas audiencias iniciales, argumentando motivos de salud. De persistir esa situación, la dependencia advirtió que podría ser considerado prófugo de la justicia.
A más de tres años del inicio del procedimiento, el caso permanece abierto y sin sentencia definitiva. Tampoco se ha informado de la recuperación de los recursos desviados, lo que mantiene viva la exigencia social de esclarecer los malos manejos de la Fenaza 2019.
