La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, reconocida como una de las mejores herramientas internacionales para medir el pulso de la victimización, nos ofrece una radiografía objetiva y, francamente, desafiante sobre el estado de la política de seguridad pública en nuestra entidad.
La delincuencia en Zacatecas no es una abstracción, es una realidad que se vive en los hogares. Se estima que el 21.1% de las familias zacatecanas padecieron al menos una víctima de delito en 2024. Detrás de esta cifra, que representa a más de 108 mil hogares, hay historias de pérdida, miedo y frustración.
La extorsión se ha consolidado, desafortunadamente como un flagelo persistente, una sombra que acecha a nuestros ciudadanos, con una tasa estimada de 7,790 delitos por cada 100 mil habitantes. Es un recordatorio de que la violencia no siempre es física, pero sus consecuencias —económicas, emocionales y laborales— son igual de devastadoras. De hecho, el 77.2% de las víctimas reportó haber sufrido algún tipo de daño, siendo el económico el más común.
El alto costo de esta inseguridad es innegable. Las familias gastaron un total de 2.2 mil millones de pesos en 2024 para protegerse. Esto refleja la cruda realidad de una ciudadanía que se ha visto forzada a la autodefensa económica, asumiendo un rol que debería recaer en las instituciones. Cada peso gastado en medidas preventivas es una evidencia de la fe perdida en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad.
Las principales razones que los ciudadanos dan para no denunciar son la pérdida de tiempo (30.2%) y la desconfianza en la autoridad (12.2%). La población no denuncia porque no cree que el sistema funcione.La desconfianza en el sistema, especialmente la percepción de que la denuncia es una «pérdida de tiempo» (30.2%) y la «desconfianza en la autoridad» (12.2%), lleva a que la mayoría de los ciudadanos no denuncien los delitos. En 2024, solo el 9.1% de los delitos se denunciaron. De este porcentaje, únicamente el 63.5% generó una carpeta de investigación, lo que significa que solo el 5.8% del total estimado de delitos llegó a ser investigado.
La ENVIPE 2025 nos entrega un diagnóstico frío, crudo y directo. Nos recuerda que no podemos seguir operando con políticas que no aborden la raíz del problema: la impunidad. La solución no se encuentra en más operativos espectaculares, sino en la restauración de la confianza en nuestras instituciones. Se necesita un nuevo pacto social, uno en el que las autoridades se comprometan a ser eficientes, transparentes y, sobre todo, a escuchar la desesperada voz de una ciudadanía que clama por seguridad y justicia.
Este panorama en Zacatecas contrasta marcadamente con modelos exitosos de participación ciudadana en la mejora de la seguridad, como el impulsado por la Fundación Empresarial Chihuahuense (FECHAC) en Chihuahua. A través de un enfoque colaborativo, FECHAC ha logrado movilizar recursos y voluntades para implementar programas que abordan las causas profundas de la inseguridad.
En Zacatecas, la desconfianza generalizada en las instituciones y la sensación de impunidad exigen un cambio de paradigma; la experiencia de Chihuahua ofrece una hoja de ruta, demostrando que la seguridad no es solo una responsabilidad del Estado, sino un compromiso compartido que requiere la activa participación de todos los actores sociales. Este enfoque colaborativo ha permitido a FECHAC movilizar recursos e implementar programas que abordan las causas subyacentes de la inseguridad, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la cohesión comunitaria. La experiencia de Chihuahua subraya la importancia de la inversión en capital social y la articulación de esfuerzos entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno para construir entornos más seguros y resilientes.
El modelo FECHAC es relevante por su énfasis en la prevención y la reconstrucción de la confianza, más allá de la respuesta punitiva. Al involucrar a la ciudadanía en la identificación de problemas y la formulación de soluciones, se fomenta la corresponsabilidad, crucial para la sostenibilidad de las políticas de seguridad. En Zacatecas, la desconfianza institucional y la percepción de impunidad requieren un cambio de paradigma. La experiencia de Chihuahua ofrece una hoja de ruta, demostrando que la seguridad es un compromiso compartido que demanda la participación activa de todos los actores sociales, no solo del Estado.
@armandogn_zac
