A estas alturas de todos es conocido que en fechas recientes se ha implementado una estratégica operación para desarmar una red delictiva dedicada a lo que se ha conocido popularmente como “huachicol fiscal”, lo que implica una evasión en materia de impuestos, alarmantemente conformada por personajes ligados al poder en nuestro país y particularmente, algunos integrantes de la Secretaría de Marina, quiénes, como también se sabe, son responsables, desde el sexenio pasado, de la administración de las aduanas portuarias de México. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, son, hasta el momento, catorce detenidos, entre los que destacan seis marinos y cinco exfuncionarios de la red aduanal mexicana. La noticia ha estado rodeada además de acontecimientos catastróficos y mortales para algunos actores involucrados, la trama es tan compleja y dramática que, sin duda, pasará a la historia.
Sin embargo, más allá del ciclo noticioso, y del análisis informativo que nos lleva a las conjeturas, naturales pero en este punto, en cierto grado, irresponsables, me interesa abordar, aunque sea de manera superficial y como anotación al margen, la importancia de la operación implementada, en su vertiente de combate a la corrupción, a partir de la lógica de desarticulación de redes y en especial, con el enfoque de lo que se ha llamado la captura del Estado, que implica un nivel superior, pues conlleva, como parece ser el caso, de un involucramiento de las instituciones encargadas de velar por la aplicación de la Ley, en el proceso del abuso del poder. Es decir, sobrepasa a los individuos, sean del ámbito privado o público, para instalarse en prácticas que hacen disfuncionales los entes estatales en sus objetivos esenciales. En este caso, además, con la agravante de tratarse de una institución del Estado mexicano que tiene entre sus fines la garantía misma de la soberanía nacional y, desde hace décadas, la tarea de coadyuvar en funciones de seguridad nacional. Aquí es justamente donde estriba la diferencia, entre un caso más de corrupción y uno que podemos analizar desde el concepto de captura del Estado, de acuerdo con el académico mexicano Luis Daniel Vázquez Valencia, “la captura estatal solo se da en los altos mandos del gobierno, en aquellos que tienen capacidad de tomar decisiones políticas vinculantes”. Hasta el momento, y según lo que las autoridades han dado a conocer, nos encontramos en una potencial encrucijada en la que agentes del Estado, con altos rangos de responsabilidad y capacidad de decisión, formaron parte de esta red. Lo confirmarán o lo negarán los avances, aunque, los anuncios que ya se han realizado en torno a los involucrados y las órdenes de aprehensión giradas, nos permiten dirigir hacia este enfoque nuestro análisis.
En todo caso, es una buena noticia la acción emprendida. No es sencillo, y los riesgos son altos para quiénes combaten este tipo de organizaciones criminales complejas, pues sus redes logran insertarse en el cuerpo institucional de tal forma que el costo, como ya se ha visto, puede ir hasta las más funestas consecuencias. Hay, en esta determinación, como en otras que hemos venido apreciando de la Presidenta Claudia Sheinbaum, un estilo personal de afrontar la crisis de estatalidad y civilización, que se distingue por su responsabilidad, valor y eficacia; esperemos que los resultados, y más importante aún, los impactos, corran la misma suerte, pues de su éxito depende el porvenir de nuestro país.
@CarlosETorres_
