La desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) deja “vacíos operativos y jurídicos” que se traducen en menor coordinación y seguimiento de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), advirtieron ponentes de la Quinta Jornada Abolicionista de la Alianza de Redes Feministas Nacionales.
En la mesa participaron María Luisa Sosa de la Torre, de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges A.C.; Evangelina Flores Ceceña, de la Fundación Ius Género A.C.; y Ana Elena Contreras Álvarez, de la colectiva Las del Aquelarre Feminista, bajo la moderación de la exsenadora Leticia Burgos Ochoa.
María Luisa Sosa planteó que en México se vive un contexto de guerra no reconocido, con efectos directos e indirectos en la vida cotidiana de las mujeres. Denunció el maquillaje de cifras expresado en “menos cuerpos de mujeres en los Semefos, pero con un incremento brutal en la desaparición de niñas y de mujeres”.
Apuntó que el sistema de justicia penal solo en teoría coloca a la víctima al centro, pero opera con una visión retrógrada enfocada en el imputado. Señaló que, en derecho penal a diferencia de otras áreas, como el derecho fiscal o administrativo, existe una atrofia.
Por lo anterior, urgió a desarrollar el derecho victimal, fortalecer la formación desde el personal de menor rango en fiscalías, y crear áreas especializadas en el Poder Judicial.
“En el Poder Judicial las personas no han comprendido lo que significa la perspectiva de género”, reprochó la activista, al señalar que las mujeres reciben sentencias más altas y son sujetas a procesos más cortos al ser juzgadas por el mismo delito que un hombre.
Hoy hay 25 alertas vigentes en 22 entidades que abarcan 643 municipios, además de solicitudes en proceso y no procedentes que suman 30 estados alertados, expuso la moderadora.
Sosa de la Torre recordó que la Conavim formaba parte de la arquitectura institucional derivada de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Con la reciente reforma, el mecanismo pasó de estar a cargo de la Secretaría Gobernación a la Secretaría de las Mujeres, bajando “cuatro escalones” en términos de interlocución y operatividad, caracterizó la activista.
En Zacatecas la Alerta de Violencia de Género por feminicidio se solicitó en enero de 2017 ante el incremento de muertes violentas de mujeres desde 2010 y se declaró el 7 de agosto de 2018, el año más violento para las zacatecanas.
La declaratoria estableció 32 medidas: 17 de prevención, 4 de seguridad y 11 de justicia y reparación. Zacatecas fue la primera entidad con alerta en la totalidad de sus 58 municipios, expuso María Luisa Sosa.
Subrayó que el mecanismo tenía “grandes problemas”, pero se trabajaba para corregirlos pues desde las organizaciones de mujeres “No permitíamos la simulación” y había sesiones de seguimiento que obligaban a ajustar políticas y prácticas.
Desde el frente jurídico, Evangelina Flores advirtió que la transición dejó un “limbo” en el que destaca la falta de reglas para continuar con las solicitudes en estudio y el monitoreo de las vigentes.
