En un encuentro con medios de comunicación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas abordaron diversos temas que preocupan a la ciudadanía. El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya, destacó que no se tolerarán conductas irregulares ni de particulares ni de servidores públicos, y subrayó avances en la reducción de delitos y en la identificación humana dentro de la crisis forense.
Uno de los casos más relevantes fue el de la desaparición de un padre y su hija en Villanueva el pasado 8 de agosto, donde se presume la participación de policías municipales. La joven fue detenida por una falta administrativa y liberada tras el pago de la multa por su padre, después de lo cual se registra la no localización. Camacho Osnaya informó que el vehículo del padre ya fue localizado y asegurado.
La Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas mantiene contacto con los familiares y ha desplegado acciones de búsqueda, aunque aún no hay datos concretos sobre responsables.
Asimismo, se informó sobre la investigación de la desaparición del líder sindical de la CTM Juan Francisco Palacios Murillo, la cual ya fue extendida a estados como Jalisco, Aguascalientes y Durango. El fiscal precisó que se trata de una investigación amplia y con sigilo, cuyo objetivo es la localización con vida del dirigente. “No ha habido una exigencia de pago, lo que preocupa” agregó.
Por otro lado, Camacho Osnaya informó que en el estado el principal problema de adicciones se concentra en jóvenes y adolescentes con consumo de cristal y marihuana, mientras que no se han registrado casos recientes de fentanilo desde 2021 “No hay una detención de fentanilo asegurado en los últimos años, o que tengamos una sobredosis”. Destacó que el tema se atiende como un problema de salud pública, con acciones de prevención y rehabilitación.
Dentro de los datos retomados, se destacó que en lo que va de 2025 se han atendido 531 reportes de personas desaparecidas o no localizadas, de los cuales 96 corresponden a víctimas de delitos. Se han implementado 292 acciones de búsqueda, con una reducción del 38.1 por ciento en cuanto a reportes en comparación con el mismo periodo de 2024. Estas acciones han permitido 25 localizaciones con vida, 23 búsquedas forenses positivos y 17 con indicios útiles para investigaciones.
En esta línea, explico que Zacatecas cuenta con dos panteones forenses, en Guadalupe y en Trancoso, pero desde octubre de 2023 no se ha realizado ninguna inhumación. Sin embargo, señaló que la prioridad de la Fiscalía no es almacenar cuerpos, sino avanzar en su identificación y restitución a las familias, lo que ha evitado la saturación de los servicios médicos y refleja avances en la resolución de casos.
En materia de feminicidios, se han registrado cuatro casos en 2025, frente a ocho del año anterior, todos judicializados. En uno de ellos incluso se emitió ficha roja para la captura del probable responsable.
Incluso se informó que mantienen bajo resguardo 991 cuerpos no identificados, de los cuales más del 88 por ciento corresponden a años anteriores a 2023. En los últimos 20 meses se han obtenido perfiles genéticos de más de 350 restos, además de avances con huellas dactilares en coordinación con el INE.
En otros temas, Camacho Osnaya explicó que, tras declaraciones sobre presuntos campos de adiestramiento en la entidad, se mantuvo comunicación con Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, para intercambiar información sobre el caso. Señaló que, se compartieron datos de manera extraoficial a través de medios de comunicación, sin embargo, no se había recibido información formal e institucional.
Se habló además que la investigación relacionada con el ex alcalde de Guadalupe, Julio N., se encuentra abierta y plenamente integrada. Por lo que se hizo un llamado a cualquier servidor público que cuente con información relevante sobre estos hechos para que se acerque a la Fiscalía y participe en el proceso, enfatizando que la colaboración no debe depender de motivaciones políticas.
Se aseguró que no existen registros formales de que Julio “N” haya salido del país. Sin embargo, señaló que la ficha roja correspondiente ya está en trámite a través del Instituto Nacional de Migración.
Respecto a los hallazgos sobre la desaparición de Perla Yajaira Ortega Muñoz, el fiscal aclaró que no se trata de un caso vinculado al reclutamiento de personal de salud por parte de grupos delictivos. Señaló que la familia de la persona involucrada ya está informada y consciente de la situación.
Además, indicó que existe un registro que sugiere que podría encontrarse en Aguascalientes, por lo que se ha establecido colaboración con las autoridades de ese estado para apoyar en su localización.
En cuanto al caso de violencia registrado en la Feria Nacional de Zacatecas en septiembre de 2013, cuando un vehículo fue incendiado, el fiscal explicó que se giraron dos órdenes de aprehensión: una persona fue detenida y otra compareció voluntariamente. Ambas fueron vinculadas a proceso y acordaron un convenio reparatorio diferido a 18 meses. Sin embargo, a la fecha persiste un adeudo de 32 mil pesos, lo que podría reactivar la causa penal en caso de incumplimiento total.
Sobre el proceso de identificación de los ciudadanos colombianos Jerlen Surmay Agámez y Rafael Enrique Agámez García detalló que se mantiene detenido, ya que el material genético necesario para la confronta aún se encuentra en Colombia y no ha sido enviado a Zacatecas.
La investigación, impulsada por Katterine Agámez Guevara, hermana de las víctimas, ha contado con dos inspecciones visuales y físicas de los cuerpos no identificados en el Servicio Médico Forense, sin que se haya encontrado coincidencia con características.
Posteriormente la Fiscalía reportó avances en la judicialización de casos relacionados con observaciones de la Auditoría Superior del Estado, duplicando la participación en 2024 respecto a 2023 y superando cifras en 2025. El objetivo, enfatizó, no es una “cacería de brujas”, sino sensibilizar sobre la responsabilidad de los servidores públicos.
Finalmente, en torno a las denuncias de la Secretaría de la Función Pública (SFP) este año, el fiscal explicó que sí mantienen comunicación con dicha dependencia y que, en caso de detectar faltas de carácter penal, se inician las carpetas de investigación correspondientes.
Señaló que tanto la Fiscalía como la SFP tienen funciones similares en cuanto a la investigación y sanción de irregularidades, pero hasta el momento no han recibido denuncias formales remitidas por la SFP relacionadas con delitos penales.
El fiscal añadió que, aunque se han dado casos mediáticos, la mayoría no ha trascendido al ámbito policial o penal.
