En cumplimiento a la publicación del Decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ésta instancia coordinadora del proceso deliberativo fue instalada en días recientes. Desde su anuncio se han destacado los temas que se presumen de riesgo para la actual configuración de nuestro sistema de elección y representación, marcadamente la figura de los legisladores conocidos como plurinominales, y que son los de representación proporcional, a razón de doscientos diputados y treinta y dos senadores. También sobre el costo que tiene nuestro sistema electoral, particularmente en lo que hace al financiamiento de los partidos políticos, así como a la existencia de organismos locales homólogos del Instituto Nacional Electoral, entre otros. Estos temas, sin duda, importan y seguramente serán los que dominen la agenda de la discusión, sin embargo, vale la pena insistir en que no debe desaprovecharse la oportunidad para atender dos asuntos que, inclusive pudieran ser los causantes del desencanto con nuestra joven democracia electoral: la crisis de nuestros partidos políticos y la corrupción que ha contaminado de raíz los procesos políticos, desde la vida interna de dichos institutos, hasta la administración pública, la dirección de los gobiernos y en sí, la teoría misma de la representación política. El primer punto parece verse atendido con la idea, aún no concreta y meramente puesta en la agenda, que es la de obligar a los partidos políticos a realizar elecciones primarias para definir a sus candidatos; sin embargo, el detalle importa. Habrá que poner suma atención en el modelo que se pretenda instalar en la legislación y, sobre todo, las garantías de respeto a los derechos de la militancia, pues los partidos políticos han pretendido siempre convertirse en islas autónomas dentro de la estructura de instituciones del Estado, lo que ha permitido que camarillas sectarias secuestren dichos entes, que, como la Constitución los adjetiva, son de interés público y por tanto, merecen y requieren de la apertura suficiente para que su vida interna sea tan pública como cualquier otra institución con tal denominación. También habría que explorar cómo a los funcionarios de los partidos políticos se les vincula con el sistema de rendición de cuentas a través de la figura de personas políticamente expuestas.
Además de lo anterior, y en plena consonancia con ello, hay que insistir en el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización de los participantes en procesos electorales, tanto a nivel partidario, como a nivel candidatura, y particularmente, ampliar los mecanismos, instrumentos y mejores prácticas para las personas que resultan electas para cualquiera de los tres poderes. Ello recobra aún más relevancia con la reciente reforma judicial. No podríamos decir que el riesgo es mayor que antes, respecto a una captura del Estado, sin embargo, sí que las oportunidades se ampliaron por la misma vía que antes existía para el tercer poder que se encontraba a salvo de los desafíos que implica una elección sin la suficiente fiscalización, transparencia y seguimiento para evitar que intereses ajenos a los de los derechos e instituciones, se cuelen por las urnas.
Van pues estos dos temas con insistencia para que profundicemos en su atención en el proceso de discusión de la que ya se anuncia como otra reforma electoral más en una larga lista de reformas. Concluyamos con el recuento que confirma mi aseveración: de 1977 a 2014 llevábamos ¡15 reformas electorales! Ojalá no ignoremos los avances, no desconozcamos conquistas y mejoremos nuestro muy reformado y remendado sistema electoral y con él el de representación y satisfacción con nuestros gobiernos y nuestra democracia misma.
@CarlosETorres_
