A casi tres meses desde que el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, asumió la dirección del proyecto de la presa Milpilla, la titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) de Zacatecas, Susana Rodríguez Márquez, reconoció que continúan las protestas y la desconfianza entre algunos sectores de la población.
“Estamos trabajando desde hace más de un par de meses, casi tres, con un equipo permanente en la zona y con visitas de Conagua cada ocho días para revisar los avances”, explicó Rodríguez Márquez en entrevista. Sin embargo, admitió que “hay gente que todavía no está convencida” sobre la necesidad de construir la presa y que “se requiere hacer más trabajo de campo y diálogo”.
La funcionaria estatal aclaró que la crisis hídrica que atraviesa Zacatecas no es un problema exclusivo de la capital o la zona metropolitana, sino “un tema de todo el Estado”. En este sentido, subrayó, se han realizado 41 perforaciones de pozos profundos, algunos hasta 450 metros, para enfrentar la escasez, pero que la calidad del agua extraída es deficiente, con altos niveles de metales que obligan a instalar plantas potabilizadoras.
“Por eso necesitamos buscar alternativas y una de ellas es el proyecto Milpilla”, dijo Rodríguez Márquez, al mismo tiempo que reconoció que “se manejó de mala forma” en sus inicios y “se dio muy mala información con otros intereses”. Ahora, enfatizó, “tenemos que hacer una jornada permanente para generar confianza y convencer a la gente de que este proyecto traerá desarrollo, no solo a la capital, sino a toda la región”.
Uno de los puntos clave para ganar aceptación, señaló, es la justicia social. En particular, se trabaja en las comunidades de Jiménez del Teúl y Sombrerete, lugares por donde pasaría la presa. “No solo es hablar, sino que la gente vea que la gestión es real y que viene desde el gobierno federal con una inversión cercana a los 9 mil millones de pesos”, detalló. Además, resaltó la coordinación entre diversas instancias federales y estatales.
Sobre el estado técnico del proyecto, Rodríguez Márquez informó que “ya está dentro de la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” y que recuperó la etiqueta perdida en el pasado. También se concluyó el manifiesto de impacto ambiental y se están actualizando los estudios costo-beneficio, que serán entregados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su autorización.
Sin embargo, reconoció que no existe aún una fecha concreta para la licitación de obra, debido a la falta de liberación completa de los terrenos donde se construirá la presa. En este sentido, afirmó que se tiene el 50% de los terrenos, mientras que el otro 50% pertenece al ejido de Atotonilco, cuyos registros ejidales están desactualizados debido al fallecimiento o ausencia de sus autoridades, situación que complica la liberación total.
“Ya interviene la Procuraduría Agraria, que ha tenido acercamiento con quienes están en contra o dudan del proyecto, pero también es necesario equilibrar y dialogar con quienes sí lo apoyan”, señaló la secretaria. Añadió que las protestas han provocado un retraso, pero no un bloqueo definitivo, y que la prioridad es el diálogo para evitar enfrentamientos.
En cuanto a los conflictos por los pagos a los propietarios de los terrenos, Rodríguez Márquez explicó que en el pasado hubo pagos dispares: “a algunos se les pagó 50 mil pesos por hectárea y a otros apenas 12 mil pesos, incluso intentaron convencer con despensas”. Esto generó molestia y desconfianza entre los ejidatarios, lo que a su vez afecta la aceptación del proyecto.
Respecto a las protestas recientes, la secretaria aseguró que “no han sido asambleas multitudinarias, sino encuentros más pequeños para dialogar”, y que, aunque algunas personas se han negado a argumentar sus rechazos, el gobierno mantiene la disposición para conversar y explicar los beneficios.
