Todo orden democrático inicia con el voto. Votar no solo es elegir gobernantes, es reconocer que el poder público responde a la voluntad de todas y todos. Por eso, las elecciones son algo más que un trámite periódico, son el mecanismo a través del cual se legitima el ejercicio del poder.
México no siempre fue una democracia. Durante más de 70 años, el sistema político funcionó bajo un presidencialismo hegemónico, en el que un solo partido concentraba el poder y decidía prácticamente todo, desde quién sería el próximo presidente, hasta quién ocuparía los cargos legislativos, estatales y municipales. En ese esquema había elecciones, pero su función no era competir, sino confirmar lo que ya estaba decidido. Los votos no eran el origen de todo, sino la fría e intrascendente confirmación de algo que ya estaba dicho.
Dejando de lado algunas graciosas concesiones presidencialistas, como la reforma de 1963, se dice que nuestro sistema político comenzó a cambiar en 1977, cuando el entonces Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, promovió una reforma política que abrió las puertas del sistema a partidos de oposición y sentó las bases para una representación más plural en el Congreso. Desde entonces, una serie de reformas políticas y electorales fueron empujando al sistema hacia la democracia: en 1986 se duplicaron las diputaciones de representación proporcional; en 1990 nació el Instituto Federal Electoral (IFE), aunque con una autonomía todavía limitada; y en 1994 se introdujeron consejeros ciudadanos en su Consejo General.
Pero el verdadero parteaguas llegó en 1996. Esa fue la gran reforma electoral de la transición a la democracia. Por primera vez, el gobierno federal –entonces encabezado por Ernesto Zedillo– se apartó por completo de la organización de las elecciones. El IFE obtuvo autonomía plena; se estableció un nuevo modelo de financiamiento público para los partidos; se reguló el acceso equitativo a los medios de comunicación y se fortaleció la justicia electoral. Además, se reformó la integración del Congreso para hacerlo más representativo y se permitió que los “defeños” eligieramos a nuestro jefe de gobierno.
Lo importante de esa reforma no fue solo su contenido, sino su contexto. Fue producto de un gran acuerdo nacional. Prácticamente todas las fuerzas políticas —de derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, grandes y pequeñas— participaron en su diseño. Se entendía en ese momento histórico que las reglas del juego electoral debían ser aceptadas por todos, porque todos habrían de competir bajo dichas reglas. La legitimidad de las elecciones en México inició por ese consenso histórico que las hizo posibles.
Desde entonces, lo que ha ocurrido es una serie de ajustes, de 2007 hasta 2014, para mejorar la operación del “modelo del 96” pero sin alterar su espíritu. Las reformas posteriores han buscado reforzar la equidad, la imparcialidad, la profesionalización y la confianza en las instituciones electorales. Gracias a ello, se ha logrado la alternancia en el poder, el reconocimiento de los resultados y la armonía democrática entre fuerzas opositoras.
Recientemente, la presidenta Sheinbaum anunció que impulsará una nueva reforma electoral. Creó una comisión presidida por Pablo Gómez para formalizar y gestionar una propuesta de reforma que, como lo ha expresado la Dra., busca reducir el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento a los partidos y discutir los cargos que se asignan por el principio de representación proporcional. Estas son algunas ideas en el aire, pues no conocemos el contenido final de la iniciativa. Lo que sí: el debate ya comenzó.
Es aquí donde vale la pena volver echar un vistazo al album de fotos de 1996. Aquel año se construyeron reglas, pero también confianza. Esa reforma no fue un capricho del gobierno en turno ni la imposición de una mayoría, fue una apuesta compartida por todas las fuerzas políticas para responder a un momento histórico. Hoy, cualquier reforma electoral que aspire a perdurar debe inspirarse en ese mismo principio, el de generar consenso.
¿Se puede gastar menos en las elecciones? Posiblemente sí. ¿Hay que revisar los excesos de algunos partidos o acotar las estructuras burocráticas del sistema electoral? Es válido discutirlo. Pero todo eso debe hacerse sin poner en riesgo los pilares que sostienen nuestra vida democrática: la autonomía del arbitro electoral, la representación de todas las expresiones políticas, el financiemiento suficiente, cuya fuente sea principalmente pública, y reglas aceptadas por todas y todos.
La iniciativa presidencial está en construcción. Veamos si, como en 1996, se convoca a todas las fuerzas políticas, se escucha a la ciudadanía y se privilegia el consenso por encima de las mayorías automáticas. Si algo hemos aprendido en estas décadas de transición es que la democracia empieza en las urnas, pero se sostiene en la confianza, y esa confianza se construye palmo a palmo.
