En Zacatecas está ocurriendo algo extraordinario. Un estado que hasta hace poco era noticia nacional por sus niveles alarmantes de violencia, hoy protagoniza uno de los descensos más drásticos en homicidios de los que se tenga registro. En 2021, el año más crudo, se contabilizaron 1,741 asesinatos. Para 2024, esa cifra bajó a 500. Si comparamos el primer semestre de 2021 con el de 2025, la reducción supera el 87%. Es un logró histórico.
Este avance es un timbre de orgullo para la actual administración estatal, y aunque los retos persisten, en los pasillos de la burocracia y la academia ya se habla de “el modelo Zacatecas”. Porque además de haber logrado reducir los delitos de alto impacto, la estrategia de seguridad no se construyó a costa de derechos ni libertades. La apuesta fue por la coordinación institucional, el despliegue focalizado de las fuerzas armadas y una intervención social profunda.
El reto ahora es convertir esos resultados en percepción ciudadana. Zacatecas y Fresnillo- los dos municipios zacatecanos que mide la ENSU- han encabezado por años la lista de ciudades donde la gente se siente más insegura. Pero eso también comienza a cambiar. En la edición más reciente de esta encuesta, nuestra capital salió del top ten de percepción negativa y Fresnillo va cediendo terreno. Los números mejoran, pero lo más importante es que la gente los empieza a percibir.
Lo que está pasando en Zacatecas tiene pocos paralelos. Tal vez Colombia en la última década, con el proceso de paz, o incluso Medellín y su transformación urbana. Pero sin duda, el caso que más se cita en cualquier conversación internacional sobre violencia y seguridad es el de El Salvador.
El Salvador vivió una espiral de violencia que comenzó en los años noventa, cuando Estados Unidos endureció sus políticas migratorias y deportó a miles de salvadoreños con historial delictivo. Fue así que pandillas como la MS-13 y Barrio 18, formadas en California, llegaron a Centroamérica. Las maras -estructuras con control territorial, capacidad de fuego y redes de extorsión- convirtieron a El Salvador en el país más violento del mundo. En 2015, se registraron más de 6,600 homicidios, una tasa de 106 por cada 100 mil habitantes, muy cercana a la de Zacatecas en 2021.
La llegada de Nayib Bukele al poder en 2019 marcó un punto de inflexión. Joven, disruptivo y con un discurso antipolítico, su gobierno decidió romper todos los moldes. Desde 2022, opera en El Salvador un régimen de excepción que ha suspendido garantías constitucionales básicas. Más de 75 mil personas han sido detenidas, muchas sin juicio ni pruebas claras, y se ha construido una megacárcel para 40 mil internos. Las cifras oficiales son impactantes, pues en 2023 se reportaron solo 154 homicidios, una tasa de 1.9 por cada 100 mil habitantes. Incluso por debajo de los países más pacíficos en la región más violenta del mundo, como Canadá, Costa Rica o Uruguay. El país más violento de la región pasó a ser el más seguro en menos de cinco años.
El gobierno salvadoreño presume los resultados, y no es para menos. Barrios enteros donde antes no se podía caminar, hoy viven sin extorsión ni muerte. Pero el costo ha sido altísimo. Organismos de derechos humanos han documentado cientos de muertes en custodia, casos de tortura, detenciones arbitrarias y abusos sistemáticos. Lo más grave es que Bukele ha emprendido una cruzada contra los contrapesos democráticos. Destituyó a jueces, cooptó al sistema judicial y logró lo que parecía imposible: postularse para la reelección inmediata, a pesar de la prohibición constitucional. Lo hizo gracias a una Corte Suprema alineada, y a un Congreso donde ya no existe una oposición real.
El contraste con Zacatecas no puede ser más elocuente. Mientras Bukele ha instaurado un gobierno de ultraderecha autoritaria, con tintes mesiánicos y decisiones unilaterales, en Zacatecas se ha apostado por una estrategia de izquierda humanista. Más Estado, pero también más comunidad; más coordinación con fuerzas federales, pero también más deporte, cultura, salud y bienestar.
Ambos casos muestran que es posible reducir la violencia. Pero uno lo hace respetando la ley, fortaleciendo la democracia y apostando a largo plazo; el otro, mediante la suspensión de libertades, el encarcelamiento masivo y el debilitamiento institucional. Son dos caminos que no solo responden a contextos distintos, sino también a visiones e ideologías contrastantes.
Al celebrar la recuperación de la tranquilidad en Zacatecas, no debemos perder de vista que se ha conseguido sin renunciar a la democracia. Y eso importa mucho, porque hay una gran diferencia entre vivir sin miedo y vivir sin libertad. La paz que construye Zacatecas todavía es imperfecta, pero tiene rostro humano; es una paz que no se impone, sino que se conquista.
