Madrid. La tercera huelga general de la educación desde que asumió el poder el conservador Partido Popular (PP) es considerada como un éxito rotundo, con más del 90 por ciento de seguimiento por parte de los alumnos y alrededor de un 80 por ciento del profesorado.
En esta ocasión se sumaron al paro y a las movilizaciones prácticamente todas las agrupaciones y asociaciones del sector, incluidos los colegios concertados, los padres católicos y los profesores estatales.
El clamor de todos ellos es el mismo: la retirada de la nueva ley de educación porque promueve la desigualdad social y la privatización paulatina de la educación pública, y la dimisión fulminante del ministro del ramo, el polémico José Ignacio Wert, el político peor valorado del gabinete de Mariano Rajoy.
Nunca antes un ministro y una ley habían despertado tanta animadversión ni repudio. Wert, un sociólogo y académico que ha dinamitado el diálogo con todos los representantes de la educación en tan sólo dos años en el cargo, es además el político peor valorado del gobierno por sus bravuconadas verbales, tanto en el Parlamento como en las entrevistas y tertulias.
La polémica ley la aprobó en solitario, gracias a la mayoría absoluta que logró el PP en los comicios de noviembre del 2011, y sin ningún aliado en un asunto tan sensible como la educación. Más aún: la oposición en pleno, en un gesto inédito hasta ahora, firmó un acuerdo en el que todos los grupos de las ideologías más diversas se comprometían a que una vez cambiara la distribución parlamentaria y el PP perdiera la mayoría, entre todos derogarían la nueva legislación.
A esta huelga general se ha sumado prácticamente toda la comunidad educativa; desde los profesores de los más diversos sindicatos y asociaciones, los alumnos desde primaria y universidad y posgrado hasta las asociaciones de padres de familia que representan a las escuelas públicas y concertadas -una mezcla de privada con pública-. El puente de diálogo con los rectores de todas las universidades del país se rompió hace unos meses, cuando el ministro Wert retiró parte de la financiación y no les consultó ni un solo artículo de su nueva reforma.
En medio de este clima áspero y de crispación, la huelga general transcurrió sin incidentes y con una repercusión masiva en todo el país. Además de las aulas vacías en el 90 por ciento de las escuelas del país desde primaria hasta el grado superior, las calles de las principales ciudades se llenaron de manifestantes que exigieron la retirada de la ley y la dimisión de Wert y su equipo, a quienes ya no consideran interlocutores válidos para una futura negociación para apaciguar los ánimos en los que se prevé será un otoño caliente.
La secretaria de Estado de Educación, Monserrat Gomendio, tildó de “fracaso” la huelga y acusó a los profesores de dificultar aún más la situación de los “padres en paro”. Y cifró la huelga en un 20 por ciento de seguimiento, en sintonía con la postura habitual del ministerio en este tipo de protestas. De hecho el pasado martes los representantes del gobierno español quedaron en ridículo al ofrecer datos de seguimiento de la huelga en la escuela primaria en la huelga parcial, cuando ni siquiera había convocada la protesta en ese grado concreto, pero el ministerio ofreció unos datos que todavía no ha explicado de donde los sacó.
Los estudiantes mejor organizados y más contestatarios fueron los universitarios, que abandonaron de forma masiva las aulas para llevar su movilización a las calles y así expresar su frontal rechazo a una ley que tildaron de “clasista, segregadora y retrógrada que sólo pretende apartar de la educación a los hijos de la clase trabajadora”.
