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jueves, 27 enero, 2022
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Familiares de detenidos que fueron vinculados a proceso afirman que la FGR no presentó pruebas suficientes

■ Se vinculó a proceso a 23 personas por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo

■ Los acusan también de delitos contra la salud, homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena en Zacatecas

■ Entre los aprehendidos están 4 trabajadores del municipio de Pinos que habían sido secuestrados desde el 20 de noviembre y al momento de ser liberados fueron señalados como delincuentes

■ De acuerdo con el abogado defensor, hay elementos para demostrar la inocencia

■ Tienen en su poder las conversaciones de 20 días atrás, mientras estaban en sus trabajos y conversaciones con las personas que los iban a recibir en Estados Unidos, porque los 4 estaban dispuestos a emigrar

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Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Luego de que a través de un comunicado la Fiscalía General de la República (FGR) informara que se vinculó a proceso a 23 personas por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo; contra la salud, homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena en Zacatecas, entre los cuales se encuentran cuatro trabajadores del municipio de Pinos que eran rehenes y no victimarios, familiares de estos alegan que la FGR no presentó las pruebas suficientes contra ellos en la audiencia y aun así los vincularon.

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Cabe recordar que el pasado 11 de diciembre, alrededor de 60 personas de la comunidad Las Cabras, perteneciente al municipio de Pinos, acudieron a la capital del estado a manifestarse por la inculpación de los trabajadores Lucio Álvarez, José Juan Juárez Escogido, Gerardo García Puente y Prisciliano Saucedo, quienes habían sido secuestrados desde el 20 de noviembre y al momento de ser liberados fueron señalados también como delincuentes.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, fue el 11 de diciembre pasado que se comenzó la investigación con motivo de la facultad de atracción de la carpeta iniciada por la Delegación de Zacatecas, derivado de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lograron la detención de 23 personas, con quienes minutos antes habían sostenido un enfrentamiento en la comunidad Las Cabras, perteneciente al municipio de Pinos, Zacatecas.

A dichas personas, precisa el comunicado, les aseguraron 21 armas de fuego de diferentes calibres, entre ellas un Barret; tres granadas, 93 cargadores para arma de fuego de distintos calibres de los cuales 86 se encontraban abastecidos con un total de 2 mil 37 cartuchos; además, 4 mil 882 cartuchos de diferentes calibres, una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior un vegetal verde y seco con las características propias a la marihuana; 23 chalecos tácticos, tres vehículos, una pistola de fulminantes, 20 cascos de plástico, 105 estrellas poncha llantas, ocho placas balísticas y cuatro teléfonos celulares.

Posteriormente, dice el documento,  el Juez de Distrito calificó de legal la detención, formulándose la imputación en contra de Elías “S”, Edgar “I”, Lucio “A”, Adolfo “L”, Gerardo “G”, Brian “A”, Juan Manuel “L”, Rodolfo “M”, Joaquín “R”, Gabriel “R”, Magdaleno “G” y Nancy “R”; además en contra de Paola “C”, Juan “T”, Jesús “V”, José Luis “C”, Osmar “G”, Raúl “C”, Ricardo “H”, Jaír “L”, José Juan “J”, Priciliano “S” y César “L”, por la probable comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de cargadores y de cartuchos; contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana, homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena.

Por tal motivo, el 16 de diciembre de 2021, en continuación de audiencia inicial el Juez de la causa los vinculó a proceso por los delitos mencionados y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron recluidos en el Centro de Readaptación Social en Cieneguillas, Zacatecas y se fijaron cuatro meses para la investigación complementaria.

En entrevista telefónica para La Jornada Zacatecas, María Álvarez Pérez, hermana de Lucio y tía de José Juan Juárez, dos de los imputados, refirió, de acuerdo con el abogado que los defiende, que hay elementos para demostrar su inocencia, sobre todo porque tienen en su poder las conversaciones de 20 días atrás, mientras estaban en sus trabajos y conversaciones con las personas que los iban a recibir en Estados Unidos, puesto que los cuatro estaban dispuestos a migrar. Además de un detalle importante, que es que el día de la audiencia del 16 de diciembre, se cumplía la fecha que el Juez dio a la FGR para presentar las pruebas, mismas que no fueron mostradas.

Sin embargo, lamentó la hermana de uno de los detenidos, el Juez no le dio importancia a esta situación y señaló que tenía los elementos suficientes para vincularlos a proceso, aun cuando ya sabían del antecedente de que los cuatro muchachos estaban secuestrados. Además, dijo, el abogado presentó cartas de los patrones de los trabajadores en las que se justifica que estaban laborado de manera honrada, “pero nada de esto tomó en cuenta el Juez”, dice María.

“Ahorita dieron cuatro meses para presentar pruebas. El licenciado nos dice que hay elementos, sólo que también es complicado porque estamos luchando contra el gobierno. Finalmente, ellos son los que les están poniendo las armas, plantando las cosas. Entonces está complicado por esta cuestión, de que somos nosotros, o es la palabra de nuestros muchachos contra la palabra de unos soldados que no entendemos por qué lo hicieron”.

“Nosotros teníamos en buen concepto al Ejército, siempre hemos sabido que los policías son corruptos, pero teníamos la idea como que el ejército era el que realmente defendía al pueblo, sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta que están tratando de tapar tanta inseguridad con nuestros jóvenes”, agrega tras la bocina, María Álvarez Pérez.

Informa que les han dicho que por protocolo sanitario no se les permite ver a sus familiares y no han tenido contacto con ellos, ni por teléfono, desde el 11 de diciembre. Además, a ninguna de las audiencias los dejaron entrar tampoco por cuestiones del Covid-19, y ahora que están en el Cereso no saben cómo están. “El licenciado dice que están bien, que no nos preocupemos, pero no es lo mismo ver y que ellos nos digan que están bien”.

“Les hemos estando llevando algo de comida, ropa, cartas. Nos decían en el Cereso que la comida no era necesaria, también nos dijeron que no era necesaria tanta ropa, que no era necesario que estuviéramos yendo, pero para nosotros el estar yendo es como una manera de decirles a ellos:  ´saben qué, no podemos verlos, pero aquí estamos”, dice la hermana con la voz entrecortada.

María Álvarez Pérez concluye señalando que le han pedido a toda la gente que los conoce y los vio trabajar, que les ayuden, que declaren a favor de ellos. “Nosotros entendemos que tienen miedo. Nosotros también lo tenemos, pero con miedo no los vamos a sacar. No nos podemos quedar callados”.

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