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domingo, 14 julio, 2024
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Ayotzinapa, desaparición forzada y crisis de EPN

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Por: JENARO VILLAMIL •

A más de 33 días de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto está atrapado en una tormenta perfecta. El caso ha escalado hasta llegar este martes 28 a la Casa Blanca. Por primera vez en dos años, el vocero de Barack Obama no le colocó una estrellita al peñismo. Peor: calificó la situación de “preocupante” por el caso irresoluble, hasta el momento.

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En un mes, el gobierno ensayó tres estrategias que, evidentemente, han fallado:

  1. En primer lugar, quisieron focalizar el asunto como un tema aislado de la agenda nacional e intentaron criminalizar a los propios normalistas. Eso sólo sucedía en Guerrero y, específicamente, en el municipio de Iguala, donde el crimen organizado dominaba la policía y al alcalde. No era una crisis nacional y menos un resultado de la mala estrategia federal de combate al crimen organizado. Los normalistas probablemente estaban vinculados a alguno de los cárteles que operan en la zona.

Resultó que tanto el gobernador Ángel Aguirre como el alcalde prófugo José Luis Abarca estaban ligados a grupos nacionales. No sólo del PRD sino también del mismo gobierno peñista. ¿Cómo explicar que la administración federal ignoraba lo sucedido en Iguala después de más de diez visitas oficiales del primer mandatario a la entidad sureña y de una amplia participación del Ejército en la zona aledaña a Iguala?

En la fallida estrategia de echarle la responsabilidad a otros o criminalizar a las víctimas, ahora el PRI y los analistas cercanos a la línea gubernamental pretenden golpear a Andrés Manuel López Obrador, dirigente de un partido político que no tiene diputados ni alcaldes y menos gobernadores, de lo sucedido en Iguala. López Obrador no es el jefe de gobierno de Guerrero y menos el jefe de Estado federal.

  1. Cuando el caso dominó la agenda nacional y en tres días consecutivos las redes sociales demandaron la renuncia de Enrique Peña Nieto, se decidió ir administrando la información sobre la búsqueda de los normalistas.

El descubrimiento de más de 30 narcofosas en los alrededores de Iguala abrió las compuertas del infierno. Resulta que mucho antes de los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre pasado, en esta zona los ciudadanos desaparecían y ninguna autoridad había denunciado la existencia de estos cementerios clandestinos, aunque todos sabían de ellos.

El hallazgo de las fosas –como ahora la del tiradero del municipio de Cocula, cercano a Iguala– demostró a la opinión pública nacional e internacional lo que no se quería ver: el Estado mexicano ha fallado desde años atrás en investigar decenas de miles de desapariciones forzadas derivadas de una guerra cruenta contra supuestos criminales que, en realidad, están enquistados y protegidos por el propio Estado.

  1. La movilización nacional e internacional del miércoles 22 tuvo varios signos muy claros: no tenía una motivación partidista sino que fue resultado de una conmoción ciudadana; no se realizó solamente en la Ciudad de México sino en prácticamente todas las urbes importantes del país; hubo varias manifestaciones internacionales que demostraron la rapidez y simultaneidad con que la información ha proliferado a través de los nuevos medios digitales y de los medios electrónicos.

A diferencia de la “guerra sucia” de los años setenta –cuyo epicentro también estuvo en Iguala y en Atoyac, Guerrero–, los abusos de ahora ya son conocidos a escala internacional. Y no es un tema de “moda” ni un distractor sino una pesadilla que no parece tener solución fácil ni definitiva.

Frente a estos tres escenarios, el gobierno federal no alcanza a entender la dimensión del desafío que tiene enfrente. Las autoridades mexicanas están siendo exhibidas por ser omisas y negligentes frente a la estrategia sistemática de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales.

En su libro Ni vivos ni muertos, editado este año, el periodista de origen italiano Federico Mastrogiovanni define las desapariciones forzadas como “casos debido a la intervención, directa o indirecta, por acción o por omisión, de funcionarios públicos”.

En las desapariciones forzadas “la sociedad y el Estado mexicano todavía no asumen las graves repercusiones que ha traído consigo la ruptura sistemática del antiguo pacto histórico entre las instituciones y los ciudadanos, y mucho menos que los daños profundos en la estructura del tejido social tendrán consecuencias impredecibles”.

Para Mastrogiovanni el “nuevo tipo” de desapariciones forzadas en México comenzaron a ocurrir durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, precisamente en Guerrero, donde decenas de militantes perredistas fueron asesinados. Después, persistieron en las administraciones posteriores. En 2007, junto con la “guerra contra el narco” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, las desapariciones forzadas de nuevo tipo “aumentan en forma catastrófica en todo el país”.

“El rasgo que estas desapariciones mantuvieron durante todo el periodo de Calderón, y que conservan también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es su aparente casualidad junto con la criminalización de las víctimas”, apuntó el periodista en una clara introducción a esta obra indispensable para comprender lo que ahora vivimos.

La criminalización de las víctimas operó en la ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el pasado 30 de junio, hasta que la presión de los medios estadunidenses obligó a reabrir el expediente.

En Ayotzinapa, el primer reflejo del Estado mexicano fue criminalizar a los propios normalistas. Esta pretensión implosionó. Por primera vez, en más de una década, las víctimas ya no pueden ser reducidas a corresponsables de su desaparición por estar vinculadas al narco, a la guerrilla o a cualquier otro grupo insurgente.

Por primera vez –quizá desde el caso del hijo del poeta Javier Sicilia– la sociedad mexicana se identificó como padre, como hermano, como maestro, como joven y estudiante ante la tragedia de Ayotzinapa.

Y mientras persista la desaparición forzada de los 43 normalistas, el Estado mexicano y el gobierno de Peña Nieto están atenazados a la peor crisis que no se solucionará con tácticas vulgares como pretender responsabilizar a otros que no tienen el monopolio legítimo de la violencia. ■

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