El lunes de la semana que termina se cumplieron 8 años de los trágicos acontecimientos en Iguala, Guerrero, que terminaron con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en aquel estado, sin que hasta la fecha se conozca lo primordial: ¿dónde están los jóvenes? ¿Qué pasó con ellos?
Por otro lado, el próximo domingo también habrá de conmemorarse el 54 aniversario de la masacre estudiantil en la Plaza de la Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.
No obstante que entre ambos acontecimientos hay una diferencia de 46 años, se trata de crímenes de Estado que tienen en común los siguientes puntos: fueron masacres estudiantiles; ocurrieron bajo gobiernos priístas sin que a la fecha se haya impartido justicia, a pesar de que en el caso de Ayotzinapa pudiera tener mayor atención, toda vez que ya gobierna en nuestro país un Presidente que se dice de izquierda.
Caso Ayotzinapa
Hasta el momento de escribir esta colaboración, el caso Ayotzinapa se complica cada vez más.
Ciertamente se debe reconocer que el actual gobierno ha manifestado su voluntad por resolver este doloroso acontecimiento. Para esto se creó la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), a cargo del subsecretario Alejandro Encinas. Asimismo, a petición de las madres y padres de los 43 normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019, creó la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), nombrando como titular a Omar Gómez Trejo, quien había sido secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también funcionario en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, para los Derechos Humanos en México, Guatemala y Honduras.
En el mes de agosto pasado, Alejandro Encinas rindió un informe de la Comisión a su cargo, en el que indica sobre el avance del caso: se reconoce como crimen de Estado, en donde se encuentran involucrados funcionarios de alto nivel federal y estatal, incluyendo a altos mandos del Ejército. Señalando en dicho informe que ya se habían girado 83 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos, militares 16 de ellos.
Sin embargo, de manera inexplicable, a petición de la FGR, un juez federal canceló 21 de esas órdenes de aprehensión, incluyendo las 16 de los militares. Lo más grave, que de esta decisión, no se dio aviso al titular de la UEILCA, motivo por el cual presentó su renuncia. No puede entenderse que se le haya ocultado una determinación tan importante.
El Jefe del Ejecutivo ha manifestado públicamente su respaldo a la inexplicable cancelación.
Esa terquedad del Presidente Andrés Manuel López Obrador por “decirse y desdecirse, para salir del paso”, con objeto de defender a los involucrados, obstaculiza y hace más que imposible, llegar a la verdad, negando de manera indigna, la impartición de justicia y con ello, lamentablemente, se está jugando y lucrando políticamente con el dolor de madres y padres de los 43 estudiantes que, sin dar tregua, los han buscado desde la fecha de su desaparición.
Así han transcurrido 3 años y 10 meses del actual gobierno.
2 de Octubre de 1968
Haciendo abstracción de todo el proceso del Movimiento Estudiantil de 1968, iniciado con un pleito entre estudiantes de una preparatoria de la UNAM, y de una vocacional del Politécnico, que llegó a complicarse tomando otros giros y prologándose en tiempo, hasta llegar a la masacre en la Plaza de las Tres Culturas la noche del 2 de Octubre de 1968, diremos que si bien es cierto que no se ha impartido justicia, es crimen de Estado, que como muchos, jamás han logrado esclarecerse y con el tiempo se pierde el interés de exigir justicia.
Después de 54 años, se sabe, y se supo oportunamente, quién fue el responsable.
El 1 de septiembre de 1969, el entonces Presidente, Gustavo Díaz Ordaz, subió a la Tribuna del Congreso de la Unión para rendir su quinto informe de gobierno. Al finalizar su discurso y, sin referirse de manera directa a la masacre del 2 de octubre de 1968, dijo:
“Por mi parte asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.
Y lanzó un llamado a los protagonistas del Movimiento del 2 de Octubre:
“Ponga la juventud su rebeldía, su espíritu innovador, sus energías creadoras, al servicio de las causas más elevadas de México. Aportemos nosotros la experiencia adulta, no para imponernos, sino para imbuir el espíritu de ponderación y tolerancia con que los hombres deben juzgar siempre los actos de los demás hombres”.
Dijo también que hay discrepancias y contradicciones, “pero precisamente porque las hay y las habrá siempre, debemos reforzar nuestra capacidad de diálogo, de comprensión recíproca, de inteligencia, para hacer de la sociedad mexicana una comunidad de intereses superiores, a cuyo amparo podemos crecer y prosperar como individuos y como pueblo”.
Habiendo confesado su responsabilidad, ¿cómo se hará justicia? ¿En ultratumba? ¡Júzguenlo!
