El pasado fin de semana se dio una extensa reunión entre los presidentes de México y Colombia, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. Dentro de los varios acuerdos que se hicieron públicos destacó el referido a impulsar una cumbre regional para discutir un cambio en el enfoque de la fallida guerra contra las drogas. Este punto es central dado que proviene de gobiernos en funciones, además de ser los dos países más afectados por la dinámica violenta de la economía de las drogas ilegalizadas. El impulso que el presidente Petro le ha dado en diferentes foros y cumbres multilaterales a la necesidad de replantear la “guerra contra las drogas” toma particular importancia para México, en un momento donde el gobierno federal ha profundizado el proceso de militarización de la sociedad sin obtener resultados positivos en el control de los indicadores de seguridad y, por el contrario, la violencia se ha agudizado en diversas zonas del país.
En Zacatecas vivimos un ciclo sangriento de enfrentamientos por el control de los territorios y las economías asociadas a la producción y trasiego de drogas, la trata de personas, el cobro de piso, la extorsión, entre otras. Tan sólo el 24 de noviembre, cuando el gobierno estatal anunciaba el primer año del Plan Zacatecas II con el que la Mesa de Seguridad y Paz dice que está “recuperando la entidad”, presenciamos el asesinato del primer General de la Guardia Nacional en medio de un operativo realizado en el municipio de Pinos (frontera sur con San Luis Potosí). El informe oficial señala la presunta responsabilidad del Cartel Jalisco Nueva Generación, mismo que según especialistas en la materia se encuentra en una guerra frontal contra el Cártel de Sinaloa. Este hecho se sumó a los más de 50 agentes de fuerzas de seguridad del estado asesinados durante el 2022. La respuesta inmediata fue el arribo de más de 430 militares, acompañando a los miles de agentes que se han asentado en el estado. Todo esto en una espiral de violencia que parece reforzarse.
Desde el impulso de las políticas de criminalización y guerra contra las drogas por parte del gobierno de Estados Unidos en los años setenta del siglo XX, hasta hoy, los gobiernos de los países periféricos y productores se han alineado con estas directrices. A pesar de esto, antes que disminuir, las economías asociadas con las drogas ilegalizadas han aumentado, se han diversificado y expandido en todo el planeta. Mientras eso ha pasado, los países donde se concentra la mayor cantidad de “inversión” armamentística para combatir esta economía se han llenado de sangre, dejando cientos de miles de muertos de manera violenta y una profunda crisis de seguridad, precarización y marginalización. Antes que una guerra contra las drogas es una guerra contra las poblaciones periféricas.
El discurso oficial de la “guerra contra las drogas” lleva a una simplificación de dichas economías ilegalizadas, pues existe un gran cinismo dado que estos capitales permean de manera amplia la vida económica, social y política global. No deja de ser paradójico, entonces, que a pesar de la gran crisis de violencias que vivimos en Zacatecas, los grandes capitales transnacionales, especialmente asociados al extractivismo minero, siguen aumentando sus ganancias (anunciando nuevas concesiones para la explotación año con año), y en las zonas rurales de producción agrícola se viven olas de desplazamiento que tienen grandes costos en la siembra de alimentos y un efecto directo en el aumento de sus precios al consumidor. Mientras esto pasa, Zacatecas es uno de los estados con mayor rezago en términos de pobreza y desigualdad, los jóvenes en edad escolar no acceden a la educación superior, y las políticas públicas son totalmente ineficaces para generar alternativas económicas a su población (al punto de ocupar el último lugar de creación de empleos formales según los datos mensuales arrojados por el INEGI).
En términos proporcionales el costo en vidas generado por el consumo es mucho menor que el que se produce por la ilegalización de la economía, que dispara dinámicas de violencia muy sangrienta. Por eso, la criminalización del consumo debe ser reorientada hacia un enfoque de prevención en el consumo, desde una perspectiva de salud pública, tal cual se hace con otras sustancias adictivas como el tabaco o el alcohol (y debería hacerse con mayor contundencia con el azúcar, a pesar de las grandes resistencias).
La propuesta del gobierno de Colombia no surge de manera aislada. En junio de este año se presentó en dicho país el Informe de la Comisión de la Verdad, y una de las recomendaciones más importantes luego de décadas de un doloroso conflicto fue avanzar de manera urgente y decidida en la despenalización de las drogas. Particularmente en su informe de caso “De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas”, la Comisión mostró el carácter deshumanizador que ha traído la criminalización, sirviendo como discurso justificador para perseguir y reprimir a poblaciones enteras, por lo cual hizo un llamado urgente a replantear los enfoques.
De la misma manera, si se ve desde la perspectiva de la economía de la guerra (lucrativo negocio armamentístico), ésta deja saldos desastrosos para los países periféricos. Basta leer el reciente libro “La guerra de Florencia. A sangre y fuego los cárteles se disputan Zacatecas”, del periodista Alfredo Valadez, para darse cuenta cómo los mismos protagonistas de las guerras tienen claros los circuitos de pobreza y violencia que se reproducen para beneficio de los gobiernos que impulsan las políticas globales de lucha contra las drogas. En un extracto del libro se cita textualmente a un extinto líder de los cárteles en el estado, quien sintetizaba lo anterior: “Hoy está la cocaína y viene el cristal, y vienen luego más drogas y más drogas. Porque ¿quiénes son los que se están beneficiando de todo esto? ¿De esta guerra? Los gabachos, los güeros, los gringos. Les mandamos droga y nos la compran. Nos mandan dólares. Luego nos dicen: ´Tenemos un pedido de armas para su guerra´. Nos venden armas y les regresamos los dólares. Total, que los dólares se quedaron allá, luego las armas se las queda el gobierno mexicano (en los decomisos), las familias quedan desamparadas y las cárceles llenas de delincuentes” (pág. 106).
En México hay organizaciones como Reverdeser Colectivo, Cannabis Libre, Elementa, RIA, Red Mexicana de Reducción de Daños, Equis Justicia para las Mujeres, México Unido Contra la Delincuencia, entre otras, que a partir de diferentes trayectorias han desarrollado trabajos que van desde buscar el cambio de narrativas frente a la penalización y criminalización, el acompañamiento a usuarios y usuarias consumidores, el litigio estratégico para la despenalización, hasta la promoción de mercados de consumo seguro y reducción de riesgos. En el estado vecino de Aguascalientes, el Programa de Política de Drogas del CIDE ha avanzado en el estudio multidisciplinar del fenómeno, generando insumos muy importantes para abordar la discusión sobre la despenalización. En Zacatecas, uno de los estados más afectados por la fallida guerra contra las drogas, nos encontramos aún lejos de tener una discusión amplia y pública en esta materia. Es importante abordar sin moralismos un reto que tenemos como sociedad: discutir si seguimos poniendo los muertos para el consumo global, o regulamos y reducimos los riesgos de un problema que debe ser afrontado desde una perspectiva de salud pública. Lógicamente la solución no es local, debe ser global, pero debemos empezar a exigirla. ¿A quién no le conviene que nos cansemos de desangrarnos?
