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La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción imputará a Armando Silva Cháirez, ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), por su presunta responsabilidad en la ejecución de convenios relacionados con “La Estafa Maestra”, mismos que tuvieron un sobreprecio de más de 150 millones de pesos.
Para tal efecto, este organismo solicitó audiencia al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la cual será programada en los próximos meses a fin de que el indiciado acceda a todas las constancias de la indagatoria.
De acuerdo a otros medios de comunicación, además del ex rector se imputará a Luis Octavio Solís Sánchez, titular del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Industrial, el cual se adscribe a la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica, así como a José Antolino Orozco Martínez, ex director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Cabe mencionar que Orozco Martínez está aprehendido en el Reclusorio Norte desde el 25 de septiembre pasado, procesado por un contrato diverso de 77.8 millones para encuestas de la Sedesol.
En ese sentido, los delitos por los cuales la Fiscalía pretende imputar a los ex funcionarios universitarios tienen que ver con el uso indebido de atribuciones por contratación que, en principio, no contempla la prisión preventiva justificada. Este caso es uno de los primeros que presenta la Fiscalía ante los tribunales por «La Estafa Maestra», junto con los contratos de la Sedesol a la BUAZ.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000730/2019, iniciada por una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), los hechos derivan del convenio de coordinación del 25 de junio de 2015 firmado por la Sedesol y la BUAZ por 170 millones 520 mil pesos.
Con este acuerdo, la Universidad se comprometió a prestar a la dependencia los servicios de «diagnóstico inicial para la integración de los padrones estatales de beneficiarios» de los programas de la Sedesol.
Sin embargo, una vez que recibió el total de los recursos, mediante cinco depósitos, el 5 de agosto de 2015 subcontrató los servicios con la empresa Custom Performance S.A. de C.V., por un total de 40 millones 228 mil 557 pesos.
Para este procedimiento, la Fiscalía expone que Solís Sánchez adjudicó los servicios a través de dos procedimientos de invitación restringida, uno por 24 millones 100 mil 957 y otro, de 16 millones 127 mil 600 pesos.
Para la Fiscalía, este contrato no sólo le proporcionó un beneficio millonario indebido a la BUAZ, sino que también evidencia una mala administración y falta de verificación de la Sedesol en el cumplimiento del convenio, pues la Universidad no contaba con la suficiente capacidad técnica, material, financiera y humana para prestar los servicios.
“La Estafa Maestra” fue un esquema de desvío de recursos que consistió en que dependencias federales, a través de convenios suscritos con universidades públicas, trianguló recursos a empresas ‘fantasma’.
