México y Zacatecas necesitan un cambio. El gobierno, la economía, la vida social, todo está mal. La tortura, dice el relator de la ONU, es generalizada; las desapariciones forzadas, los crímenes no aclarados, los abusos de la fuerza pública, son parte de nuestro día a día. Cuando la corrupción gubernamental es puesta en evidencia, el gobierno restringe la libertad de expresión y el derecho a la información; el caso de Carmen Aristegui es un extremo intolerable. Pero no es todo. Pemex decae; el robo en ductos, con segura complicidad interna, es cosa de todos los días; los legisladores federales aprueban un fondo para asegurar los moches y los estatales atracan el erario con las “Herramientas legislativas”. La epidemia de corrupción de los gobernadores no está siendo contenida debido a que la PGR solo actúa en los casos que le autoriza el presidente y, para colmo, en los últimos días el PRI emite un mensaje ominoso proponiendo empoderar más a las fuerzas armadas.
Ya es evidente, no hay duda de que necesitamos cambiar, de que necesitamos regenerar el tejido social dañado y las instituciones capturadas por delincuentes. La pregunta que muchos plantean hoy es ¿cómo?, ¿por cuál camino?, ¿la vía electoral todavía es viable?, ¿plantones y marchas masivas?, ¿huelga general?, ¿las armas? Si atendemos lo que se escucha y se lee por todas partes, no hay duda de que la mayoría coincide en la urgencia del cambio. Sólo se aferran a conservar las cosas como están las minorías que se benefician con la situación: los gobernantes y la alta burocracia, las cúpulas partidarias aliadas del PRI y los grandes empresarios nacionales e internacionales, que son cómplices, clientes, proveedores y propagandistas del sistema.
A principios de la década de los años setenta, en una época tan complicada como la actual, y frente a gobiernos que no dudaron en protagonizar las feroces embestidas violentas del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, la mayor parte de los ciudadanos y fuerzas de izquierda de México dijeron no a la lucha armada y exigieron reformas legales para participar en los procesos electorales, disponiéndose a promover la mayor participación de la gente en ellos y en las luchas sociales que brotaban por todas partes. Desde nuestro punto de vista, las condiciones de hoy no son más propicias para lograr el cambio por la vía armada que en aquellos años. También está claro que las movilizaciones masivas y pacíficas son indispensables pero no suficientes para lograr cambios importantes y que, en ocasiones, terminan siendo funcionales al gobierno que desean enfrentar, sea porque propician las provocaciones o porque generan el desaliento y la frustración de quienes desean el cambio inmediato, y por otra parte, ya está demostrado que la participación electoral moviliza más personas que cualquier otra forma de lucha y que cada proceso educa políticamente a nuevas franjas de la sociedad.
Hoy, cuando tenemos a la vista la madre de todas las batallas electorales a nivel nacional, la del 2018, no se debe propiciar ningún tipo de confusión en el electorado: la abstención inmoviliza a la mayoría y propicia que las personas más activas e impacientes busquen otros caminos. Todos a votar el próximo domingo.
