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domingo, 14 agosto, 2022
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Integridad pública: una perspectiva ética en la agenda anticorrupción

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Por: Carlos Eduardo Torres Muñoz •

En la Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre integridad pública, se entiende a esta última como “el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados”. A su vez, en el Cuaderno de Transparencia, número 28, Jaqueline Peschard, afirma que la integridad es “un concepto asociado a una dimensión ética de la actuación de las personas o las organizaciones”.
Podremos coincidir en que, al diseño institucional que hemos poblado de normas, regulaciones y mecanismos organizacionales para el combate a la corrupción, bien se le puede sumar un ingrediente que, más allá del castigo, dote de los elementos de conocimiento y conciencia, a la población en general, y en particular a quienes tienen el riesgo latente de caer en conductas consideradas como corrupción. Siendo esta última un fenómeno complejo, que actúa en redes, cuya conformación se configura a partir del acuerdo en poner por delante intereses particulares, por sobre el bien común, y utilizar medios que debieran estar encaminados a garantizar el segundo para asegurarse los primeros, es evidente que, la norma no será suficiente ni los alcances del Estado estarán a la altura del desafío. Ello, por supuesto, no implica la renuncia del Estado a las tareas de identificar, investigar, sancionar e impedir, bajo toda circunstancia, la impunidad. Habrá que partir de una lógica complementaria en la labor anticorrupción, que, en la estrategia de prevención, parta de la buena fe, construyendo las bases de una cultura de la integridad.
La Recomendación de la OCDE, a la que hemos hecho referencia al inicio de este artículo, enumera tres ejes que componen la estrategia para la implementación de la misma: un sistema de integridad coherente y completo, que, a su vez, abarca las dimensiones de compromiso de los funcionarios, responsabilidades de las instituciones que forman parte del Estado, una estrategia cuya base sean los datos e indicadores, y las normas inherentes al sector público.
El segundo eje lo es una cultura de la integridad, que a su vez se compone del compromiso de la sociedad por no tolerar la corrupción y defender la integridad pública; el liderazgo de los tomadores de decisiones, en favor de una agenda de integridad al interior de las instituciones públicas; la meritocracia, como mecanismo para emplear personas que tengan un compromiso comprobable con la integridad pública; la formación de los servidores públicos para realizar su trabajo en el margen establecido según las normas, y la apertura para discutir e identificar áreas de oportunidad en la implementación de las estrategias de integridad pública.
Finalmente, el tercer eje es la rendición de cuentas eficaz, lo que significa: un sistema de gestión de riesgos que permita identificarlos a tiempo; la sanción de conductas que constituyen actos de corrupción; la supervisión del cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos; y la participación, a través de la transparencia y dinámicas como las de gobierno abierto.
Podemos identificar a los dos primeros ejes, aún como deseables y en construcción en México, así como el diseño en etapa de implementación del tercero, a través de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, y específicamente, en los contenidos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a partir de las facultades de los Órganos Internos de Control, sus análogos y las instancias de fiscalización, investigación y sanción de responsabilidades.
Lo que nos queda es fortalecer y enriquecer la construcción del sistema de integridad y la cultura de la integridad, con un esfuerzo por concientizar y comprometer a más y más personas, tanto del servicio público, como ajenas a éste, de la importancia de la ética y su articulación en la cotidianeidad de nuestra relación con el Estado, y garantizar que la rendición de cuentas eficaz sea una realidad palpable que contribuya a que la ciudadanía, en general, confíe en las instituciones, para que pueda sumarse con credibilidad y buena fe, a los otros dos temas. Se debe, entonces, se puede.
Pd. El día de ayer (lunes 27 de junio) fue designado como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en un procedimiento transparente y democrático, Roberto Moreno Herrera, de quien me consta su apertura y disposición para construir siempre a favor de la agenda anticorrupción. Felicidades y que su labor sea exitosa.

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@CarlosETorres_

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