■ Continuará pelea para lograr que se indemnice a la mujer cuya casa fue destruida
Después de tres días, el gobierno del estado se comprometió a retirar la maquinaria pesada de demolición de la comunidad de Salaverna, en Mazapil, lo cual constituía la exigencia inmediata de sus habitantes y de los grupos sociales de apoyo.
Aunque este paso supuso que la manifestación llevada a cabo este lunes en la Avenida Hidalgo del centro histórico de la capital se retirara para que circularan los vehículos, los integrantes de este movimiento informaron que continuarán peleando para lograr que se indemnice a la mujer cuya casa fue destruida por las autoridades estatales el pasado viernes.
Ese día, poco después de las 7 de la mañana, autoridades de Protección Civil acompañadas de integrantes de otras dependencias como la Secretaría General de Gobierno llegaron a Salaverna para notificar del desalojo urgente de 16 viviendas.
Arribaron a la localidad con maquinaria pesada que utilizaron a lo largo de la mañana para demoler una vivienda particular, la escuela y la iglesia; mientras que elementos de la Policía Estatal y Ministerial bloquearon todos los accesos a la comunidad, impidiendo así la entrada y salida de cualquier persona.
Todas estas acciones, según reportaron los afectados, se llevaron a cabo sin presentar alguna orden judicial que acreditara su legalidad. Por estos hechos son por los que solicitarán al Congreso del estado que abra un juicio político contra el mandatario Tello Cristerna.
Tras las protestas que se realizaron el viernes en la capital de Zacatecas y también en Salaverna, las autoridades citaron a tres de los habitantes de la localidad a una reunión el sábado a las 11 de la mañana en la Secretaría General de Gobierno.
En ese encuentro estuvieron presentes, entre otros funcionarios, la secretaria de Gobierno, el director de Protección Civil y el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Vargas Duarte.
Participantes del movimiento de apoyo a los habitantes de Salaverna informaron que este lunes habían acordado un nuevo encuentro con la secretaria general, Gilda Fabiola Torres, al mediodía. Sin embargo, cuando llegaron al edificio de Ciudad Administrativa donde está la dependencia, la funcionaria no se encontraba ahí, pero el asesor Juan García Páez aseguró que Fabiola Torres nunca se comprometió a estar en la reunión de ayer y agregó que el objetivo que se había fijado era contar con la presencia de un representante de la empresa minera Frisco-Tayahua, para llegar a un acuerdo de indemnización con la mujer afectada por la demolición de la vivienda particular.
No obstante, el grupo de personas que acudió a la reunión de este lunes, entre los que estaban dos habitantes de Salaverna, rechazó sentarse en la mesa de diálogo ante la ausencia de la titular de la secretaría.
El funcionario dijo que la secretaria había gestionado otra mesa de negociación diferente entre la presidencia municipal, las autoridades del estado, la mujer afectada por la demolición y los abogados que la están asesorando.
El funcionario insistió en que se conformara una comisión de los presentes para ingresar a la sala de juntas donde ya se encontraba el representante de la compañía minera. Le preguntaron si él como trabajador de la Secretaría de Gobierno les iba a dar una solución a sus demandas en este encuentro y la respuesta de García Páez fue que para eso estaba el empresario en el lugar de la reunión.
Al ver que no se iba a sentar a la mesa, los afectados le entregaron un escrito firmado por habitantes de Salaverna en el que expresan su determinación de quedarse en la comunidad bajo su propio riesgo, es decir, haciéndose responsables ellos de cualquier situación que pudiera darse.
Solicitaron que este documento fuera sellado de recibido y que se expidiera un nuevo escrito por parte de la secretaría general en el que, de manera oficial, se ordenará el retiro de la maquinaria pesada de Salaverna, así como de los policías estatales que, dijeron, aún permanecían en las inmediaciones de la localidad.
Este documento nunca fue emitido por Juan García Páez. En entrevista posterior aseguró que no pueden expedir ningún oficio de esta naturaleza cuando tienen una denuncia en su contra por estos hechos, la cual fue interpuesta el mismo viernes por tres habitantes de Salaverna, por lo que primero deben conocer los términos de la misma.
Desde Ciudad Administrativa, el grupo de apoyo a Salavernay sus dos habitantes se trasladaron al centro histórico de la capital para volver a presionar a las autoridades con la toma de la Avenida Hidalgo.
Al lugar llegó el subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la PGJEZ, José Manuel Contreras, junto con el coordinador general de Unidades de Investigación de la Procuraduría, Jesús Manuel Valerio Pérez.
Después de tratar de negociar la apertura de la vialidad, fue finalmente con el subsecretario Julio César Chávez, con quien se llegó a los acuerdos finales donde se destaca el retiro de la maquinaria y el cese a la demolición de la comunidad de Salaverna.
El delegado de esta comunidad, Roberto de la Rosa, recordó que desde hace tiempo habían reconocido la necesidad que existe de cambiarse de ubicación por los daños que en sus viviendas han generado las explotaciones de la compañía minera, propiedad de Carlos Slim, en el subsuelo de la comunidad.
No obstante, aseveró que para ello “nosotros escogeremos el espacio conveniente que se ajuste a las condiciones de vida que tenemos”, por lo que recalcó que no se cambiarán a la ubicación que les impone la minera Frisco-Tayahua y tampoco lo harán antes de que se resuelva el litigio que está en curso para acreditar la propiedad de las tierras de la comunidad.
Agregó que “de hecho desde un inicio, si ellos hubiesen hecho una colonia rural de terrenos, como le decíamos, de 50 por 50, desde ese momento nos hubieran agarrado la palabra y no hubieran batallado”.
Aun así, concluyó que con lo que ha estado sucediendo en los últimos años “ellos mismos nos han hecho a nosotros entrar en conciencia de que hubiéramos también dado un paso en falso porque nosotros perderíamos nuestra identidad y nuestro arraigo, y nos ajustamos a las ideas que ellos quieren”.
Concluyó, después de tres días de protestas tanto en la capital como en la propia comunidad tras el operativo de desalojo y demolición, que “nuestra libertad a escoger debe ser respetada”.
