El 28 de septiembre se llevará a cabo en Zacatecas el encuentro denominado “la batalla cultural del siglo XXI” (como parada de una gira nacional), promovido por la pastoral del estado, donde participarán cuatro conferencistas latinoamericanos que hacen parte de organizaciones y redes que se oponen al reconocimiento de los derechos de las mujeres y las personas LGBT+. Varios de estos personajes estuvieron en el Congreso Iberosfera 2022 que se realizó en julio en Monterrey, representando lo que denominan “la nueva derecha libertaria”, siguiendo ideologías como las del partido Vox de España. Además de esto, el próximo 30 de septiembre tendrá lugar en Ciudad de México el XIV Congreso Mundial de las Familias, donde se reunirán líderes sociales, políticos y religiosos que promueven las mismas causas. Estos encuentros convocan a todas las redes conservadoras que han impulsado a nivel global y regional una cruzada contra lo que ellos denominan “la ideología de género”, que estaría amenazando principios como la defensa de la vida, la familia natural y las libertades religiosas.
Si bien siempre ha habido manifestaciones conservadoras en el espacio público, estos grupos hacen parte de un ciclo relativamente nuevo de reacciones articuladas (con presencia global, nacional y local) contra el avance de los derechos de las mujeres y las personas LGBT+. Tales reacciones tomaron forma globalmente luego de la Cuarta Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo en 1994 y la IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995. En ambas conferencias Naciones Unidas reconoció la centralidad que tienen los derechos de las mujeres y las políticas públicas con perspectiva de género para el desarrollo de las sociedades. Como respuesta, El Vaticano en alianza con grupos evangélicos y estados católicos y musulmanes, acuñaron el término “ideología de género”, planteando la supuesta existencia de un cuerpo de ideas que promovía una “revolución cultural” contra la biología y la vida.
De esta manera, denuncian como “ideología de género” los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y trayectorias vitales, las políticas contra la discriminación y desigualdad, el reconocimiento de otros modelos de familia, el matrimonio igualitario, la identidad de género, la educación sexual y reproductiva. En pocas palabras, el conjunto de lo que hoy conocemos como derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos, los cuales buscan dar garantías de libertad y autonomía individual, rompiendo con la intersección que históricamente había primado entre derecho y moral religiosa. Para los grupos conservadores estos derechos son “tendencias antinaturales”, anticientíficas y que sólo representan una “revolución cultural e ideológica”. A diferencia de un discurso abiertamente religioso, hoy estos grupos apelan a un “secularismo estratégico” donde plantean sus demandas en términos de derechos, ciencia y libertades, aunque están defendiendo valores morales inducidos por la religión.
En México las organizaciones que se oponen al avance de los derechos sexuales y reproductivos son diversas y con una gran capacidad de movilización de recursos. Para poner un ejemplo de su capacidad de acción, basta recordar que entre el año 2007 y 2019 un total de 36 organizaciones civiles que se autodefinen “a favor de la vida” y de los derechos del “no nacido”, recibieron más de 387 millones de pesos en donativos públicos y privados. Igualmente, en el año 2016 los grupos conservadores se articularon en todo el territorio mexicano en el movimiento-organización Frente Nacional por la Familia, conformado por la Unión Nacional de Padres de Familia, el Consejo Coordinador de Movimientos por la Vida y la Familia, y diversas coaliciones que se definen como “provida” y “por la familia”.
Con esta gran capacidad de movilizar recursos, los grupos conservadores llevan a cabo estrategias de pánico mediático al difundir la idea según la cual “la ideología de género” acabaría con los valores de la sociedad, atenta contra la vida y los niños (el famoso #conmishijossnotemetas). Pero sus acciones no se quedan sólo allí, también adelantan labores de presión institucional, bien sea para hacer retroceder derechos, o para impulsar reformas que de facto los limitan. Más allá de su discurso, sus acciones tienen efectos simbólicos, materiales e institucionales que afectan la vida de millones de personas.
En sociedades como la zacatecana los discursos de estos grupos conservadores tienen eco, pues los derechos de las mujeres y de las personas LGBT+ suelen ser vistos como “controversiales”. Esta controversia radica, justamente, en que los derechos cuestionan el tipo de orden patriarcal que se ha naturalizado. Mientras el reconocimiento de los derechos no obliga a nadie a dejar de seguir sus creencias individuales, la falta de su reconocimiento sí impide que las personas desarrollen su vida en libertad.
Sólo para ejemplificar estas resistencias, retomo los resultados de una investigación realizada por Sara Castañeda en la maestría de Ciencia Política en la UAZ, quien identificó que en el periodo legislativo del 2018 al 2021 en Zacatecas sólo el 8.9% de las iniciativas tenían perspectiva de género y/o buscaban ampliar el marco de derechos de las mujeres. Entre este conjunto brilló por su ausencia el trabajo en materia de derechos sexuales y reproductivos o sobre políticas del cuidado. Momento para recordar que justamente avanza en el estado la primera iniciativa ciudadana que busca que sea despenalizado el aborto en Zacatecas y que el mismo 28 de septiembre se llevará a cabo una marcha por parte del movimiento feminista para exigir dicho derecho.
Por otro lado, México es el país latinoamericano con mayor número de crímenes de odio por orientación sexual, luego de Brasil y Colombia. Particularmente en Zacatecas, si bien el año pasado fue aprobado el matrimonio igualitario, persisten pendientes como el reconocimiento de la identidad de género y la adopción homoparental (derechos que ya han sido reconocidos por la SCJN). A esto deben sumarse las grandes deficiencias en materia de acceso a la salud, educación y trabajo sin discriminación por orientación sexual.
La discriminación es uno de los actos más violentos que pueda experimentar una persona. Cuando se busca restringir derechos se está tratando de limitar la libertad y la autonomía individual, las cuales son base de cualquier sociedad que quiera aspirar a ser democrática. Por ello es un asunto que nos interpela a todos y todas. Es importante discutir y debatir como sociedad qué implica que estas redes conservadoras trabajen a lo largo de todo el territorio de la mano de la iglesia católica y por qué, aunque existe pluralidad para que se expresen, no podemos aceptar el retroceso y la amenaza a los derechos que ellos representan y promueven.
