■ Urgente, regular tema del financiamiento, para evitar intromisión de delincuencia organizada
El modelo de las candidaturas independientes en Zacatecas logró abrirse camino en el estado a pesar de las trabas que se impusieron tanto en el Congreso local para su aprobación, como en el reglamento elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).
Estas observaciones se fueron desglosando durante el segundo panel de expertos realizado en el Foro Nacional de Candidaturas Independientes, que inició este jueves en el auditorio del Palacio de Justicia de la capital zacatecana.
Se analizaron las experiencias vividas este año en dos estado de la República con la nueva figura política, y que fueron Zacatecas y Quintana Roo. Uno de los aspectos más polémicos en cuanto a la participación en los procesos electorales de los aspirantes sin partido, fue el número de firmas que tienen que presentar en su registro para ser aceptados como candidatos por el instituto electoral de cada entidad.
En este sentido, Santiago Nieto Castillo, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que “Quintana Roo establece 2 por ciento y Zacatecas tiene esta regla de 5 a 15 por ciento de conformidad con la densidad poblacional”.
Además, recordó que esta cifra establecida por el IEEZ en la entidad ya fue considerada como inconstitucional por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual “señala que esa disposición es desproporcionada y señala que se tiene que ajustar al número de personas que sean necesarias para constituir un partido político de nueva creación”.
Agregó que, cuanto más elevado sea el porcentaje de firmas exigido a los candidatos independientes, más difícil será su participación; “si subimos el umbral vamos a tener más dificultad de tener candidatos independientes, sobre todo en municipios o distritos importantes”, precisó.
Además, cuestionó el hecho de que se tome como base para aplicar este porcentaje el padrón electoral, que alberga a un mayor número de personas, antes que el listado nominal, que está conformado por las personas que ya se encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.
De igual forma otro de los panelistas, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, coincidió que “el caso de Zacatecas está fuera de la norma nacional e internacional” y comentó que convendría que este requisito fuera de entre 2 y 3 por ciento.
El tercer participante en el panel, César Iván Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, añadió que “ya la sala regional declaró que ese porcentaje es desmesurado, es extremadamente alto y por lo tanto es injustificado e inconstitucional”.
Explicó que, si bien no se puede comparar ni igualar a los candidatos independientes con los aspirantes que pertenecen a algún partido político, tampoco se puede “establecer una distancia donde le pidamos más cosas al candidato independiente de lo que le pedimos al partido político. Y yo creo que la lógica que está imperando en esto es esa, porque estos porcentajes están muy arriba de lo que pedimos para la constitución de un partido político”.
Aparte de los obstáculos que se crearon con el reglamento aplicado en Zacatecas, los tres panelistas hicieron referencia a la falta de trabajo legislativo, tanto en la entidad como en el resto del país e, incluso, en el Congreso de la Unión.
En este sentido, Santiago Nieto aseguró que en México “sí tenemos un problema de omisión legislativa grave” y esta ausencia de labores de legislación en materia de candidaturas independientes, puntualizó, se considera como una violación directa a la Constitución, por lo que debe hacerse el exhorto a los diputados para que legislen en esta materia a la brevedad.
Por su parte, César Iván Astudillo aseguró que “estamos en un momento en el que las candidaturas ya deberían estar reguladas y han regulado alrededor de seis o siete estados de la República, si me apuran; pero la gran mayoría, las dos terceras partes de los estados no ha regulado ni la Federación ha regulado”.
Otro de los aspectos que deben regularse con urgencia es el tema del financiamiento, según explicó Santiago Nieto, para evitar “algún tipo de efecto negativo como pudiera ser la financiación ilícita a través de la delincuencia organizada o de cualquier otro mecanismo de financiamiento ilícito”.
También trató la cuestión del transfuguismo y comentó que para que no se de este tipo de práctica sería necesario que tanto las precampañas al interior de los partidos políticos como el inicio de la recolección de apoyos ciudadanos por parte de los independientes, comenzaran al mismo tiempo para impedir los cambios de último momento.
No obstante, Iván Astudillo explicó que este transfuguismo va a ser inevitables al principio, hasta que esta nueva figura política no esté consolidada 100 por ciento.
“Probablemente sí vamos a tener unos años donde las candidaturas independientes sean el elemento de reciclaje de la clase política, pero después sí veamos que esto se abre a estos liderazgos sociales”, expuso y precisó que todo vendrá en función de que la ciudadanía vaya confiando cada vez más en la opción de las candidaturas independientes.
Pese a los cuestionamientos, los ponentes también resaltaron la labor que realizó el IEEZ, teniendo en cuenta la falta de experiencia en esta materia y la ausencia de legislación al respecto. Se destacó tanto el sistema de financiamiento elegido para los candidatos independientes como la cesión de parte de sus propios espacios en radio y televisión para que estos aspirantes sin partido pudieran gozar de este beneficio.
Sería un retroceso la creación del Instituto Nacional Electoral: magistrado del TEPJF
Las propuestas que existen en el país para eliminar los institutos y tribunales electorales locales y crear, a su vez, un Instituto Nacional Electoral supondrían un retroceso, es decir, significarían el regreso a un sistema centralista “que no ha dado resultados”, expuso Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Explicó que “el sistema federal debe respetar la autonomía de los estados, deben prevalecer los institutos electorales locales y los tribunales locales. Quizá cuesten caros, pero cuesta más caro no tenerlos. La democracia nos cuesta. Lo que tenemos que hacer es trabajar con honestidad, con rectitud, con imparcialidad, conforme a la ley para que la ciudadanía confíe en los institutos y tribunales locales y sean los ciudadanos quienes defiendan sus instituciones locales”.
En ese tenor, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, también criticó este planteamiento y explicó que esta intención obedece a los problemas que pueda haber en las instancias locales, en cuanto a la cooptación o influencia indebida de algunos partidos políticos y gobernantes, así como a la creencia de que algunos institutos no tienen la capacidad ni la calidad para organizar elecciones.
Añadió que es cierto que cada vez hay un problema mayor relacionado con la influencia de actores políticos de los estados en las instituciones electorales, pero precisó que no sólo afecta a los estados, también en los organismos nacionales; “es un problema de los congresos locales, de los poderes judiciales locales, de los partidos políticos”, comentó.
Luis Carlos Ugalde dijo que esta propuesta tan sólo es un “parche” que puede provocar la nacionalización de estos conflictos.
“Estaba leyendo hoy (jueves) en la mañana el escándalo que hay aquí en Zacatecas por presuntos actos de corrupción en la Legislatura anterior; entonces la pregunta es por qué no nacionalizamos los congresos locales y que todo se vaya a San Lázaro; y por qué no hacemos lo mismo con los tribunales superiores de justicia”, comentó el director de Integralia Consultores.
Expuso que comparte el diagnóstico pero no la solución y, en este sentido, planteó otras alternativas como estandarizar el perfil de las autoridades electorales, así como los mecanismos de nombramiento de los consejeros electorales.
Al respecto, mencionó que “si es cierto que en algunos casos los gobernadores de todos los partidos meten mano, lo cual está ocurriendo, entonces quitémosle la atribución exclusiva a los congresos locales y hagamos una fórmula dual, donde los congresos locales proponen la lista de finalistas a consejeros electorales y es el Tribunal Federal Electoral o el Senado de la República quien designa”.
Carlos Ugalde concluyó que “la creación del Instituto Nacional de Elección me parece una muy mala idea de política pública”.
