Uno de los pilares fundamentales que han posibilitado la implementación del enorme y lesivo paquete de reformas “estructurales” ha sido desde un inicio el manejo de la opinión pública para evitar que la oposición se generalice, utilizando para ello los medios de comunicación masiva tanto de TV, como de radio y medios escritos, a quienes se les ha otorgado una tajada del pastel de poder, formando incluso una especie de fracción parlamentaria en las cámaras, garantizando así la implementación de una efectiva estrategia mediática, que a pesar de ser altamente lesiva a la sociedad, no ha generado mayor oposición en la ciudadanía.
No es algo para pasarse por alto, cuando la propuesta de la ley reglamentaria de telecomunicaciones favorece de manera evidente y descarada a Televisa, una de las empresas más importantes en medios de comunicación del país, evidenciando una de las estrategias de gobierno prioritarias para este régimen, el control mediático que le permita a su vez el control de la sociedad y la justificación en el caso de ejercer medidas represivas a los opositores del gran robo a la nación que está en marcha, (llámese reformas energética, laboral, hacendaria, etc.).
Son significativas las entidades que han hecho observaciones en contra de dicha propuesta, destacando nada menos que la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de países ricos al que tanto se ufana este régimen de pertenecer y donde ocupamos los últimos lugares en todos los indicadores, el documento enviado propone la eliminación o modificación de varios artículos de la propuesta: el 131, relativo a las interconexiones asimétricas; el 67 y 170, respecto de la figura de la concesión única; el 198, en materia de asignaciones de funciones a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el 201 y el 210, para defender las facultades del IFT; además recomienda incrementar las multas de 10 a 15%, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión.
Respecto al controvertido artículo 131 de la propuesta de ley se precisa: “La iniciativa es demasiado detallada en cuanto a la regulación de interconexión. Por ejemplo, el texto no debería establecer ‘facturación y retención’ (‘compensación recíproca del tráfico’) o ‘tarifas de interconexión asimétricas’, como señala el artículo 131. Estas son decisiones que el IFT debería tomar, con base en los resultados de un análisis cuidadoso. Si se mantiene tal nivel de detalle, podría minar gravemente la capacidad del IFT para regular el sector, así como para adaptarse a un entorno que cambia con rapidez. Por tanto, recomendamos eliminar el citado artículo 131”.
Es interesante la aparente contradicción del organismo con las empresas del ramo, los concesionarios de televisión, especialmente la CIRT, Televisa, TV Azteca y otras compañías radiofónicas habían pedido disminuir las multas en su contra, en los foros organizados por el Senado, en tanto la OCDE sostiene en su documento: “Las penalidades máximas son relativamente bajas (5% de los ingresos anuales para las empresas de telecomunicaciones, según se estipula en el artículo 296-E, y 2.5% para la radiodifusión, de acuerdo con el artículo 306-C). Recomendamos aumentar las multas a 10 o 15% y que sean armonizadas para las empresas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, en concordancia con el espíritu ‘convergente’ de la ley”.
No sólo en cuanto a las empresas radiodifusoras, Internet, el principal foro ciudadano está en la mira del régimen, a ese respecto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), consideró que la iniciativa de Peña Nieto “vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, establece controles ilegítimos a medios de comunicación públicos y sociales, introduce mecanismos de censura previa, retira facultades especiales del IFT, carece de perspectiva de género, amenaza la privacidad de las personas y controla el Internet, afectando los derechos que se ejercen de manera digital en este espacio”, de acuerdo a su comunicado.
Asimismo, advierte que la iniciativa “contiene artículos preocupantes, como el 197, fracción 7, que permite bloquear, inhibir o anular servicios de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, cuestión que podría violentar los derechos a personas que transitan en el Distrito Federal”.
Este organismo señala también que el capítulo de la ley denominado Colaboración con la Justicia, contiene disposiciones expresamente prohibidas por la Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet, de los relatores de libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En términos generales, esta ley reglamentaria en telecomunicaciones, que fue aplazada para su discusión y votación unos meses gracias a la oposición popular, fortalece al duopolio Televisa – TV Azteca, impidiendo en la practica la competencia de otras empresas, dejando claro que este régimen operara conjuntamente con estas empresas de comunicación masiva, para controlar la sociedad a través de la TV, radio, medios escritos e Internet, como en su momento lo hizo Joseph Goebbels, el comunicador nazi al servicio de Adolph Hitler.
La sociedad mexicana está siendo subestimada, es claro que las reformas que se han venido haciendo atentan en contra del patrimonio nacional de los mexicanos y también contra sus libertades, la historia nos enseña que esto siempre lleva a un momento de crisis, un límite en el que la ciudadanía reacciona y se mueve, sacudiéndose estos parásitos. No se puede ir en contra de una sociedad, en contra de las voces de alerta del pueblo ni despreciar las lecciones de la historia por mucho tiempo sin pagar el costo. ■
*Coordinador de la Comisión Operativa de
Movimiento Ciudadano en Zacatecas
