Una de las primeras decisiones del presidente AMLO fue presentar la iniciativa de reforma constitucional para prohibir los abusos en las decisiones sobre los ingresos de los servidores públicos. Al terminar el proceso legislativo, la fracción II del artículo 127 quedó como sigue: II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
La primera reacción política de la SCJN, del INE y otros entes autónomos, fue rebelarse por medio de los amparos correspondientes. Esa voluntad de oponerse a la constitución se ha reiterado en diversas ocasiones, sobre todo por jueces y tribunales formados como defensores del dogma neoliberal, y por varios consejeros del INE, señaladamente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes hasta ahora han mostrado una fuerte decisión de defender sus privilegios, enmascarándola como una defensa de la democracia y de los derechos políticos de los ciudadanos, que ha generado la falsa idea de que AMLO quería desaparecer al INE y la propia credencial de elector. Ahora los conservadores se presentan como padres de la democracia mexicana.
Esa mentira repetida millones de veces en la mayor parte del sistema de medios de comunicación, fue reforzada antier por el ministro Javier Laynez, al admitir la controversia constitucional que interpuso el INE en contra del denominado Plan B en materia electoral, y conceder la suspensión solicitada para que las cosas se mantengan en el estado en que estaban antes de la reforma, ante la posibilidad, dijo, de que se trate de una violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía. Con ese supuesto dejó de lado que la Carta Magna no permite los amparos en materia electoral y que nunca un solo juez constitucional había dejado sin efectos una ley electoral aprobada por el Congreso de la Unión y ordenado reponer una legislación sustituida legítimamente.
Con su decisión, el ministro ha contribuido a consolidar en la opinión pública la noción de que todos los componentes reformados son anticonstitucionales, y se ha colocado en la tesitura de que el pleno de la Corte lo desmienta. Por ello es muy posible que la ministra que preside la SCJN decida congelar el caso, para no correr el riesgo de que ante la falta de elementos contundentes, en el pleno no obtengan los votos necesarios, 8 de 11, para declarar inconstitucionales todos los artículos impugnados. Pronto lo veremos. Independientemente de ello, diversas encuestadoras han reportado que, después de varios fallos escandalosos, la mayor parte de la sociedad mexicana ha llegado a la conclusión de que hace falta una profunda reforma del Poder Judicial y, por ello, ese será un tema prioritario en la campaña previa a la elección de junio de 2024.
Por otro lado, distintos opositores con presencia mediática que se distinguieron por apoyar la decisión de las minorias en las cámaras legislativas, de ni siquiera discutir la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral propuesta por el presidente, ahora se razgan las vestiduras porque en la designación de cuatro nuevos consejeros del INE se aplica el procedimiento establecido en las normas que ellos decidieron no tocar. En este y en otros casos quedará exhibida la falta de coherencia y de seriedad en sus posiciones. Ellos deberán asumir la responsabilidad de que se haya mantenido intocado el número de legisladores, las excesivas prerrogativas económicas a los partidos y, en general, los altos costos de los procesos electorales mexicanos. No tengo duda alguna de que estos también serán asuntos importantes durante las próximas campañas políticas.
Desde mi punto de vista, todos los indicadores señalan que el tema económico no será materia de debate importante, en virtud de que no se ve por donde surja un proyecto diferente que fortalezca al polo opositor conservador. En el frente externo se ve complicado que propongan nuevas líneas, dados los compromisos y acuerdos de los socios del T-Mec y de la realidad del denominado “Nearshoring”. La fortaleza del peso, una inflacion de un dígito y en descenso, los resultados de la inversión pública, sobre todo en materia energética y el inicio de la tendencia de los salarios al crecimiento constituyen una muralla infranqueable para la oposición.
Finalmente, tengamos en cuenta que un componente esencial del tablero electoral lo aportan los candidatos y que ya no falta mucho para que las principales fuerzas resuelvan ese tema crucial. Para empezar, casi la totalidad de las empresas encuestadoras de mayor prestigio han venido dando cuenta de que de las personas que pueden ser postuladas por Morena, las más mencionadas y conocidas son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, y que la diferencia entre la primera y el segundo se ha incrementado gradualmente. Parece muy dificil que esa tendencia cambie de sentido en forma acelerada, sobre todo si asumimos que cada punto porcentual implica alrededor de un millón de personas, y que queda menos de un semestre para que inicie el mecanismo de definición.
En el polo opositor las cosas no están tan claras. En el PRI la situación de su presidente es cada vez más débil, aunque no se ve una opción viable. Parece que su única salida será asumir con decisión la definición que tome el PAN, aunque las cosas no le pintan tan sencillas. La condena a Genaro García Luna y sus consecuencias son un fardo demasiado pesado difícil de remontar para todos los allegados de Felipe Calderón y los dirigentes de los años recientes. La deducción más sencilla conduce a que recurrirán a quienes, sin ser afiliados, realmente los han conducido: Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Tienen el tiempo encima.
