Después de una discusión de dos horas y media, la 65 Legislatura aprobó la mañana de este miércoles las reformas a la Constitución en materia de Guardia Nacional, por mayoría de votos, con 18 a favor y 12 en contra.
De esta manera, Zacatecas se convirtió en la segunda entidad del país en aprobar esta minuta que pretende consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional y permanente, bajo la dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La discusión giró en torno a si esta reforma se traduce en la militarización del país y en la necesidad de fortalecer las policías municipales y estatales, así como en una de la memoria histórica en torno a las estrategias de seguridad fallidas.
Alfredo Femat, Renata Ávila, Jaime Esquivel y Oscar Novella defendieron que la Guardia Nacional bajo control de la SEDENA no equivale a militarizar al país, sino una respuesta necesaria ante la crisis de seguridad.
Renata Ávila tachó de hipócrita a la oposición, al recordar que fue a partir del sexenio de Felipe Calderón cuando empezaron a suceder “a plena luz del día”, secuestros y desapariciones.
La petista llevó a la tribuna el libro “García Luna, El señor de la muerte” y expresó que en respuesta a la violencia del narcotráfico, se hace necesario que la Guardia Nacional opere bajo un marco jurídico claro, ya que “tres de cada cuatro mexicanos apoyan que el Ejército siga en las calles».
Por su parte, Ana María Romo Fonseca señaló que esta reforma «es la manifestación palpable de la renuncia del gobierno de México para hacerse cargo de sus responsabilidades constitucionales en materia de Seguridad Pública».
El perredista Eleuterio Ramos argumentó que la Guardia Nacional no puede estar encargada de tantas tareas y cuestionó que la presencia de esta fuerza y del Ejército en municipios como Fresnillo haya conducido a una mejora significativa en la seguridad y en su percepción.
Además, señaló que únicamente el 2% de las detenciones en México han sido atribuidas a la Guardia Nacional desde su creación, y que los delitos más comunes son de competencia de la Policía Preventiva, las policías estatales y las fiscalías locales.
El priísta Carlos Peña denunció que la reforma legitima un hecho ilegal, ya que la Guardia Nacional ya ha estado operando bajo un mando militar en los últimos años, lo que va en contra de los principios democráticos que deberían regir la seguridad pública en el país.
Femat Bañuelos hizo hincapié en que «la narrativa que señala que se pretende militarizar al país es equivocada», subrayó que la Guardia Nacional es una fuerza de proximidad y que el jefe de las Fuerzas Armadas sigue siendo un civil.
Consideró que la Guardia Nacional está diseñada para operar bajo el respeto a los derechos humanos, con inteligencia previa antes de realizar cualquier acción y subrayó que esta fuerza de seguridad ha tenido un impacto significativo en la reducción de delitos en el estado.
«Zacatecas se ubica en el lugar 21 en robo a transporte, 30 en robo a transeúnte, y 17 en robo a transportistas», mencionó Femat después de referir que las comunidades migrantes también solicitan la presencia de la Guardia Nacional para asegurar su tránsito seguro por el país.
La panista Ma. Teresa López García reiteró que las policías municipales han sido totalmente desmanteladas. Destacó que desde la última entrega del presupuesto del Fortaseg en 2018, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, no han recibido recursos.
En respuesta, Femat argumentó que la idea de dejar en manos de las policías municipales la seguridad frente a organizaciones delictivas es totalmente inviable. “¿Cómo quieren poner a los policías? Si a ellos (los cárteles) les dicen plata o plomo. ¿Qué puede hacer una pistolita 22 contra un AK-47?», caracterizó.
