Este 26 de septiembre se cumple el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”; padres de familia y la comunidad de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM) continúan con la exigencia de verdad y justicia.
Una delegación de la Normal Rural de San Marcos “General Matías Ramos Santos”, integrante de dicha federación, acudió al estado de Guerrero y a la Ciudad de México para participar en las diversas movilizaciones.
Entre las protestas en las que han participado está un mitin en la Fiscalía General de la República, en donde señalaron que al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador parecía haber voluntad con la creación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia.
“Este era el mecanismo extraordinario de justicia que creó el gobierno para dar verdad y justicia a las adres y padres de los 43. Las investigaciones avanzaron hasta el 2022 cuando fue la curva máxima que alcanzó el caso, pero después de ahí fueron canceladas 16 órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército mexicano y el caso se vino a picada”.
En consecuencia, señalaron que en este momento no hay avances de ningún tió y se desconoce los motivos por los cuales el gobierno federal no ha profundizado, ya que desde el 2022 se cuenta con una línea de investigación sólida y los informes militares sobre 17 estudiantes.
En consecuencia, no se ha realizado juicios en contra de militares de los que hay evidencia de participación en el suceso e incluso el director de Barandillas, a donde fueron llevados los estudiantes, no ha sido extraditado a México.
Además, en la manifestación refirieron que hay pruebas de que los jóvenes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería y esta línea tampoco se ha investigado durante todo el sexenio.
También se dio a conocer que hay 266 documentos que el Ejército mexicano no ha entregado sobre la desaparición de los estudiantes y, lejos de avanzar y llevar a la justicia a posibles responsables, el gobierno “se empeñó en construir una narrativa de que fueron la DEA, los gobiernos extranjeros, las organizaciones de derechos humanos, las que entorpecieron las investigaciones”.
Señalaron que la mayoría de las líneas de investigación llevan a la responsabilidad del Ejército mexicano en la desaparición de los jóvenes, pero el gobierno se ha negado a continuar con esa indagatoria.
