■ Hoy se cumplen 2 mil 190 días de la desaparición forzada de los 43 normalistas
■ Los padres de los jóvenes continúan vagando en la zozobra y exigiendo justicia
■ En enero de 2015 llegó la “verdad histórica”; según la PGR, todo indicaba que los restos localizados en el basurero de Cocula pertenecían a los estudiantes
■ El 15 de enero de 2019 nació la Comisión para la Verdad, por decreto del presidente AMLO
■ El 30 de junio de 2020, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, anunció en conferencia de prensa “el fin de la verdad histórica” creada por Jesús Murillo Karam
■ El 7 de julio de este año, un laboratorio europeo identificó los restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez, hallados lejos del supuesto lugar del asesinato masivo
Hay fechas que se impregnan tan fuertes y nítidas en la memoria, como si fueran obra de un alquimista decimonónico que se puso a mezclar haluros de plata con bromuro de sodio para lograr su eternidad. Y la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es una de esas, porque cuando el crimen y el Estado quisieron convertir en cenizas la verdad, olvidaron apagar la hoguera donde gime el dolor, pero también la rabia.
Hoy se cumplen seis años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y a pesar de que hay avances en la investigación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los padres de los desaparecidos continúan vagando en la zozobra y el país sigue siendo un mapa de fosas clandestinas donde se agusanan los sueños.
Todo comenzó esa aciaga noche, cuando en Iguala, Guerrero, el convoy de camiones en que viajaban los normalistas, quienes se alistaban para la conmemoración de la masacre estudiantil del 2 de octubre, fue atacado por la policía local dejando un saldo de nueve fallecidos: cinco estudiantes, dos integrantes de un equipo de futbol y una mujer civil que viajaba en un taxi. Pero el infierno apenas comenzaba porque el otro saldo restante daba escalofrío, porque además de 17 heridos contados, se reportaba la desaparición de 43 más de ellos.
Del hecho surgieron varios nombres de sospechosos: el primero de ellos era el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, señalado como autor intelectual del ataque para proteger la celebración del informe de su esposa, la titular del DIF municipal; los demás sospechosos eran los policías de Iguala y Cocula y el grupo criminal Guerreros Unidos, quienes, de acuerdo con las primeras hipótesis, aseguraban que algunos estudiantes pertenecían al grupo rival conocido como Los Rojos.
El día siguiente, 27 de septiembre, un macabro hallazgo simbolizaría el terror de la historia que apenas comenzaba a cimentarse. Pues al arribar las fuerzas federales y el Ejército Mexicano al lugar para las correspondientes investigaciones, fue encontrado el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón, quien tenía el rostro desollado. El súmmum de la violencia de la Tierra Caliente le hacía honor a su infernal analogía.
Dos días después, es decir el 29 de septiembre, inició oficialmente la búsqueda de los desaparecidos, pero fue hasta el 4 de octubre que comenzaron a dibujarse los terrenos del escenario dantesco cuando en una fosa clandestina se descubren 28 cadáveres, sin embargo, ninguno correspondía a los estudiantes.
Cuatro días más tarde, el 8 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) informó de la detención de Osvaldo y Miguel Ríos Sánchez, dos involucrados en la desaparición, quienes declararon haber actuado bajo las órdenes de los Guerreros Unidos. Dicha información, la dio a conocer el titular de la Procuraduría, Jesús Murillo Karam en una conferencia de prensa, en la que narró que los estudiantes fueron detenidos por la policía de Iguala, quienes a su vez los entregaron a los elementos policiales de Cocula que fueron los que finalmente llevaron a los normalistas con el grupo delincuencial, que luego de interrogarlos, los asesinaron e incineraron en un basurero. Hecho que anunció la PGR el 7 de noviembre, cuando informó que había indicios de un “asesinato masivo” en Cocula.
Llegó enero de 2015 y con él la tan mentada “verdad histórica”, pues debido a las investigaciones emprendidas por la PGR, todo indicaba que los restos localizados en el basurero de Cocula pertenecían a los estudiantes, sin embargo, tal declaración fue la que sembró la resistencia en los padres de los estudiantes quienes se aferraron a que sus hijos están vivos hasta que no hubiera certeza de los decesos.
La desaparición cimbró a México y su imagen al exterior comenzó a verse empañada. Enrique Peño Nieto, quien había anunciado un viaje a Asia fue duramente criticado y su ranking en las revistas internacionales se fue en picada, mientras en el país se anunciaba la detención del ex alcalde de Iguala y su esposa en el estado de México y en Guerrero, el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero anunciaba su renuncia al cargo.
A un año del suceso, en septiembre de 2015 hizo su aparición en la historia de terror el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que comenzaría a ser el dolor de cabeza de las autoridades mexicanas al develar paulatinamente las anomalías de la trama. Pues en su informe: “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones de normalistas de Ayotzinapa” se presentaban pruebas científicas que daban al traste con la “verdad histórica” del procurador cansado.
Pero a partir de ese año los avances en la investigación fueron pocos, aunque el pueblo se unió al dolor de los padres y las marchas multitudinarias se multiplicaron en todo el país. El número 43 se convirtió en un símbolo de rabia y reclamo de la justicia, y los nombres de cada uno de los desparecidos se fueron adhiriendo a la memoria colectiva que cada día 26 de mes los repetía en voz alta, aunque la carpeta se estaba empolvando.
La Comisión para la verdad
y la mentira histórica
En su tercer día como presidente de México, es decir, el 4 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto en el que instruía la creación de una comisión “para fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tiene de conocer la verdad”.
Así pues, nacía el 15 de enero de 2019, la Comisión para la Verdad, la cual fue instalada por parte de la Secretaría de Gobernación y conformada por representantes de madres y padres de las víctimas, organizaciones civiles, la propia Segob, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la función de facilitar y dar seguimiento a una nueva investigación independiente a la realizada por la hoy Fiscalía General de la República (FGR).
La carpeta se desempolvó. El 2020, además de traer la pandemia del Covid-19 y a pesar de ésta, ha generado avances en lo que al tema Ayotzinapa se refiere. Pues el 24 de junio se dio a conocer la detención en el municipio de Metepec, Estado de México, de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo” uno de los líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos y pieza clave en la desaparición de los normalistas y, por ende, para la investigación.
Aunado a este hecho, apenas cuatro días después, el 30 de junio del presente año, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, anunció en conferencia de prensa “el fin de la verdad histórica” creada por Jesús Murillo Karam, al obtener una orden de aprehensión, incluyendo una solicitud de Ficha Roja a la Interpol, para la detención de Tomás Zeron de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal.
Pero sería hasta el pasado 7 de julio cuando la verdad histórica terminó por convertirse en “la mentira histórica”, cuando en un laboratorio europeo los investigadores especializados identificaron que uno de los restos encontrados muy lejos del supuesto lugar del asesinato masivo, corresponden al estudiante Christian Alfonso Rodríguez.
Al respecto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México y cabeza de la investigación, refirió que la identificación “viene a ser un replanteamiento total”, pues el hallazgo representó un tiempo, un lugar y unas circunstancias totalmente distintas a las que definía la supuesta verdad histórica.
Este hecho, ha reorientado las investigaciones actuales, las cuales se dividen en dos: la primera y primordial, sobre la desaparición de los estudiantes. La segunda, sobre la manipulación de las pesquisas por parte de la anterior administración con el objetivo de dar carpetazo al asunto. Porque, según Encinas, se alteraron escenas, se sembraron pruebas y se fabricó la verdad histórica, lo que habla estrictamente de “un crimen de Estado” que hasta hoy, a seis años del suceso, sigue impune y ardiendo en la memoria de muchos mexicanos.
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