Durante las últimas semanas y en pleno proceso electoral intermedio 2020-2021, el presidente AMLO, ha dado muestra de que su gobierno lo ejerce como él siempre ha querido, aunque para lograrlo tenga, en muchos casos, que desconocer disposiciones fundamentales de la Carta Magna que nos rige.
Particularmente son dos eventos en que se ha involucrado:
1.- Quebranto al Principio de la División de Poderes.
El Presidente mostró su enojó y mediante carta enviada que leyó personalmente en una de sus mañaneras, regaño severamente al ministro Presidente de la SCJNC Arturo Zaldívar, cuando el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión provisional y ahora definitiva, para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Además de su enojo, el Presidente exigió al ministro una investigación de las actuaciones del juzgador y de ser necesario, aplicar el castigo y medidas correpondientes que establece la ley.
Bajo estas circunstancias, la actuación del Presidente conlleva a un “campo de batalla” en el cuál se involucran el poder Ejecutivo y el Judicial, en donde el primero somete y subordina a este último. Así, encontramos un quebranto al Principio de la División de Poderes que es la piedra angular del estado de derecho.
El principio según el cual los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben estar separados y ser independientes entre sí, es para que se establezca un sistema de controles y equilibrio que limite las facultades del gobierno y para salvaguardar los derechos de los individuos
El mecanismo de la división tripartita de poderes es el fraccionamiento de la autoridad pública, de manera que ninguno de los poderes pueda prevalecer sobre los demás y convertirse en instrumento de despotismo. Cada uno tiene su órbita de atribuciones jurídicamente reguladas, ninguno de ellos, puede interferir en las facultades del otro. La Constitución señala de manera explícita las facultades que les competen. Al Legislativo, le corresponde principalmente, formular el orden jurídico general del Estado y vigilar la gestión de ciertos funcionarios de la administración pública. Al Ejecutivo, le compete administrar al Estado, mediante actos referidos a personas y actos concretos dentro del marco legal dictado por el órgano legislativo. Al Judicial, le incumbe la administración de justicia, o sea, la declaración de lo que es derecho en cada caso de controversia.
Por consecuencia, si en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados el poder Ejecutivo se reúne con el Legislativo, no hay libertad porque puede temerse que el presidente o el senado dicte leyes tiránicas. Tampoco habrá libertad si el poder de juzgar estuviera unido al Legislativo, porque el juez sería al mismo tiempo legislador. Si estuviera unido al Ejecutivo, el juez tendría en su mano la fuerza de un opresor.
Analizando desde esta óptica la actitud de AMLO frente al judicial, observamos un atentado al Estado de derecho.,
2.- Acuerdo Nacional por la Democracia.
Desde el mes de febrero pasado, el presidente AMLO, convocó a los 31 gobernadores y a la Jefa de Gobierno de la CDMX, a la firma de un Acuerdo Nacional por la Democracia. El martes de la semana que finaliza se llevó a cabo tal evento.
Una vez más el presidente AMLO, violentando la soberanía de los Estados; ignorando la autonomía y el carácter del Instituto Nacional Electoral en su carácter de órgano encargado de organizar y vigilar los comicios; sin tomar en cuenta siquiera a los partidos políticos, a puerta cerrada en Palacio Nacional y en presencia solamente de tres de sus funcionarios, Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación; Alejandro Gertz Manero titular de la FGR Y José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ordenó a los ejecutivos estatales firmar un documento que denominó Acuerdo Nacional por la democracia, mediante el cual, se establece el compromiso de abstenerse de llevar a cabo actos de proselitismo en favor de candidatos de cualquier partido. También se indica el compromiso de no permitir que se utilicen en campañas recursos de procedencia diferente a las legalmente establecidas.
No había necesidad de todo esto. Primero, porque se trata de compromisos y obligaciones establecidas por mandato constitucional. Segundo, porque debe respetarse la soberanía de las entidades federativas, de ninguna manera se trata de comarcas. Tercero, existe como ya se dijo un órgano facultado parta llevar a cabo la organización y vigilancia de las elecciones. A este corresponde la facultad de convocar.-Cuarto, Los protagonistas de toda la actividad y efervescencia son justamente los partidos políticos. Ninguno, ni sus representantes fueron convocados.
El objeto de ese acuerdo es garantizar elecciones libres, y transparentes, limpias…
Insistentemente el Jefe del Ejecutivo Federal, refiere que él no se involucrará en el proceso electoral y, reitera que todos adopten la misma actitud.
Analizando esa extraña convocatoria del Presidente y mantener en silencio a los convocados, me deja la impresión de que prácticamente dictó una orden.
¿Un atentado a la democracia? ■
