■ “Hasta el momento no ha metido las manos ni por el ejido ni por la empresa”: Torres Pérez
■ Goldcorp interpuso 14 demandas en contra de ciudadanos por extorsión, amenaza y daños, dijo
Los ejidatarios de la comunidad de San Tiburcio, en el municipio de Mazapil, denunciaron este martes en conferencia de prensa que Gobierno del Estado no ha tenido interés en participar como intermediario en el conflicto que se suscitó hace ya un mes, aproximadamente, entre los pobladores esta localidad y la empresa canadiense Goldcorp, que opera la mina Camino Rojo en este lugar.
Jesús Guadalupe Torres Pérez, primer regidor del municipio de Mazapil y ejidatario de esta población, aseguró que la administración estatal “hasta el momento no ha metido las manos ni por el ejido ni por la empresa”.
Recordó que las inconformidades de los vecinos de San Tiburcio, y las cuales desembocaron en la toma de las instalaciones de la mina durante varios días consecutivos hasta que elementos de seguridad pública desalojaron a los manifestantes, se derivaron del ofrecimiento que la empresa realizó por 2 millones 900 mil pesos para poder incluir en su explotación una presa y un cerco perimetral; “a lo que nosotros no accedimos”, concluyó.
El regidor explicó que el 4 de enero tuvieron una reunión ejidal, donde se acordó exigir a la empresa el pago de 15 millones de pesos, en lugar de la cantidad tasada por la compañía en menos de 3 millones.
“A la postre, teniendo una respuesta negativa de la empresa, la gente dijo por mayoría que, si no accedían a la petición que hacíamos, las labores cotidianas de la empresa se pararan hasta llegar a un arreglo. La empresa hizo caso omiso a esta petición por lo que la gente accedió a cerrar el acceso a la empresa”, comentó.
Después de estos hechos, Torres Pérez sostuvo que se les hizo un llamado a las autoridades de Gobierno del Estado para informales de que por parte de los ejidatarios no había inconveniente en que la administración gubernamental fungiera como intermediaria “en beneficio, sí de la empresa, pero también del ejido”.
No obstante, todavía en estos momentos reclaman la intervención del gobierno de la entidad en el conflicto.
De igual forma, el primer regidor del ayuntamiento de Mazapil aseveró que, a raíz de esta situación, la compañía canadiense ya ha interpuesto 14 demandas en contra de los ejidatarios. Algunos de los cargos que se les imputan, precisó, son los de extorsión, amenaza y daños al inmueble.
