La estructura del Ejército es mayor que cualquier grupo criminal privado, con personal entrenado, pagado, profesional, armamento, instalaciones, apoyo social, etcétera. La pregunta es, ¿Por qué han pasado más de 10 años y no han logrado disminuir la incidencia de los grupos delictivos? Tienen acceso a infraestructura de inteligencia como redes telefónicas, satélites, y apoyo directo de la Presidencia de la República. Con todo eso, ¿cómo es que los grupos criminales siguen en activo y elevando su capacidad de operación sobre el territorio nacional?
Cuando el Ejército (y también la Marina) entraron a funciones propiamente policiacas, y se le vio patrullando las calles y deteniendo delincuentes, en realidad estaban pisando un terreno extraño. Y se enfrentaban con pares o ex compañeros: los zetas, por ejemplo, incorporaron efectivos de agrupamientos de élite del Ejército. Al entrar al terreno del combate al narcotráfico, fueron objeto de las ofensivas de corrupción de un poder económico brutal. Y por ello, la institución ha sufrido mermas importantes. El trabajo lo tiene que compartir y coordinar con las autoridades civiles, en ausencia de reglamentación sobre los alcances y límites de su trabajo o ‘colaboración’. Se genera una especie de competencia con la Policía Federal, Estatal y Municipal. Un caos organizacional. La Policía Municipal no tiene la función de perseguir criminales porque, además, el municipio no puede conocer de ‘delitos’ sino sólo de faltas, para lo cual no requiere policías militarizadas. Pero todo se homogeniza en la caótica totalidad de las estrategias de la seguridad a cargo de estado. Y al final del día, lo criminales siguen aumentando su influencia y dominio violento sobre el territorio. Cuatro, y hasta cinco estructuras de seguridad juntas, y no se puede controlar el territorio nacional. Sin inteligencia e infiltrados hasta el tuétano, todo ese conglomerado de policías y Ejército, que se bloquean unos a otros, resultan ineficaces para detener la actividad de las células del crimen. En suma, la experiencia permite concluir que el Ejército no funciona bien en sus labores policiacas. Y la militarización de las corporaciones policiacas tampoco.
Los gobernantes actúan en el des-gobierno. Un Estado horadado, perforado como queso gruyer. Que ha pretendido enfrentar un poder económico que, a la vuelta de unos años, ha terminado por invadirlo y corroerlo por dentro. Y el Ejército no ha sido inmune. Toda la política de seguridad debe rehacerse en Zacatecas con un diseño institucional coherente, que permita reconquistar el control del poder público sobre el territorio de la entidad y, de entrada se debe retirar al Ejército de las tareas que no le corresponden. Sin embargo, dicha medida muy pocas posibilidades tiene en una entidad donde el general secretario de la Sedena fue quien designó al titular de la Seguridad Pública estatal quien, hasta el momento, parece estar fuera de la realidad del estado. La ineficacia y violación sistemática de los derechos humanos que reporta la realidad de la experiencia de la intervención del Ejército en tareas de seguridad, se opone a una medida que se impone sin razones y evidencias, pero con la obstinación de un Estado temeroso y sin idea.
