Hace unos meses, en febrero de este año, en un artículo en La Jornada, que lleva el mismo título, llamaba la atención sobre lo precario, azaroso y desigual del salario universitario. No sólo hay grandes diferencias entre las universidades públicas y privadas, sino también entre las de la capital, los estados y los centros públicos de investigación.
En aquella ocasión señalaba que el salario universitario puede tener cuatro componentes, el salario propiamente dicho, los estímulos, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el acceso a recursos externos, que operaba anteriormente bajo la modalidad de fideicomisos o simplemente un trabajo o actividad adicional.
Los fideicomisos pasaron a la historia y con ello la posibilidad de remunerar de manera adicional a los investigadores que participaban en una consultoría o investigación encomendada por parte del gobierno o instituciones privadas, lo que permitía conseguir recursos externos adicionales a la institución, por medio del over head. Se decía que era una fórmula de ganar-ganar, porque la perinola repartía para todos. Así trabajan muchísimas universidades del extranjero y se quedan 30, 40 y hasta 50 por ciento del presupuesto de una investigación.
Las universidades públicas son y deben ser gratuitas, pero los recursos no alcanzan para muchos gastos adicionales, no presupuestados o etiquetados. Y el acceso a capitales externos o la presentación de servicios permiten solventar muchas de estas carencias. Obviamente, esos ingresos deben ser reglamentados, transparentados y auditados.
Inicialmente el Sistema Nacional de Investigadores se creó para mejorar los salarios de los universitarios que se dedicaban a la investigación, para evitar la fuga de cerebros y transformar la planta docente, que en su mayoría estaba compuesta por licenciados. Al requerirse primero maestría y luego doctorado para acceder al SNI, muchos docentes, en todo el país, comenzaron a estudiar posgrados. Y en 20 años cambió notablemente la planta docente de las universidades públicas y también las privadas.
El SNI tenía otro objetivo: impedir a las cúpulas y autoridades universitarias que accedieran a esos recursos o se inmiscuyeran en los procesos de evaluación. Las universidades suelen tener salarios fijos, por categorías, negociados con los sindicatos y es prácticamente imposible hacer distinciones o mejorar el salario a algunos, lo que sí pueden hacer las privadas. El SNI permitió remunerar a profesores de alta calidad que de este modo pudieron resistir las ofertas de universidades privadas o extranjeras.
Ahora bien, para muchos investigadores, la beca del SNI es una parte importante y vital de su ingreso, que no de su salario. Un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, con categoría de asociado B, gana 15 mil pesos al mes y de ahí hay que descontarle impuestos, y si ingresa al SNI nivel I recibe una beca de 20 mil pesos, sin impuestos. Un titular C, la máxima categoría, gana 31 mil pesos mensuales, de los que hay que descontar impuestos y, como SNI nivel III, recibe 44 mil pesos sin gravamen. Para acceder, mantenerse y subir de categoría en el SNI se requiere de mucho trabajo, constancia, soportar estrés y tener suerte.
Pero ahora se presentan nubarrones en el Conacyt, sobre la posibilidad de que no todos los que ingresen o se renueven puedan obtener la beca, por eso se está requiriendo a los evaluadores hacer listas de prelación, lo que además de complicado y subjetivo puede resultar injusto. La beca del SNI es un parche, pero si se elimina habría que duplicarles el sueldo a todos los investigadores de alto nivel.
Por su parte, la SEP tampoco quiso entregar recursos a las universidades para aumentar salarios y decidió proponer un sistema de estímulos a la productividad, con categorías de acuerdo con credenciales académicas, publicaciones, clases, tutorías y todo un sistema de puntaje muy complicado. No es un sistema unificado, cada universidad tiene el suyo. Unos se renuevan anualmente, lo que es una pesadilla, otros cada dos o tres años y así por el estilo.
También han empezado a aparecer nubarrones en el sistema de estímulos. En la Universidad de Guadalajara redujeron el monto entre 20 y 25 por ciento, aproximadamente, sin decir agua va; en el Colegio de Jalisco simplemente les avisaron que no había presupuesto y que posiblemente se cancele. Los estímulos no son una beca, se descuentan impuestos y no es salario, porque no cuentan para la jubilación o el retiro. Pero son vitales para los universitarios.
Juguetear y economizar con los fideicomisos, el SNI y los estímulos podría ser una bomba de tiempo, pero resulta que los sindicatos se lavan las manos, no es tema del contrato colectivo de trabajo.
Los universitarios peleamos, luchamos y nos desvelamos por obtener recursos externos, becas y estímulos, pero hacemos muy poco por incrementar nuestros salarios. La planta académica está dividida, envejecida y con el salario base resulta casi imposible jubilarse.
Hemos caído en la trampa, no sólo de aceptar, sino de desvelarnos por las migajas.
