La economía mundial y nacional están enfrentando problemas de oferta, de desabasto de insumos, de microchips y semiconductores, derivados de los cierres productivos en Asia por la pandemia, que repercuten en alzas de precios. A ello se suma el alza del precio del gas, del petróleo, como del carbón y otras materias primas, y de alimentos. Se han frenado las cadenas de suministro y de valor en diversas industrias, que aumenta la escasez de productos.
Al irse abriendo la economía, se incorpora la demanda al mercado y presiona sobre precios ante la falta de capacidad productiva para satisfacerla. A ello se suma el aumento del costo de las importaciones, por lo que la inflación externa también repercute internamente.
La Junta de Gobierno de Banxico endurece su posición, aumentando la tasa de interés para frenar la inflación, y la devaluación, así como la salida de capitales derivada de la liquidación de títulos de deuda pública por parte de los inversionistas extranjeros, que en lo que van del año dicho monto equivale a 259,325 millones de pesos según Banxico. Tratan con el alza de la tasa de interés evitar el deterioro del “proceso de formación de precios”, y mantener la “credibilidad del Banco de México” de que cumple con su objetivo de bajar la inflación.
El gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, señaló el 18 de octubre, que los bancos centrales de las economías emergentes están reaccionando de forma “correcta” para “suprimir presión en la inflación”. Y lo sustenta afirmando que tales economías “son más vulnerables a los cambios de expectativas”. El problema es que el alza de la tasa de interés, más que encarar la vulnerabilidad de los cambios de expectativas, debilita a tales economías, debido a que dicha política contrae la inversión y la capacidad productiva, por lo que menos viabilidad pasan a tener tales economías para encarar dicha vulnerabilidad, como la escasez de productos. Con las políticas monetaria y fiscal restrictivas, menos capacidad tiene México de recuperar los niveles de actividad económica existentes antes de la pandemia y de alcanzar un crecimiento sostenido, por lo que proseguirán los bajos ingresos de empresas y familias, lo que compromete el pago de la deuda, como la estabilidad del sector bancario y nos condenamos a un estancamiento prolongado, con presiones sobre precios.
Ante ello, las autoridades monetarias y hacendarias seguirán con sus altas tasas de interés y los recortes presupuestales, por lo que se contraerá más la actividad económica, sin poder reducir la inflación, pues ésta es derivada de problemas de escasez de productos que se acentúan con las políticas restrictivas.
La inflación seguirá siendo presionada, debido a que el invierno aumentará más el precio de los energéticos a nivel mundial. De no ajustarse los salarios a la inflación, se deteriorará el poder adquisitivo de los asalariados, lo que contraerá más el mercado interno y la actividad económica.
Las libres fuerzas del mercado serán incapaces de hacer frente a los problemas productivos.
Solo la mayor intervención del gobierno, a través de instrumentar políticas a favor del desarrollo tecnológico y productivo para incrementar productividad, reducir costos y superar los rezagos productivos, el desabasto, la escasez de productos, el desempleo y los requerimientos de productos importados, podremos configurar condiciones de crecimiento con baja inflación. Para ello el banco central debe acompañar con baja tasa de interés la expansión del gasto público a favor del crecimiento productivo, para salir del contexto de estancamiento en que nos encontramos. Solo así, se puede garantizar condiciones de rembolso de la deuda para evitar la inestabilidad del sector bancario. A ello se le debe sumar la regulación del sector bancario y financiero, para que se otorguen créditos baratos al sector productivo y del empleo formal bien remunerado. Es importante que se ofrezcan opciones atractivas de inversión en el sector industrial y agrícola para evitar salida de capitales y así incrementar la producción y reducir las presiones sobre precios y sobre el tipo de cambio. Todo ello implica cambiar radicalmente la política económica predominante, que desgraciadamente no está en la mente de los que toman decisiones en el poder ejecutivo y legislativo, ni está en el debate nacional.
