El proyecto de industrialización del litio en Bolivia, basado en la soberanía de los recursos naturales, surgió como consecuencia de los estragos causados por el neoliberalismo, pues 70 por ciento de las utilidades se quedaba con las empresas y una mínima parte se quedaba en el país, informó Luis Alberto Echazú Alvarado, ministro de Minería y Metalurgia en el gobierno de Evo Morales.
Durante la conferencia “La filosofía de la estrategia nacional de industrialización del litio en Bolivia”, explicó conceptos y fundamentos políticos, ideológicos, económicos y sociales del proyecto de industrialización de los recursos evaporíticos.
Indicó que es necesario usar el término de recursos evaporíticos porque no se trata solamente del litio, ya que esta concepción tiene que ver con una visión más amplia que se distingue de los emprendimientos de las empresas que sólo explotan el litio, por su valor y su influencia en la transición energética, pero que dejan otros valiosos recursos para los países.
Durante su participación en el Seminario latinoamericano “¿Qué hacemos con el litio?”, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), comentó que el neoliberalismo en Bolivia inició en 1985 y se implementó de manera ortodoxa y radical.
En ese momento, comentó que el neoliberalismo planteó el adelgazamiento del Estado, la instauración de la economía de libre mercado, apertura a la invasión extranjera y la privatización de las empresas públicas, los cuales precedieron a una etapa de “capitalización” de la economía.
Como consecuencia, Echazú Alvarado comentó que se privatizó la minería, los hidrocarburos, la electricidad, los ferrocarriles, agua potable, telecomunicaciones, entre otros, pero la entrega de los recursos naturales fue el eje principal, en beneficio de empresas transnacionales.
“En la embestida neoliberal que es realmente una experiencia nefasta, hay que saber, que cuando viene, arrasa con todas las conquistas precedentes. En Bolivia se despidió a 30 mil trabajadores mineros de la empresa estatal; más de 50 mil trabajadores fabriles, de las empresas públicas, y se privatizó la seguridad social a largo plazo”, dijo.
Explicó que la ley minera, en el neoliberalismo boliviano, prohibió la participación de la empresa estatal en la cadena productiva y sólo podía hacerlo a través de terceros, es decir, de otras empresas privadas y extranjeras.
En consecuencia, comentó que se entregaron los yacimientos en pleno funcionamiento, pero también toda la infraestructura productiva y la infraestructura de servicios, incluyendo escuelas y colegios, además de proyectos que habían terminado la etapa de factibilidad y emprendimientos industriales que producían estaño.
De acuerdo con Echazú Alvarado, aunque la Constitución de Bolivia establecía que los recursos naturales pertenecían al Estado, la Ley Minera concedió a operadores mineros la propiedad privada de los yacimientos, lo que contradijo el espíritu de la propia Constitución.
Refirió que los contratos con las empresas contemplaban el extremo de la exportación de todos los minerales y evitar que en el país se produjeran las sales básicas, de manera que 70 por ciento de las ganancias se las quedaban las empresas y para el país solamente quedaba 30 por ciento.
Con el proyecto iniciado, durante el gobierno de Evo Morales, explicó que se firmó un convenio con una empresa para industrializar y darle un valor agregado a las sales básicas que ahora son producidas por la empresa pública.
Para tal efecto, fueron anuladas las concesiones mineras y se plantea que un operador minero debe presentar un proyecto de exploración y eventualmente de explotación, pero debe definir qué mineral va a explotar y cuál es su visión.
Así, Echazú Alvarado indicó que “a partir de entonces el operador minero no es dueño del territorio, simplemente es una empresa que usufructúa, pero con ciertas limitaciones: tiene que hacer minería, ya no puede tener el yacimiento ni puede venderlo o transferirlo; es un yacimiento para producir en beneficio del pueblo boliviano”.
Sobre el convenio firmado con una empresa para la industrialización del litio, detalló que “no puede haber ningún contrato a ninguna empresa nacional, privada o extranjera, que permita el acceso y la explotación. Eso está prohibido y por eso hemos fracasado en explicar al pueblo boliviano que es imposible que nosotros que hicimos la ley podamos entregar eso, ni siquiera en calidad de socios, a una empresa extranjera”.
Es decir, en la actualidad ninguna empresa extranjera, ni siquiera en calidad de socio de una empresa pública, puede intervenir en la fase extractiva y sólo puede hacerlo en la etapa de agregación de valor.
