La precarización laboral ha sido sostenida: en la cantidad de empleos disponibles, en el poder adquisitivo del salario, y en relación a todos los derechos de los trabajadores. Con la Reforma Laboral y la introducción de la subcontratación se ha debilitado la posibilidad de generar antigüedad, y el pago de las indemnizaciones por despido, las primas de antigüedad y el pago de vacaciones, están desapareciendo. Ha sido una década de enérgica ofensiva contra el trabajo al grado de que la participación de éste en el conjunto del PIB se ha desplomado a niveles que se pueden caracterizar de históricos (24 por ciento). Los contratos colectivos de trabajo se han mutilado para sortear los pasivos laborales, sobre todo en las condiciones de jubilación: han aumentado las edades de retiro, y los ahorros con el nuevo sistema no-solidario apenas cubrirán la tercera parte de su ingreso actual. De hecho, las pensiones representan un problema de corte macroeconómico en el país. Y no digamos de los derechos adicionales como primas y bonos que se consiguieron en los años setenta. Todos esos derechos han sido cortados. Y la tendencia continúa.
En el caso de precariedad laboral, un indicador central es el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), el cual del 2005 al 2014 se incrementó 37 por ciento. Un indicador que de alguna manera es el espejo invertido de este último, el de Ingreso Laboral Per cápita (ILP), calculado por Coneval, nos dice que de 2006 a la fecha tuvo una dramática caída de 39 por ciento. En suma, estos números nos dicen que el empleo está creando pobreza, que el trabajo es empobrecedor. Lo cual resulta sorprendente, porque el discurso que nos dicen a diario es que el remedio contra la pobreza es el empleo, y aquí tenemos empleo pero que justamente genera pobreza. Así que debe (siempre) completarse y afirmar que el remedio contra la pobreza es el “empleo decente”.
Los recortes de derechos laborales siguen en curso: las condiciones de la nueva ley del issstezac que obliga a los trabajadores a doblar sus cuotas (en condiciones de máxima opacidad), en la UAZ la crisis de la seguridad social de los profesores apunta a mayores recortes de sus derechos, aparte de los cambios en los sistemas de promoción, los cuales están individualizados y fuera del contrato colectivo de trabajo. Ahora el dedo flamígero apunta al monto del aguinaldo de los profesores de educación básica. En síntesis, no hay casos aislados, todo lo arriba descrito es parte de una misma tendencia y estrategia del Estado en México, el cual está comprometido con la rentabilidad del Capital. El avance de este último ha sido a partir de una sola y misma lógica: abaratar el costo de la mano de obra. ¿Habrá forma de pensar la variación de esta tendencia? Porque es difícil concebir que este pantano que ahoga a 70 por ciento de la población sea destino. Y repetimos la pregunta que explota en las garganteas de los mexicanos: ¿habrá reversa?
