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martes, 19 marzo, 2024
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El derecho humano a la vivienda: horizonte lejano

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Por: La Jornada Zacatecas •

La vivienda es considerada un derecho humano, y en tanto que tal, el Estado debe garantizarlo. Una manera de hacerlo fue a través de programas de crédito ligados a la seguridad social, pero eso abarca sólo a una parte de la población, justo la que tiene empleo formal. Los trabajadores informales no tienen acceso a créditos de este tipo. Un mecanismo eran créditos para la llamada ‘vivienda de interés social’, pero la cual es muy pequeña y demasiado cara. Las empresas desarrolladoras se llevaban más de la mitad del precio en ganancias. Así que un trabajador que pagaba su casa en 15 años, resulta que los últimos 7 años eran abonos a la ganancia de las constructoras. Por eso, las organizaciones gremiales pedían a los gobiernos que impulsaran créditos a la autoconstrucción, pero no se accedía a ello. Lo que explica dicha negativa es corrupción pura y dura: los tratos con las empresas de construcción eran jugosas ‘ganancias’ para los funcionarios que deban los contratos. El gobierno actual anunció un programa de auto-construcción de vivienda con créditos bajísimos. El plan sonó muy atractivo y respondía a las viejas exigencias de los trabajadores. Pero, aun no se ve funcionando esa promesa.

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La construcción de modelos duplex responde a viviendas baratas pero tóxicas: viviendas expulsoras de los niños y adolescentes, de poca intimidad y facilitadora de violencia interna. Si el 70 por ciento de los eventos de violencia denunciados en la pandemia fue en estratos de bajos ingresos, no es algo gratuito, el tipo de vivienda es un factor clave de ese fenómeno. También el modelo de asentamiento humano es contradictorio: viviendas muy próximas y, al mismo tiempo, que atomizan y fragmentan las relaciones humanas. Es decir, se requiere una política de vivienda no sólo accesibles económicamente, sino de calidad.

El otro aspecto es el ambiental y sostenible de los asentamientos: con garantía de servicios a largo plazo y amigables con las condiciones ambientales del entorno. Para eso, el gobierno diseño el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT). Se centra en zonas metropolitanas porque entre 2010 y 2015, la población que vive en zonas metropolitanas creció en más de 10 millones y el número de metrópolis pasó de 59 a 74, en las que actualmente habita 63 por ciento de la población total de México. En otras palabras, casi dos tercios de la población nacional vive en zonas metropolitanas, lo cual genera problemas específicos para dotar de servicios a las viviendas y retos mayúsculos al entorno ambiental de las mismas. Pero para resolver esos problemas de sustentabilidad se debe contar con planeación estratégica, para 2019 se identificó un rezago en materia de planeación en 75 por ciento de los municipios del país y en 15 entidades federativas, así como en 41 de 74 zonas metropolitanas del país no existe algún instrumento de planeación territorial.

En suma, lograr viviendas económicamente accesibles, de calidad (no tóxicas) y sustentables, es un objetivo aun lejano. Los pasos dados en ese sentido son muy pequeños y llenos de errores. El derecho humano a la vivienda digna está en el horizonte, pero muy lejano.

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