Luego de varios años, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resolvió que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sntmmssrm), encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, es el titular del Contrato Colectivo de Trabajo en la mina San Martín, de Sombrerete, por lo que la huelga iniciada en 2007 es legítima y legal.
Este dictamen se suma al emitido en 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se determinó que la huelga en esta mina (que en pocos días cumple 16 años) tiene validez.
Cabe recordar que el Grupo México creó un sindicato “blanco” al que reconoció como titular del Contrato Colectivo de Trabajo, después de llevar a cabo una consulta de afiliación irregular, por lo que la SCJN definió que el Sntmmssrm es el titular y, por lo tanto, tiene el derecho constitucional a la huelga.
Jesús Núñez Velázquez, secretario general de la sección 201 de este gremio, ha declarado que, ante el resolutivo de la SCJN de validar la huelga, había la expectativa de que se ejecutara una orden judicial para desalojar al personal que mantiene ocupada la mina desde 2018, pero hasta ahora no ha ocurrido.
Recordó que, en agosto de 2018, el Gobierno del Estado en ese momento, encabezado por Alejandro Tello Cristerna, permitió que el Grupo México desalojara a los huelguistas de la mina para reanudar las actividades productivas, lo cual se llevó a cabo mediante un operativo de la Policía Estatal y de grupos de choque de la empresa.
Sin embargo, con la sentencia a favor del Sntmmssrm, se ha esperado la actuación de las autoridades para que las instalaciones de la mina sean devueltas al sindicato y así continuar con su movimiento huelguista, pero después de casi dos años de ese resolutivo no ha sucedido.
“Sólo estaba por resolverse un amparo que interpuso el sindicato blanco de la empresa y es lo que estaba obstaculizando el proceso, pero ya lo desecharon y ellos ya no tienen nada qué hacer en la mina. Ahora lo que esperamos es que la autoridad judicial haga su trabajo, se dé el desalojo de esa gente, el Poder Judicial ya no tiene excusa para que se lleve a cabo ese desalojo porque ellos ya usaron todos los recursos legales y por lo tanto ahora sí la autoridad debe hacer valer el Estado de Derecho”.
Asimismo, Núñez Velázquez cuestionó que el gobierno de David Monreal Ávila no ha intercedido en el conflicto, a pesar de que fue el mismo gobierno el que coadyuvó para “reventar” la huelga y eso fue fundamental para que la empresa pudiera reabrir la mina, de forma que, “así como ellos mismos fueron a meter a esa gente ahí, que incluso llevaron al Ejército Mexicano y antimotines, creo que ahora a ellos también les corresponde ir a sacar a esa gente de ahí”.
