La reforma eléctrica de 2013 de Peña Nieto fue aprobada en “fast track”, sin discusión profunda y abierta en el Congreso, fue un compromiso derivado del supuesto “Pacto por México” suscrito por Peña Nieto con los líderes de los partidos políticos del PRI, PAN y PRD. Esta reforma privatizadora trajo como consecuencia la entrega paulatina de la generación de energía eléctrica a empresas privadas provocando el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), casi al grado de su extinción al convertirla en una empresa fraccionada en nueve subsidiarias y cuatro filiales sin ninguna interconexión entre ellas. La reforma favoreció deliberadamente a los empresarios privados, los cuales se han apoderado del 62% de la generación de energía, mientras que la CFE participa solo con un 38%. Antes de esta reforma la CFE producía el 64% de la energía eléctrica y el 36% restante lo hacían los privados.
Este crecimiento exponencial de los privados con el menoscabo de la CFE se debe a que las empresas privadas son favorecidas en sus cuatro modalidades de generación de energía, tienen prioridad en el despacho para inyectar su energía en las redes de transmisión de la CFE y ésta debe comprar su energía a precios altos y garantizar su pago al 100 % mediante contratos a largo plazo a 25 años. Asimismo, las sociedades de autoabastecimiento de energías limpias (solar y eólica) en manos de monopolios privados reciben subsidios del gobierno mediante certificados de energía limpia, por los cuales la CFE ha pagado 6,159 millones de pesos; además las empresas han caído en la ilegalidad al crear un mercado paralelo de electricidad con socios simulados de otras empresas sin pagar el transporte de la energía (porteo) al utilizar las redes de distribución de la CFE y sin pagar impuestos.
Las empresas privadas para garantizar la recuperación de su “supuesta” inversión reciben financiamiento a tasas preferenciales por parte de la Banca de Desarrollo de México (flaco favor, el Estado financiando las privatizaciones), en contraste la CFE que produce el 60% de las energías limpias a través de sus hidroeléctricas es relegada al no tener prioridad en el despacho, ya que primero se prioriza el despacho de las energías solar y eólica de los privados, razón por la cual la CFE solo participa con el 38% de la generación de energía, no obstante que tiene una capacidad para generar el 54%.
El acaparamiento de la generación de energía eléctrica a manos de los privados es preocupante, basta ver las experiencias de países como España donde el mercado de la energía eléctrica está en manos de empresas privadas como Iberdrola, quienes han incrementado exponencialmente sus tarifas de energía eléctrica. El académico español Juan Carlos Monedero revela que el aumento excesivo de los precios de la luz en España se debió a una legislación que permitía a las empresas cobrar la energía más cara y que ello fue posible porque esas compañías contrataron expresidentes; agrega que algo similar pasó en México, cuando la empresa Iberdrola contrató a la ex Secretaría de Energía y al propio ex Presidente Felipe Calderón, quienes se llevaron información privilegiada al servicio de una trasnacional.
Con el propósito de lograr la autosuficiencia eléctrica de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para rescatar y fortalecer a la CFE como un organismo de Estado, para que ésta produzca y tenga un despacho prioritario de su energía para la comercialización de al menos el 54% de la electricidad consumida en el país y las empresas privadas lo hagan hasta en un 46%.
La iniciativa de reforma del Presidente propone la integración de la CFE como un organismo de Estado indivisible, responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración para que se garantice la seguridad energética, como condición necesaria de la soberanía y seguridad nacional, restableciendo un sistema eléctrico que asegure el abastecimiento de energía eléctrica a la población y a las actividades económicas a precios más bajos, que proteja la economía de las familias y garantice el derecho humano a la vida digna.
Propone la cancelación de las sociedades de autoabastecimiento, los contratos legados, los certificados de energía limpia y las subastas a largo plazo; eliminar la compra forzada de la energía generada por los privados, los subsidios, el financiamiento y el despacho prioritario de los privados.
Busca revertir los efectos dañinos de la reforma eléctrica de Peña Nieto al sistema eléctrico nacional, rescatar y fortalecer a la CFE con la generación de cuando menos del 54% de la energía eléctrica consumida en el país, ahora con un despacho prioritario, mientras los privados podrán participar con hasta el 46% restante de la energía, la cual venderán a la CFE mediante un mecanismo de adquisición donde se despachará en orden de mérito de costos de producción, que les signifique ganancias razonables sin que la población pague tarifas caras con aumentos por abajo de la inflación.
La reforma eléctrica de Peña Nieto es privatizadora, permite que grandes monopolios privados acaparen la generación de energía eléctrica, al grado que hoy concentran el 62%; de continuar este mecanismo, se estima que la CFE reduciría su despacho a un 29%, y a este ritmo en poco tiempo desaparecería la CFE, cumpliéndose el objetivo escondido de esa reforma entreguista, lo cual dejaría a 46.2 millones de usuarios domésticos a merced de los grandes monopolios privados, quienes, al igual que en España incrementarían de manera excesiva las tarifas, ya que tienen como objetivo la maximización de ganancias y no el bienestar social.
La reforma eléctrica propuesta por López Obrador establece a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, incorporando la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento como procesos indivisibles. La reforma no significa expropiar ninguna empresa ni estatizar la industria eléctrica, ni limitar la inversión privada en el sector, los privados podrán seguir haciendo negocios con ganancias razonables; significa poner orden, que el Estado recupere la conducción, la rectoría del sistema eléctrico nacional a través de la CFE.
La iniciativa de reforma ha generado una fuerte resistencia de las grandes empresas y monopolios privados nacionales y del extranjero como son las empresas españolas Iberdrola, Repsol, Elecnor y OHL, quienes ven en peligro sus privilegios y grandes negocios que realizan bajo el marco de la reforma energética de Peña Nieto; arguyen sin fundamento que la reforma va en contra de la inversión privada nacional y extranjera, que subirían las tarifas de la energía eléctrica, que limitaría el desarrollo de las energías limpias y que atenta contra el libre mercado y la competitividad. Sus argumentos son insostenibles, por ello empresas privadas como Iberdrola, Wal-Mart, Alsea, Kimberly Clark, Bimbo, Bachoco, Lala, entre otras no han participado o de plano han rechazado participar y debatir en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, prefieren pagar costosísimas campañas mediáticas en contra de la Reforma y del Presidente López Obrador.
La reforma reconoce la transición energética para contribuir a la mitigación del cambio climático, para ello se propone la renovación de centrales hidroeléctricas de la CFE y la construcción de parques fotovoltaicos de gran magnitud. El Estado establecerá la transición energética utilizando todas las fuentes de energía, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases con efecto invernadero y contará con políticas científicas, tecnológicas e industriales para impulsar la transición con financiamiento y demanda nacional como palanca de desarrollo. Se propone que el Estado tome la rectoría y control en la transición energética y con ello terminar con los abusos de los privados y por su importancia en la transición energética no se otorgarán concesiones de litio y demás minerales estratégicos necesarios.
