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lunes, 26 septiembre, 2022
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Respaldados por la fuerza pública imponen una evaluación impertinente

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS •

Los integrantes de la Junta de Gobierno del INEE, informaron a los participantes en el XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa, celebrado en la Ciudad de Chihuahua del 16 al 20 de noviembre, que la evaluación no cumplió cabalmente con los principios que deben ser cimiento de todo proceso de valoración de una tarea tan compleja. Reconocieron que no pudieron lograr que fuera integral, contextualizada, sensible a la diversidad, e indicaron que debería ser formativa, y no punitiva, pero que eso no será responsabilidad suya sino de las autoridades. Con claridad, expusieron que la ley establece plazos inamovibles de manera que hubo que echar a andar el proceso sin la validación necesaria, a marchas forzadas, por lo que la evaluación aplicada perdió pertinencia

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Cientos de investigadores, estudiantes de posgrado y maestros y maestras supieron que el proceso de evaluación que conducirá a emitir certificados de insuficiente, destacado, idóneo o no apto a profesionales que tienen 6 o 18 años de experiencia, tiene fallas serias, derivadas de la prisa y de la confusión de atribuciones entre el INEE, la SEP y la Coordinación del Servicio Profesional Docente.

Por ello diversos participantes en el mencionado Congreso Nacional de Investigación Educativa firmaron el texto siguiente:

  1. México necesita de manera urgente una profunda transformación de su sistema educativo como condición indispensable para un futuro con equidad e inclusión social, que garantice el derecho a una formación intelectual sólida y fortalezca la generación de una ciudadanía crítica y solidaria.
  2. La reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y le de sustento. Se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar. Se limita a regular las condiciones laborales del magisterio, a través de procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos, de manera vertical y autoritaria, las y los profesores en nuestro país.
  3. Los cambios se han realizado sin la participación ni la consulta debida a los maestros. Se les concibe como objetos y no como sujetos, actores imprescindibles en la transformación requerida. La reforma  se ha fincado en la estigmatización del magisterio. Con ello, no solo se perdió al actor principal de cambio en los procesos educativos, sino que se le desautorizó socialmente y se le condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo.
  4. Además de tener un carácter punitivo, los criterios rectores y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables. El apresuramiento en su diseño y construcción han impedido una validación adecuada de las pruebas y existe una gran improvisación en la capacitación de evaluadores. En suma, no se garantiza una evaluación confiable y en cambio se ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros.
  5. Consideramos que ni la violencia ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos, son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental, ni permiten atender las profundas necesidades educativas de nuestro país.

Lo que está en juego es vital para México. No es válido que la prisa, el prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante como es la educación de las niñas y los niños. Hay que sustituir el ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de los caminos por los que ha de transitar la renovación de la educación mexicana.

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