A pesar de los anuncios gubernamentales sobre el nuevo modelo de Vivienda del Bienestar, que busca facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes, mujeres jefas de hogar y personas vulnerables, la implementación enfrenta obstáculos significativos: requisitos legales complejos, comprobación de ingresos formales y ubicación periférica de las viviendas excluyen a muchos de los beneficiarios que pretende atender, dejando en evidencia una brecha entre la intención del programa y su alcance real.
El acceso a una vivienda digna ha sido uno de los compromisos más reiterados por los gobiernos federales en México, especialmente en los programas que se presentan como parte de una política social de transformación. Por ende, la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el nuevo modelo de Vivienda del Bienestar, una estrategia que busca facilitar el acceso a la vivienda a los sectores históricamente marginado.
Bajo esta línea, Octavio Romero Oropeza, titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), anunció recientemente en La Mañanera un cambio profundo frente a los esquemas anteriores. Según informó, el nuevo modelo eliminaría el antiguo sistema de 1,080 puntos que durante años condicionó la obtención de créditos hipotecarios, dejando fuera a miles de derechohabientes con ingresos mínimos o trayectorias laborales intermitentes.
“Fue una instrucción de la presidenta”, subrayó. El funcionario explicó que el esquema ahora se basa en tres requisitos básicos: percibir entre uno y dos salarios mínimos, no tener vivienda propia y contar con empleo formal. La propuesta, en el papel, representa un giro hacia la equidad: simplifica el proceso, reduce los filtros técnicos y amplía las posibilidades para quienes antes quedaban fuera del sistema. Sin embargo, las evidencias en campo muestran que la realidad aún dista mucho del discurso.
Aunque se anunció que el sistema de puntaje había sido eliminado, la situación en oficinas regionales del Infonavit sugiere lo contrario. En una visita a la delegación de Zacatecas, se constató que el requisito del puntaje mínimo sigue vigente. Los solicitantes deben contar con una precalificación basada en puntos para siquiera conocer el tipo de vivienda a la que podrían aspirar.
El personal del instituto explicó que el sistema de precalificación se encuentra en proceso de modificación, con una actualización prevista para finales de octubre. Se recomendó repetir el trámite en noviembre o diciembre, una vez aplicados los cambios. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado en qué consistirá la actualización ni cómo impactará a los trabajadores con bajos ingresos, lo que genera incertidumbre sobre si realmente se eliminarán los puntos o solo se ajustarán los criterios de cálculo.
Uno de los ejes más difundidos del nuevo modelo es el programa de vivienda para jóvenes, pensado para quienes inician su vida laboral. En Zacatecas, los desarrollos disponibles se ubican en la zona de Ojo de Agua, con viviendas de 60 metros cuadrados y precios promedio de 636 mil pesos, similares a los del conjunto “Gavilanes”.
A primera vista, el esquema parece ofrecer ventajas: se reduce el tiempo de cotización, ya que un joven puede obtener un crédito tras seis meses de antigüedad laboral. No obstante, el tipo de financiamiento revela una contradicción. A diferencia de programas anteriores, como los apoyos del Conavi, que operaban bajo un esquema más parecido a un arrendamiento con subsidio y sin necesidad de puntos, los nuevos proyectos dependen del crédito Infonavit tradicional, lo que implica una deuda hipotecaria de largo plazo.
“Pero la puntuación no es lo que importa, importa el monto de crédito que te otorgan, o sea, porque no pagas con puntos, pagas con dinero” declaró una testigo.
En la práctica, si el monto del crédito no cubre el costo total de la vivienda (por ejemplo, si un trabajador obtiene 600 mil pesos de crédito para una casa de 636 mil); debe cubrir la diferencia en efectivo, algo difícil de solventar para quienes ganan uno o dos salarios mínimos.
Además, la ubicación representa otro reto. Las viviendas están en zonas periféricas, lo que incrementa los tiempos de traslado y los costos de transporte. Así, la promesa de “acceso al bienestar” se diluye cuando las viviendas se encuentran lejos de los centros laborales o educativos.
De hecho, opciones de inmobiliarias privadas, como Grupo GIZ, ofrecen desarrollos similares (como el proyecto Alto Real en Guadalupe, Zacatecas) con precios equivalentes.
Paralelamente al programa para jóvenes, las opciones de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), pretende atender a familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales, en situación de vulnerabilidad o carencia social. En teoría, prioriza a mujeres jefas de hogar, personas mayores, indígenas y con discapacidad.
Sin embargo, los requisitos documentales y legales del programa se han convertido en un muro difícil de superar. Los solicitantes deben presentar: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial, comprobante de ingresos o carta de ingresos, certificado de no propiedad, comprobante de estado civil y carta de no derechohabiencia.
En casos específicos, deben aportar además constancias de discapacidad o certificados de jefatura de hogar. Aunque la Conavi afirma que estos filtros buscan garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan, en la práctica los criterios terminan excluyendo a las mismas personas que pretenden beneficiar.
Un caso registrado en Zacatecas lo ilustra: una mujer en proceso de separación acudió a solicitar una vivienda a su nombre. A pesar de ya no vivir con su esposo, le fue negado el trámite porque seguía casada legalmente. Las autoridades le explicaron que, al no tener sentencia de divorcio, su cónyuge aún tenía derechos patrimoniales sobre los bienes comunes, lo que la imposibilitaba para ser beneficiaria. Según explicó para el medio, si declaraba estar separada, debía acreditar la disolución del vínculo matrimonial. Así, quedó atrapada entre la burocracia legal y la vulnerabilidad económica.
A esta situación se suma su enfermedad: padece cáncer y no cuenta con servicio médico propio, pues no está afiliada al IMSS. Para poder recibir las quimioterapias necesarias está asegurada a través de hija. Sin embargo, cuando las autoridades le advirtieron que debía elegir entre continuar con ese beneficio o acceder a la vivienda, la decisión se volvió: salud y casa.
Otro obstáculo importante es el requisito de comprobación de ingresos. Si bien se dice aceptar una carta de declaración, en la práctica suele exigirse un comprobante de pago. En Zacatecas, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que la tasa de informalidad laboral alcanzó el 58.8% para el segundo trimestre del año, lo que significa que más de la mitad de la población ocupada carece de ingresos formales que puedan acreditarse. Este criterio excluye a una gran parte de las personas que viven al día, precisamente al grupo que el programa debería priorizar.
Además, se genera una contradicción: quien puede emitir un comprobante de ingresos normalmente cuenta con un empleo formal y prestaciones como el seguro social, lo que coloca nuevamente a los trabajadores informales en una situación de desventaja y exclusión.
