Reconoce el ministro la responsabilidad del Estado de gestionar el Bien Común, específicamente políticas públicas protectoras de la madre y de los hijos. Y a la vez, confiesa que ello no es una realidad. Al argumentar así, va apuntando a la idea de que entonces es recomendable el que se aborte, en lugar de afirmar categóricamente la necesidad imperiosa de que el Estado cumpla con su función trascendental.
Continúa él argumentando en tal sentido: «El derecho a la educación es limitado y sumamente escaso…….. Esto configura un Estado incapaz que, hasta hoy, ha fallado en proporcionar herramientas anteriores a la noticia de un embarazo para evitarlo o planificarlo durante la época de discernimiento sobre la situación de embarazo y, fundamentalmente, después del eventual nacimiento para asistir tanto a madre como a un hijo en el logro de una vida digna, lo que -desde luego- repercute en la decisión de una mujer, pues un Estado ausente en estos temas le genera a la madre una incertidumbre sobre la posibilidad de desarrollar su producto de vida y, más aún, sobre la capacidad de poder llevar a su hijo hacia un futuro de bienestar. Así, puedo decir que, por omisión, el Estado oriente involuntariamente la decisión de interrumpir el embarazo. Esto raya en la complicidad».
Grave afirmación la del ministro esa que habla de la «complicidad» en la decisión obligada en puridad, de interrumpir el embarazo, es decir, de privar de la vida a un hijo sin porvenir por culpa de las omisiones del Estado. Sin embargo, en lugar de señalar la necesidad de que el Estado asuma su papel y responsabilidad, elude el fondo, y apunta a una salida sofista, contraria a toda justicia, como se palpa en los siguientes dos párrafos de Pérez Dayán.
«En ese sentido, aun cuando la madre tenga la convicción de que la vida es el valor preeminente……, lo cierto es que, cuando las circunstancias no favorecen una decisión a una vida digna tanto para la madre como para el hijo, se fuerza a abrir otra posibilidad: la de la interrupción, sobre todo, porque no bastan la retórica y los discursos en defensa de la vida en gestación, sino que debe existir una posibilidad real de acceso a un desarrollo adecuado y a una vida plena, en caso de continuar con su embarazo».
«Y es frente a esta disyuntiva negativa de la mujer embarazada, derivada de su propia situación y de la falta de certeza sobre la posibilidad de incorporarse de manera exitosa en su maternidad a un proyecto de vida, que coincido con el sentido del proyecto». Tal sentido es el reconocimiento del supuesto derecho a decidir la interrupción del embarazo, del derecho a abortar como consecuencia lógica, en palabras francas de cualquier intérprete.
La hipertrofia del Estado orientando a la madre a abortar. Dice el ministro que el Estado lo hace involuntariamente; ello no es exacto pues el ministro sostiene a la vez, que en la omisión hay complicidad, y toda complicidad entraña voluntad. Tal cadena argumentativa y su conclusión, tienen, consecuencias gravísimas. Significan en puridad, que solamente la gente con recursos puede tener descendencia, algo verdaderamente aberrante.
Argumentación esa que en lugar de llegar a la conclusión de que la mujer puede elegir, la lleva a encontrarse entre la espada y la pared, lo cual no constituye ninguna posición desde donde se pueda elegir libremente. Así que, aun suponiendo sin conceder, que el aborto entraña el derecho de la mujer de elegir libremente sobre su cuerpo, ese argumento sostiene precisamente lo contrario, que la mujer no elige libremente, sino que su situación (motivada por un Estado incompetente) la obliga, la pone en la necesidad de abortar.
Dicha argumentación es muy peligrosa para cualquier persona, pues si se llevara hasta sus últimas consecuencias, como debería hacerse para probar la validez de un argumento, concluiríamos que cualquier persona que no tenga acceso por propia cuenta a una vida digna, es desechable. Por consiguiente, se está relevando al Estado de sus obligaciones, y encandilando a la mujer con supuestas libertades.
Creo sinceramente que el ministro Pérez Dayán no se representó, de manera consciente, las consecuencias a las que lleva su argumentación en la sesión citada del día 6 de septiembre de 2021. Ojalá se sirva recapacitar. En el tema de objeción de conciencia, fue muy acertado en contraste con sus colegas.
El ejercicio de ponderación entre principios jurídicos en colisión realizado por los ministros en la sesión citada, se centró de manera prácticamente exclusiva en uno de ellos, el del alegado derecho a decidir, con base en ideologías muy populares en este tiempo de deseos nihilistas, subestimando el derecho del concebido no nacido que debió ser ponderado no de forma superficial, sino exhaustiva, a la luz de la evidencia empírica y de la filosofía que busca el encuentro con verdades objetivas que garantizan que nunca un ser humano puede ser tratado como cosa manipulable, como medio para un fin (Kant).
Hay maneras jurídicas y justas de enfrentar el drama de las madres cuando abortan, como las causas de inculpabilidad, las excusas absolutorias y la idea de que la pena es el drama mismo. El tema por su trascendencia, debió ser sometido a un intenso debate nacional. Hago votos porque dicho debate se lleve a cabo y porque el Estado asuma su responsabilidad.
En suma, no hay nada paradigmático ni histórico en la resolución de la Corte, hay lugares comunes, dicho esto con respeto y afecto.
Dedico este artículo con admiración al profesor emérito, Víctor Manuel Pérez Valera, S.J., por sus argumentos en defensa del concebido no nacido, aparecidos recientemente en la prensa escrita; y por su libro sobre argumentación jurídica, basado en Bernard Lonergan, una lumbrera del pensamiento del siglo XX, por su método revolucionario acerca del conocimiento, de los pasos del entender humano, no visto desde Bacon; y con alto reconocimiento, al pluralismo de La Jornada Zacatecas.
