■ Dicen que no se han alcanzado los objetivos y cada vez hay niveles más altos de impunidad
■ Señalan que los pobres resultados se atribuyen a que no se ha dado una reestructuración interna en la Fiscalía General y los mandos medios continúan siendo los mismos
■ Le pidieron justificar el nombramiento de la ex diputada Lorena Oropeza como fiscal especializada en Trata de Personas; Murillo Ruiseco no respondió
Entre señalamientos de ineficiencia en el actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), y de fallas en la estrategia, por las que no se han alcanzado los objetivos marcados sino que, por el contrario, cada vez hay niveles más altos de impunidad. De esta forma se presentó este lunes a su comparecencia el fiscal Francisco Murillo Ruiseco.
Las críticas y los cuestionamientos a su trabajo provinieron de los legisladores de todos los grupos parlamentarios, quienes también hicieron preguntas que, finalmente, quedaron sin respuesta.
En los posicionamientos iniciales la diputada del Partido Verde, Susana Rodríguez, dijo que “no asumo que la tarea es sencilla ni las soluciones están en la vuelta de la esquina, pero pareciera que las estrategias son fallidas” cuando son los familiares de las víctimas los que tienen que investigar por su cuenta los delitos.
Por su parte, el diputado José Juan Mendoza Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática, mencionó varios ejemplos de casos que dijo que están impunes.
Uno fue el del altercado que se vivió en la campaña electoral en una taquería de la capital con un ex candidato a diputado local donde, precisó, ha habido “tortuguismo” de la fiscalía y también hizo referencia a la liberación de varias personas que habían sido detenidas, entre ellos policías municipales Trancoso, por el secuestro de un empresario constructor.
Estos casos evidencian, indicó, que “la fiscalía en unos hechos actúa con tortuguismo y negligencia y en otros actúa con mucha serenidad, raudos y veloces integran carpetas al vapor que luego les dan revés las autoridades jurisdiccionales”.
Asimismo, hizo referencia como otros legisladores al cambio que se dio de procuraduría a fiscalía asegurando que hasta el momento no ha habido mejoras.
Dijo que los resultados han sido “pobres, mediocres, grises, nulos, casi inexistentes en muchos casos” y lo atribuyó a que no se ha dado una reestructuración interna en la fiscalía y los mandos medios continúan siendo los mismos.
“Los resultados que le ha dado a Zacatecas son sumamente reprobables y, si no cambia, lo que se va a dar es su próxima destitución por su nivel de negligencia e ineficacia”, sentenció.
La calificación reprobatoria también se la dio la diputada Navidad Rayas, de Morena, quien retomó los resultados de un estudio que resaltó el propio fiscal en su intervención y que son los World Justice Project.
Tras señalar que, como dijo el fiscal, Zacatecas fue el segundo mejor evaluado, apuntó que “ninguna de las 32 entidades obtuvo un puntaje mayor a 0.5 en una escala de 0 a 1. Zacatecas, a nivel global en dicho estudio en Estado de Derecho, está en 0.44; esto significa que estamos reprobados”.
También la diputada Navidad Rayas en su intervención inicial como representante del grupo parlamentario de Morena criticó la información de la fiscalía que se incluyó en el segundo informe de gobierno, señalando que los datos que se proporcionaban no permitían saber los resultados de esa instancia.
“Su informe es una relatoría de reuniones con datos aislados que no permiten evaluar el desempeño de la fiscalía”, sostuvo.
Agregó que se señala como logro la recuperación de vehículos, pero no se informa sobre cuántos casos fueron denunciados para poder comparar las cifras y también dijo que se aportan datos sobre 32 sentencias condenatorias en homicidios, aunque no se especifica el número de asesinatos para saber qué porcentaje representa del total de casos. Ante esto, llamó al fiscal a no maquillar las cifras.
En la comparecencia, el mensaje del fiscal siguió en la misma tónica pues, por ejemplo, refirió que habido un incremento exponencial en el número de carpetas judicializadas desde 2013, año en el que fueron 778, a 2018, cuando a la fecha se llevan 2 mil 712. Sin embargo, no precisó cuántas de éstas ya están concluidas con sentencia u otra salida alternativa.
Murillo Ruiseco concluyó asegurando que “no tengo ninguna aspiración política, fuera de servir con honorabilidad al sistema de procuración de justicia”.
Otro de los temas que se tocó en varias ocasiones por los diputados lo introdujo el legislador Javier Calzada, de Encuentro Social (PES), en su posicionamiento inicial, donde pidió al fiscal que diera su justificación para haber designado a la ex diputada Lorena Oropeza como fiscal especializada en Trata de Personas.
En lugar de responder a la pregunta, Murillo Ruiseco aseguró que la Legislatura local, de acuerdo con el artículo 87 de la Constitución Política del Estado, tenía la facultad de impugnar la designación hasta el pasado viernes. No obstante, sostuvo que “yo no recibí absolutamente por la vía constitucional adecuada algún comentario”.
En la ronda de preguntas, el diputado Raúl Ulloa también del PES insistió con el tema pidiéndole a Murillo Ruiseco que les informara, no ellos como diputados, sino “a los Ministerios Públicos, a los abogados, a los jueces, que tienen la capacidad y experiencia suficiente para aspirar a ese cargo” acerca de cuáles fueron los criterios para la designación de la ex legisladora. En este caso, en su espacio de respuestas el fiscal omitió responder al cuestionamiento y no hizo alguna mención al respecto.
