■ Fue un error haber aprobado el envío al archivo muerto de 24 expedientes: Soledad Luévano
■ Anomalías por 50 mdp, en cuentas de ayuntamientos de 2011 a 2013 que he revisado: Acosta
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano, reconoció que fue un error de su parte haber avalado el envío al archivo muerto de 24 expedientes, los cuales contenían sanciones a ex funcionarios municipales (en 2009), pero por prescribir y registrarse deficiencias en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se dieron por cerrados, quedando en la impunidad ex funcionarios.
Luévano ha manejado en los últimos meses el discurso de combatir a la corrupción, pero en el caso referido dijo que no se dio cuenta de su voto, porque “ella confía” en los acuerdos que haga su coordinador (César Deras) con el resto de las fracciones.
Dijo en entrevista que ella revisa la Gaceta cuando inicia la sesión, porque en algunas ocasiones “no sabemos ni qué votamos y hubo una trampita para que se votara en paquete”. Insistió en que el martes no revisó la Gaceta Parlamentaria y votó “a ojos cerrados”.
Sin embargo, se justificó al decir que ya prepara una iniciativa de Ley de Adquisiciones, ya que actualmente es inexistente y ante ello se queda en la impunidad cualquier adquisición o mala licitación efectuada en el Gobierno estatal y los municipios. “La impunidad se respalda en que no tenemos ley que regule”, expuso.
Para los siguientes archivos que vayan en el mismo sentido, dijo que estará pendiente para que sin importar las inconsistencias que había en la ley hasta antes de 2013, se agoten los procedimientos y ya sea decisión de los sujetos obligados si impugnan las sanciones que se les apliquen.
“Es nuestro trabajo, porque de lo contrario pareciera que no tiene sentido tener una Auditoría Superior o una Secretaría de la Función Pública, porque el trabajo se va a la basura”, enfatizó.
50 mdp en cuentas públicas de 2011 a 2013
El presidente de la Comisión de Vigilancia, el panista Luis Acosta Jaime, justificó su voto a favor de enviar al archivo expedientes que ya habían prescrito y que no serían sancionados por las fallas en la pasada ley, en el sentido de que son cuentas públicas que a él no le correspondió revisar porque son de años anteriores.
Ante el anuncio de la Comisión Jurisdiccional, referente a que por inconsistencias en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos hasta antes de febrero de 2013 no se podrán aplicar sanciones, Luis Acosta dijo que las cuentas públicas municipales de 2011 a 2013 que le ha toca revisar, se han encontrado irregularidades por alrededor de 50 millones de pesos, sin embargo, no es un monto que los sujetos observados deberán resarcir por ahora, puesto que aún tienen el derecho de defenderse y presentar pruebas a su favor para solventarlos.
Dijo que a reserva de platicar con la presidenta de la Comisión Jurisdiccional, Susana Rodríguez, en los archivos aprobados el pasado martes, no hubo alguna sanción de carácter resarcitorio, sólo administrativas, “pero déjenmelo consulto para ver bien el contexto, la verdad no quisiera adelantar”.
Aunque reconoció que “hay muchas” sanciones de carácter resarcitorio que no se han podido cobrar desde tiempo atrás y no “sabría decir a cuánto ascienden, porque sólo he revisado las que datan de mi periodo al frente de la comisión”.
Se intentó localizar sin éxito a los coordinadores de las fracciones del PRD y PRI, Iván de Santiago y José Haro, respectivamente, para conocer el por qué decidieron votar en ese sentido y enviar al archivo expedientes con sanciones.
Confusión en actores de la fiscalización, por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Entre los diferentes actores de la fiscalización, hay confusión respecto del estatus que guarda la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras relacionadas con ella. Voces como la de la legisladora panista, María Guadalupe Medina, han dicho en otras ocasiones que no hay ley y, por tanto, es urgente sacar una nueva adelante; la ecologista Susana Rodríguez comenta que sí existe, pero apenas hace poco se “refrendó” (2013), esto con relación a la declarada inconstitucional en 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También en declaraciones de hace algunas semanas, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Acosta, ha hablado de las inconsistencias jurídicas y la posible inconstitucionalidad de la Ley de Salarios Máximos. Apenas ayer la diputada de Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano, aludió a la inexistencia de la Ley de Adquisiciones.
El secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar Carranza, asegura que la Ley de Responsabilidades es sólida. Durante su pasada comparecencia en la 61 Legislatura, el procurador de Justicia, Arturo Nahle, aludió a los diputados la inexistencia de una Ley de Adquisiciones. Se buscó al coordinador general jurídico de Gobierno del Estado, Uriel Márquez, para que detallara el estatus real de las leyes en mención, pero no se le logró localizar.
El único tópico en el que han coincidido los diferentes actores, es en la declaración de inconstitucionalidad que hiciera en 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que databa del sexenio de Ricardo Monreal, pero nunca fue refrendada por el secretario del ramo.
Motivo por el cual se provocó un vacío jurídico que ha dejado y dejará en la impunidad a todos aquellos servidores públicos, a quienes se les fiscalizó con dicha ley (antes de 2013). Al ser inconstitucional, cualquier sanción administrativa o resarcitoria aunque tenga sustento por las ilegalidades cometidas por servidores públicos, no tiene aplicación y por ende quedan inmunes, incluso de regresar al erario dinero que hayan desviado.
Después de la resolución de los ministros, en la pasada 60 Legislatura se aprobó una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, contenida en el decreto 372, el cual no fue publicado por el Ejecutivo estatal aludiendo algunas inconsistencias, de modo que le hizo observaciones y la regresó al Congreso. Apeló a que no cumplió con ciertas formalidades legales necesarias.
Entre las causales aludió a que una reserva propuesta por el entonces diputado Felipe Ramírez Chávez, jamás se sometió a la discusión del Pleno, no así otras reservas.
Después de hechas las correcciones desde el Ejecutivo, la ley fue avalada por los diputados y actualmente está vigente desde el 7 de febrero de 2013, según está publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. (Casi dos años después de invalidada la anterior ley).
También es de mencionar que dicha norma se realizó antes de la reforma a la Ley de la Administración Pública Estatal, de modo que en su estructura del cuerpo normativo aún se alude a la Contraloría Interna de Gobierno del Estado en lugar de la Secretaría de la Función Pública, que es el nombre actual.
A decir de algunos especialistas, esos desfases no la hacen sujeta de visos de inconstitucionalidad una vez más, puesto que en los artículos transitorios se detalla qué se entiende por Contraloría Interna y algunos otros términos, de modo que no se avizoran nuevos inconvenientes para futuras sanciones que se lleguen a aplicar con motivo de la fiscalización. Hay voces que opinan lo contrario.
