El 10 de mayo pasado, en un municipio michoacano, un convoy de varios vehículos con personal militar fue objeto de una evidente provocación con el propósito de que los militares respondieran haciendo lo que a gritos les exigían los provocadores: disparar y causar daños a civiles desarmados que al parecer deseaban distraerlos de la misión que tenían encomendada. Durante la conferencia mañanera del presidente AMLO, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que personal militar no hizo uso de la fuerza al encontrarse con el grupo de civiles en Michoacán debido a que no estaban armados. “Cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos, la Ley (Nacional Sobre el Uso de la Fuerza) establece la gradualidad con la que debemos de actuar, y también establece cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes, de la gente que tiene armas, también ahí viene establecido en qué momento debemos hacer uso de las armas, en qué momento debemos suspender y respetarle los derechos humanos”, explicó Sandoval. El asunto fue tratado en varias ocasiones por AMLO fijando la misma posición: “las fuerzas armadas están obligadas a respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidos los delincuentes; esa es mi convicción personal”, dijo en un cuartel de la Guardia Nacional, donde también ponderó que en su formación se incluya la materia de los límites del uso de la fuerza.
Ante el hecho de que el asunto no pasó a mayores, no se disparó un solo tiro ni se lastimó a nadie, el gobierno no dio más información, pero a las pocas horas, las palabras del presidente fueron utilizadas para ilustrar diversas agresiones armadas y para hacer creer que al presidente le preocupan más los derechos de los delincuentes que la seguridad de la población. Los principales comentaristas de Grupo Fórmula, de Milenio, y los de siempre, se dieron vuelo insistiendo en un único mensaje: el presidente puso en rídiculo al Ejército y ya debe soltarles los brazos, los derechos humanos de las personas son un estorbo para el combate a la delincuencia; ya entrados en gastos, hubo comentaristas que ante el asesinato de un niño de 3 años en el municipio de Fresnillo levantaron la exigencia de pena de muerte para quien cometa ese tipo de delito. O sea “Ojo por ojo, diente por diente”. De buenas a primeras, periodistas que señalan que vivimos en una dictadura levantaron una oleada de videos y toda clase de montajes para engañar a la gente, acusando al presidente de protector de asesinos. Ese es el sistema de medios que tenemos.
Es una película que ya vimos: la gente responde al estímulo de manera elemental y es relativamente fácil promover el repudio a las autoridades que defienden los derechos humanos. Hace dos o tres décadas se escuchaban con frecuencia opiniones de que sería conveniente cancelar o reducir derechos humanos, aunque sin referirse a todos, sino sólo a aquellos, como los de orden procesal, que dificultan o impiden aprehender y encerrar a los criminales. Despúes de cientos de debates en Congresos especializados y en los parlamentos ha quedado claro que las garantías procesales fijan, sin duda, límites y condiciones a la acción represiva de las autoridades, pero no para defender a los sospechosos de haber cometido un crimen, sino para defendernos a todos nosotros, a los ciudadanos, a los gobernados, de los excesos, arbitrariedades y violencias en que con tanta y tan lamentable frecuencia incurren los encargados del orden.
Nunca debemos olvidar que violar estos derechos humanos también aumenta la delincuencia y, por desgracia, la de la peor especie: la que cometen quienes dicen estar luchando contra ella. La conclusión, así pues, no admite excepciones: violar los derechos humanos es alentar el crimen. Ningun servidor público debe estar autorizado a violar ningun derecho a ninguna persona. En eso debemos cerrar filas con el presidente.
Aunque el presidente ha mostrado una gran fortaleza y paciencia, lo cierto es que las últimas dos semanas, de la nada, sin algun hecho importante que los sustente, el sistema de medios desbordó todos los límites, pasando de acusar al presidente de permitir la humillación del Ejército, a la acusación de protector de criminales con la excusa de proteger los derechos humanos. Da la impresión de que este nivel nunca antes visto en los ataques mediáticos y de los “expertos” contra AMLO tienen el propósito de incidir en las tendencias electorales en las seis entidades donde habra elecciones en dos semanas, sin embargo, en esta ocasión se generaron indicios de una severa involución en el comportamiento de grupos opositores que incrementaron la violencia, todavía verbal, de sus ataques a las autoridades federales, incluyendo las corporaciones militares. Parece evidente que ya es necesario poner un límite al uso irresponsable de las redes de comunicación social.
