Todas las personas somos fundamentales. Todos nuestros derechos humanos, individuales y colectivos, tienen la misma consideración constitucional, en términos generales y abstractos. Cada persona podemos valorar nuestros propios derechos de formas distintas. Habrá quienes les demos más importancia a unos que a otros.
Reconocido eso, todo mundo tenemos el derecho de exigir que nuestros derechos se respeten y garanticen. Por supuesto, es decisión de cada quien si la defensa de sus derechos la plantea en lo individual, o con un enfoque colectivo. Obviamente, hay derechos de grupos y comunidades que en colectivo se desarrollan a plenitud.
Todas las instituciones de un gobierno que se crea democrático están para hacer nuestros derechos realidad. Aunque siempre existan intereses en conflicto, tienen el deber, como autoridades de Estado, de tener como referentes primordiales a nuestros derechos. Deben tratar de equilibrarlos en cada escenario, sin ignorarlos.
Cuando las autoridades de primera línea fallan, cobran mayor relevancia los juzgados. La obligación de cualquier instancia judicial es proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Es su trabajo, su responsabilidad, su razón de ser. Y tenemos un derecho a una justicia rápida, sencilla, accesible, completa y efectiva.
El repaso de esas ideas tantas veces expuestas, sigue siendo necesario. La moral de nadie es impedimento para que se nos permita exigir y defender lo que es bien común, punto de encuentro, rasgo de identidad en nuestra diversidad: nuestros derechos humanos. No debería haber represalias por ello, menos desde el Estado.
Pero estamos en México y las cosas distan mucho del ideal propuesto. Acá, velar porque se acaten los mandatos constitucionales ante groseras violaciones de esos derechos está expuesto a intereses políticos. Acá, antes de tratar de entender y coincidir con exigencias de otros grupos, nos ponemos a criticarlas sin conocerlas.
No siempre pasa, por fortuna. Pero entre tanto vaivén a veces brota el desánimo. Así que a mí mucho me entusiasma escuchar historias de lucha por los derechos. Las decepciones, desilusiones, desengaños y frustraciones no alcanzan a eclipsar la esperanza de que cada vez más personas demanden respeto a esos derechos.
Honor a quien honor merece, somos las personas y comunidades como titulares de derechos las principales protagonistas de las causas por la libertad, la igualdad o la justicia social. Y después, muy cerca, las organizaciones y las personas que nos acompañan. Ojalá cada día nuestras cercanías y solidaridades sean mayores.
Entre tanto, hay muchas formas de participar. Se ofrece trabajo pro bono cuando se espera una masiva interposición de demandas contra actos de autoridad como el padrón de celulares. Desde varios lados se combate la imposición de supuestos proyectos de desarrollo. Me pregunto, ¿tendremos las vías judiciales necesarias?
Sabemos ya, que aquí sí hay juzgados. ¿Cómo ayudamos entonces quienes nos dedicamos profesionalmente a litigar causas de derechos humanos? Mi respuesta: con mejores estrategias, con miras más altas, con objetivos más ambiciosos. Son muchas las necesidades, son muchas las maneras. Conviene mostrar practicidad.
En mi opinión, una herramienta que permite hacer más con menos, y más rápido, es el interés legítimo colectivo. Dos ejemplos: el personal médico privado tiene derecho a exigir que les vacunen, no antes que el resto, pero sí antes de esperar a que les toque por su edad. Sus pacientes tenemos claro interés legítimo colectivo.
Por muy grande que sea el grupo de personas que se reúna para reclamar lo del padrón de celulares, sería más práctico un litigio de interés público que se accione con un interés legítimo colectivo. Que busque una suspensión, y después un fallo, con matices al principio de relatividad en el amparo. Algo inviable individualmente. Y es por eso que deberíamos interesarnos en el desarrollo de ese interés legítimo.
