Después de que la reforma electoral constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal remitió al Senado, el pasado 17 de marzo, la iniciativa conocida como “Plan B”. Este paquete de modificaciones legales y constitucionales busca reconfigurar aspectos institucionales del país, con énfasis en la austeridad republicana, la reducción del gasto público en estructuras de representación y ajustes a mecanismos de democracia directa.
Entre las propuestas más relevantes
figura la modificación al artículo 35
constitucional en materia de revocación
de mandato, ampliando el periodo para
solicitar este mecanismo.
Entre las propuestas más relevantes figura la modificación al artículo 35 constitucional en materia de revocación de mandato. Se sustituye el término “Presidente de la República” por “persona titular del Ejecutivo Federal” y se amplía el periodo para solicitar este mecanismo, permitiendo su activación en el segundo o tercer año del sexenio. La jornada de votación se fijaría para el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio. De aprobarse, la presidenta Sheinbaum podría someterse a revocación en 2027 o 2028.
Otro cambio clave flexibiliza la promoción del proceso: la persona sujeta a revocación podrá difundir el ejercicio y promover el voto a su favor, siempre dentro de los términos legales, aunque persisten prohibiciones como el uso de recursos públicos, tiempos oficiales y la suspensión de propaganda gubernamental durante los 60 días previos a la consulta.
También se plantea la reestructuración
de los ayuntamientos con una sindicatura
y un máximo de entre siete y quince
regidurías; buscan achicar los cabildos
y, por ende, el gasto en representación política.
En el artículo 115, relativo a los municipios, se plantea una reestructuración de los ayuntamientos: se integrarán por una presidencia municipal, una sindicatura y un máximo de entre siete y quince regidurías. La medida busca achicar los cabildos y, por ende, el gasto en representación política. En Zacatecas esta disposición tendría impacto limitado, ya que los municipios más poblados cuentan actualmente con hasta 14 regidores.
Sin embargo, el ajuste más severo recae en el artículo 116, que fija un tope al presupuesto anual de los congresos locales: no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de egresos de cada entidad federativa.
En el caso de Zacatecas, la aplicación inmediata de este criterio obligaría a una reducción drástica. Con base en el Presupuesto de Egresos del Estado autorizado para 2026 —42 mil 092 millones de pesos—, el nuevo límite implicaría un techo aproximado de 294.6 millones de pesos para el Poder Legislativo local.
En contraste, las y los diputados zacatecanos ejercen actualmente 537.1 millones de pesos, equivalentes al 1.28 por ciento del gasto estatal total. La diferencia —alrededor de 242.5 millones— representaría un recorte del 45.15 por ciento, lo que demandaría una profunda reingeniería interna: recorte de estructuras administrativas, ajustes salariales, disminución de asesores y revisión de programas operativos.
La Legislatura de Zacatecas tendría que operar con prácticamente la mitad de su presupuesto actual, resume la iniciativa en su exposición de motivos, que enmarca estas medidas como un compromiso con “el uso eficiente del gasto y el cuidado de los recursos públicos”, orientando los ahorros hacia sectores prioritarios.
El paquete se articula en tres ejes principales:
1. Tope del 0.7 por ciento al gasto de los congresos locales.
2. Ampliación y flexibilización de la revocación de mandato.
3. Reducción del tamaño de los ayuntamientos mediante el límite de regidurías.
La disminución en el número de regidores no implicará una merma directa en el presupuesto municipal total. Los recursos liberados permanecerán en el ámbito local y podrán redirigirse a servicios públicos, obra municipal o programas de bienestar social.
“Los ahorros no se van: se quedan en los municipios para gasto social”, destaca la propuesta. No obstante, analistas advierten que la medida podría afectar la representación política y el equilibrio de fuerzas en los cabildos.
A nivel federal, se plantea una
reducción acumulada del 15%
en términos reales para el Senado
a lo largo de cuatro ejercicios
fiscales, con base en el presupuesto 2026.
A nivel federal, se plantea una reducción acumulada del 15 por ciento en términos reales para el Senado a lo largo de cuatro ejercicios fiscales, con base en el presupuesto de 2026, reforzando el discurso de austeridad que ha marcado las iniciativas del Ejecutivo en los últimos años.
En Zacatecas, el impacto sería especialmente agudo. La magnitud del ajuste al Poder Legislativo obligaría a redefinir salarios y estructuras en un contexto de cuestionamientos persistentes sobre el uso de recursos públicos y la eficiencia legislativa.
El debate se ha intensificado con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, que revelan que algunos funcionarios —incluidos diputados locales y alcaldes como el de Fresnillo— perciben ingresos superiores al del gobernador David Monreal Ávila. Según la última actualización disponible, los diputados locales reciben un sueldo mensual bruto aproximado de 126 mil 048 pesos (neto cercano a 98 mil 535 pesos), mientras que el mandatario estatal registra 115 mil 924 pesos brutos (81 mil 350 netos), lo que contraviene el principio de que ningún funcionario puede ganar más que el titular del Ejecutivo.
La polémica también surge de cálculos circulantes en el debate público donde la Presidencia de México estima un costo por diputado de alrededor de 12 millones 204 mil pesos anuales. Aunque algunos diputados locales han calificado esta interpretación como imprecisa, los datos alimentan la discusión nacional sobre el verdadero costo del funcionamiento de los congresos estatales y la necesidad de una austeridad efectiva.
