La participación de la Iglesia en política, la católica en nuestro caso, siempre ha existido. Ha ocurrido en todos los tiempos desde que la Corona del Imprerio español decidió que la conquista y colonización de las nuevas tierras que se descubrieron y fueron anexadas puso como divisa que el sometimiento de sus originarios pobladores debería de ocurrir con violencia y “pasto espiritual”. A los guerreros de lanza, escudo y coraza con el auxilio del caballo, los perros de caza y sobre todo la pólvora que vomitaban los arcabuces y cañones se uniría la cruz que cargaban los frailes desde la llegada de Cortés, mismos que acompañaron a los ejércitos de conquistadores. La conquista se logró con la espada y la cruz. La primera para someter a los rebeldes e insumisos; la cruz mediante la que se les impuso una nueva creencia a los naturales herejes y remisos. Pues se trataba con este símbolo de imponerles una nueva religión, de que en su imaginario abandonaran sus creencias, mitos e ídolos a los que los europeos asociaban con el diablo y adoptaran en su mente otras creencias, que no eran sino las que ellos traían. En otras palabras, había que dorarles la píldora y lavarles el cerebro. Todo esto iniciaba con el bautizo y el proceso de la evangelización.
Por eso, no sería casual que la antesala de la independencia, los dueños de los medios de producción de la diócesis de Michoacán (que comprendía básicamente, Guanajuato, Querétaro y Michoacán), hacendados, mineros, grandes comerciantes y la propia Iglesia acudieran con su representante, el obispo ilustrado Manuel Abad y Queipo, para que abogara por ellos y defendiera sus intereses y privilegios ante la autoridad política que por medio del cobro de los vales reales les imponían prestamos forzosos que afectaban su poder económico.
Por su parte, en Zacatecas, una copia de la queja-solicitud del obispo michoacano; le fue entregada corregidor intendente Feliphe Cleere, en representación del “vecindario” y notables de la ciudad, el cura rector y juez eclesiástico, don José Antonio Bugarín en la misma fecha en que se tomó la razón y se firmó la carta de pago del diputado Juan Martín de Cenoz. Tenemos así, de manera un tanto análoga y por el mismo tiempo, la acción filantrópica y de un claro compromiso social que Queipo asumió con su comunidad en Michoacán ocurría también en Zacatecas. Como debió ocurrir en otras provincias de la Nueva España, pues el malestar entre las “fuerzas vivas”, era generalizado.
Abad y Queipo, con su representación de 1805 en defensa de los labradores de su diócesis, iría más allá y lo haría en la antesala de tiempos revolucionarios, cuando se gestaron las condiciones objetivas para un estallido social. Pero, ¿qué es lo que proponía y solicitaba el Obispo a nombre de los labradores de Valladolid de Michoacán para hacer menos penosa la carga que imponía la Real Cédula del 26 de diciembre de 1804 y que años después el Obispo consideró que influyó decisivamente en la insurrección?
Tenemos así, de manera un tanto análoga y por el mismo tiempo, la acción filantrópica y de un claro compromiso social que Abad y Queipo asumió con su comunidad en Michoacán, en Zacatecas ocurrió algo similar, con la participación del cura rector y juez eclesiástico, José Antonio Bugarín, si bien éste no tenía la jerarquía del obispo de Valladolid.
La participación del obispo Abad y Quipo en Michoacán y la del padre Bugarín en Zacatecas son claros ejemplos de cómo religión y política, Iglesia y Estado, han estado imbricados.
