Para que la posibilidad de que los trabajadores puedan jubilarse con una pensión aproximada a su último salario recibido (sobre todo de los que ganan hasta tres salarios mínimos que son el 76% de la población económicamente activa), sería viable si los fondos de pensión se estuvieran invirtiendo en el impulso de la producción de bienes manufacturados y agrícolas de consumo salarial para satisfacer la mayor demanda que esas jubilaciones generarían. Así se impulsaría más la actividad económica y la generación de empleo formal para que un mayor número de trabadores coticen en el fondo de pensiones para cubrir una mayor tasa de remplazo (monto de jubilación) que se acerque al último salario recibido por el trabajador. Si el 100% de los trabajadores fueran formales y cotizaran en el sistema de fondos de pensión y si dichos recursos impulsaran la actividad productiva y generasen alta rentabilidad, se podría cubrir una alta tasa de remplazo y así no tendría que contribuir el gobierno para cubrir una mayor jubilación. Mucho se ha dicho que la propuesta del presidente de la República de elevar el monto de las jubilaciones implicaría un costo a las finanzas públicas y un incremento del déficit fiscal, que repercutiría en alza de impuestos para poderla financiar y/o en adicionales recortes presupuestales para evitar la ampliación del déficit fiscal. Ello se evitaría si tuviésemos pleno empleo formal y si tales fondos se reinvirtiesen en el sector productivo de alta rentabilidad y en la producción de bienes salariales para satisfacer la mayor demanda que se derivaría de esas mayores pensiones, a fin de evitar presiones inflacionarias, como sobre importaciones y sobre el déficit de comercio exterior.
El problema nuestro es que los trabajadores formales que cotizan en el sistema de ahorro para el retiro son alrededor del 44% de la población ocupada y dichos recursos financieros no van al impulso del sector industrial y agrícola nacional, ni a la generación de empleo formal, por lo que no se genera la riqueza necesaria que permita que el monto de las jubilaciones se aproxime al último salario percibido por el trabajador. Si el gobierno cubriese parte de dicha jubilación se incrementaría el déficit fiscal, pero esto no generaría un problema financiero, como muchos lo han dicho, pues la deuda interna se refinancia. Además, al aumentar el monto de la jubilación, se incrementaría la demanda y la actividad económica y el empleo, lo que se traduciría en mayor recaudación tributaria y de esta manera se reduciría el déficit fiscal. Finalmente, el gobierno recauda lo que gasta si este tiene un alto efecto multiplicador interno. El problema es la alta tasa de interés de la deuda pública, que es la que incrementa las presiones sobre las finanzas públicas y el monto de la deuda. Si la tasa de interés fuese menor que el crecimiento del ingreso nacional y de los ingresos tributarios, no se estaría ocasionando fuertes déficit sobre las finanzas públicas y no ocasionaría recortes presupuestales. El problema es la alta tasa de interés establecida por Banxico, que es lo que presiona sobre las finanzas y el déficit fiscal. A ello se suman los rezagos productivos manufacturados y agrícolas que reducen la oferta nacional, por lo que las mayores jubilaciones, generarían presiones inflacionarias, sobre importaciones y el déficit de comercio exterior, que presionarían a su vez sobre el tipo de cambio.
El debate sobre la reforma al sistema de pensiones debería centrarse en reducir la informalidad de los trabajadores, para que todos sean formales y así aumentar el número de contribuyentes al sistema de ahorro para el retiro, para así incrementar los fondos para que se inviertan en proyectos productivos rentables y de bienes de consumo salarial que incrementen y refuercen la generación de empleo formal. La reforma al sistema de fondo de pensiones debe abolir las Afores, pues son las que se han enriquecido a costa de los trabajadores y debe ser una institución del sector público (con transparencia y participación de los trabajadores) para canalizar dichos recursos al impulso de la capacidad productiva y del empleo nacional. Esos recursos no se deben invertir en el mercado de capitales, pues ello es especulación y no contribuye al crecimiento económico, ni a la generación de empleo y ante cualquier caída de tales mercados se evaporan dichos recursos y pierden los trabajadores. También la reforma al sistema de pensiones debe contemplar (como lo señalé en mi artículo del 15 de enero 2024) poner un tope máximo a las jubilaciones estratosféricas de forma que éstas no descapitalicen a las empresas públicas, ni presionen sobre las finanzas públicas, que terminan reduciendo la capacidad de inversión y de crecimiento de la economía.
