Médicos e inseguridad

En mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una polémica propuesta al decir que serían contratados médicos cubanos para cubrir las demandas sanitarias en la profundidad rural del país. Esta propuesta ha destapado la oscura y cruel realidad que esas zonas representan en términos laborales, misma que ha traído como consecuencia el déficit médico: el riesgo de perder la vida en manos del crimen organizado, situación que ha traspasado en esas zonas sin ni siquiera recibir un salario justo o la garantía de un contrato permanente, que de alguna manera, equipare ese peligro latente.
Teniendo como escenario esta realidad, la semana pasada fueron asesinados dos médicos: el lunes 11, Masiel Mexia Medina, médico anestesióloga del IMSS, que laboraba en la comunidad de San Juanito, Bocoyna, Chihuahua; fue asesinada a balazos en su domicilio. Cuatro días después, el viernes 15, Eric David Andrade, pasante de medicina, fue ultimado a balazos mientras atendía a un paciente en la clínica donde prestaba su servicio social que estaba por concluir, en el Hospital Integral de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.
Los dos homicidios han motivado protestas exigiendo a los gobiernos federal y estatales su intervención para garantizar la seguridad de los médicos que laboran o prestan su servicio social, principalmente en zonas rurales. Por lo que se refiere al médico pasante, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF) compartió su posicionamiento de indignación, en el que aseguraron que las condiciones para realizar prácticas médicas no son las adecuadas y exigieron al gobierno estatal hacer justicia.
Obviamente que los mencionados no son los únicos casos, existen muchos otros. Pero sí cabe destacar que el homicidio de la doctora se llevó a cabo en San Juanito, una comunidad perteneciente al municipio de Bocoyna, Chihuahua, entidad en la que hace menos de un mes, pero en la comunidad de Cerocahui, del municipio de Urique, fueron también asesinados dos sacerdotes jesuitas junto con un guía turístico, sin que a la fecha se tenga noticia de que haya sido detenido algún presunto responsable de esos hechos.
De manera urgente, no sólo los gobiernos estatales, sino el mismo gobierno federal, deben asumir su responsabilidad en la pronta investigación de estos homicidios, ya que algunos rectores de Universidades y Facultades de Medicina a las que pertenecen los médicos en peligro han exigido, con justa razón, implementar medidas para garantizar su seguridad, y por lo pronto suspenderán el envío de pasantes de medicina en zonas rurales de Chihuahua y Durango. En tal virtud, el gobernador de esta última entidad, José Rosas Aispuro, anunció que se cancelaron temporalmente las prácticas de alumnos que acudían a 150 clínicas en áreas campesinas y violentas. Respecto al primer estado, mediante presión a través de una marcha de 300 alumnos, lograron que la Secretaría de Salud de la entidad cancelara las pasantías de 31 estudiantes en localidades identificadas como inseguras en municipios serranos, así como en las regiones noroeste, centro y sur del estado. En un comunicado la UACH aclaró que está a favor de atender áreas vulnerables de la Sierra Tarahumara, “pero no es posible enviar a los jóvenes estudiantes a zonas de riesgo”. Por tanto, se manifestaron para acusar a los gobiernos federal y estatal de considerarlos como mano de obra barata y no garantizarles seguridad en centros de salud.
Mediante amenazas, igual riesgo corren los pasantes en áreas rurales del estado de Coahuila. Según denuncia el propio director de la Facultad de Medicina de esa Universidad, en un Ejido de Ramos Arizpe colocaron una cabeza de ganado en una vara cerca del Centro de Salud donde laboraba una alumna.
Hay otros estados en los que médicos son perseguidos por camionetas con hombres armados, son “son levantados” y obligados a atender a personas; en otras ocasiones los “sacan” de las clínicas en donde prestan sus servicios y tampoco faltan aquellos que son asesinados por los propios pacientes. A muchos también les tocan las puertas de sus viviendas. En Guerrero, por ejemplo, les cobran “derecho de piso” a los hospitales rurales.
Testimonio son muchos y variados. Aquí solo algunas referencias para darnos cuenta del grado de riesgo en que se encuentran estos profesionistas, principalmente en zonas rurales.
Preocupado, el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila pide que se garantice la seguridad de la gente que va, de buena fe, a dar un servicio a la comunidad y a tratar de resolver los problemas de salud más básicos, por lo que requiere de acercamiento con las autoridades de la Secretaría de Salud Estatal y de Seguridad Pública para plantearles sus inquietudes con objeto de que se garantice la seguridad de los médicos.
Fue por eso que, cuando en el mes de mayo pasado, el presidente López Obrador dice que quiere que los médicos cubanos trabajen en comunidades rurales con pocos servicios médicos, los doctores mexicanos reclamaron que se les debía dar prioridad de contratación a ellos antes de recurrir a extranjeros. Pero, enfatizaron, garantizando su seguridad y la dignidad de su trabajo.
Urgente es cambiar lenguaje belicoso de las mañaneras.