El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que busca expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos y otros actores involucrados con el contrabando de fentanilo desde la frontera con México, como proveedores de precursores químicos chinos.
Avalada con 23 votos por el comité, la propuesta, nombrada Ley para Rechazar el Fentanilo (FEND Off Fentanyl Act), declara al trasiego de este opioide como emergencia nacional y requiere que el presidente Joe Biden expropie inmuebles, cuentas bancarias y otros activos de traficantes, mientras usa las ganancias de la propiedad confiscada para mejorar los esfuerzos de lucha contra las drogas en Estados Unidos.
En el Senado, la medida cuenta con el apoyo de al menos 60 de los 100 legisladores, quienes ya la respaldaron con sus firmas.
El senador demócrata por Ohio, Sherrod Brown, presidente del comité y copatrocinador de la propuesta, argumentó que la iniciativa “utiliza nuestro arsenal económico para apuntar a la cadena de suministro extranjera de fentanilo, desde los proveedores químicos chinos hasta los distribuidores de cárteles mexicanos y los lavadores de dinero que se benefician del comercio ilícito de drogas”.
“En 2021 el fentanilo estuvo involucrado en 80 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas no intencionales en Ohio”, agregó el legislador.
Alcance del proyecto
El proyecto busca fortalecer la capacidad de los reguladores para destituir a los ejecutivos que no supervisan y administran adecuadamente su banco.
El senador republicano de mayor rango, Tim Scott, señaló que el proyecto “ordenará al Departamento del Tesoro que use herramientas de sanciones económicas para sofocar las ganancias de los fabricantes de precursores chinos y los cárteles mexicanos que empujan el fentanilo a través de la frontera”.
De ser aprobado por ambas Cámaras del Congreso, el proyecto del Comité de Asuntos Bancarios del Senado irá más allá de lo contenido en la Orden Ejecutiva 14059, emitida en 2021, para modernizar las sanciones contra el tráfico de drogas, porque permitiría al presidente no sólo congelar activos, sino expropiarlos.
Uno de los principales puntos del proyecto es que exige al Ejecutivo enviar un reporte al Capitolio sobre la modalidad de lavado de dinero en México, China y Myanmar que utiliza transacciones de bienes comerciales legítimos para disfrazar su origen ilícito.
