El sistema nacional anticorrupción, y el propio sistema estatal, fueron creados bajo la lógica de articular instituciones cuya finalidad era aportar, desde una perspectiva horizontal, a la rendición de cuentas, agregando un ingrediente inherente al concepto de buen gobierno, gobernanza y gobierno abierto: la participación ciudadana, a través de la integración de un Comité de Participación Ciudadana que, además de todo, lo coordinaría. El diseño es idóneo a nuestra realidad social y política, nuestra transición a la democracia dio cuenta de la importancia del desarrollo, modernización y constitucionalización de instituciones que permitieran un ejercicio de rendición de cuentas acorde a las democracias modernas; sin embargo, también permitió percatarse, al paso del tiempo, de que las instituciones sostenían una marcada distancia con la ciudadanía en general, salvo a excepción quizá del Instituto Nacional Electoral. Ante ello la reforma constitucional y las subsiguientes secundarias que dieron origen al Sistema Anticorrupción tanto en el ámbito nacional, como en el local, permitieron deliberar, argumentar y concluir en un diseño, en el que, además, tuvieron voz, a través de un ejercicio inédito de parlamento abierto, un destacado grupo de personas, con carácter de activistas, académicos y expertos en la materia, lo que, a su vez, dio una calidad inusitada al dictamen y las normas que de él emanaron.
De la fecha en que entró en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en julio de 2016, a la fecha, las circunstancias han tenido una evolución sin precedentes en la historia política, electoral y democrática del país. En este sentido, las instituciones de nuestro Estado, deben aceptar el reto de un análisis exhaustivo, profundo, sensible y pertinente, a partir del cuál se puedan adoptar las reformas que en su caso se requieran, rediseños internos, ajustes y demás decisiones, que les permitan ser funcionales en una realidad que cada día se distancia más de la que sucedió cuanto tuvieron origen.
Entre las reflexiones que cabe hacer, es la de atender, también en este ámbito, los resultados de las elecciones del 2018, en el que la ciudadanía expresó un franco descontento con su sistema político e institucional completo, lo que implica un reto, también para las áreas del Estado mexicano que se hacen cargo de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción y la impunidad. En un contexto de cambio político, reforma y reedición del pacto social en general, los sistemas anticorrupción no deben ignorar lo evidente: la dinámica social y política vive tiempos de cambio. Sino por el contrario, tomar medidas, apostar por nuevas políticas, programas y acciones, que permitan a éstas no quedarse atrás de un momento de evolución en la relación Estado-sociedad, manteniendo su autonomía, sus instrumentos sustanciales para atender sus deberes constitucionales y sus herramientas estructurales.
Es propicio pues, iniciar con este análisis que, en las siguientes entregas, procuraremos abordar para incitar, una vez, a la deliberación necesaria. ■
@CarlosETorres_
