Una de las primeras acciones sustanciales que el gobernador del estado, Alejandro Tello, concretó en su recién iniciada gestión, fue la presentación del paquete de reformas que darían formación al Sistema Estatal Anticorrupción, cumpliendo con los requisitos indispensables que la Reforma Constitucional a nivel federal en la materia especificó. Se trata, sin dudarlo, de una de las más grandes reformas en materia política-gubernamental que ha tenido Zacatecas en los últimos sexenios. Lo es porque, además de la creación de instancias inexistentes o la modificación de la naturaleza jurídica y funcional de algunas, permite una articulación completa de diferentes órganos del Estado, más allá del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, para combatir los hechos relacionados con la corrupción, prometiendo una modernización de nuestra arquitectura institucional que permitirá un ejercicio más pleno de la rendición de cuentas.
Sin embargo, hoy dicho proyecto, se encuentra atorado, en lo que popularmente se ha llamado “la congeladora legislativa”, en términos llanos: ha tenido poco avance en nuestra Legislatura, lo que seguramente retrasará su implementación, pues ésta es apenas la primera etapa de un largo y complejo proceso que no será menor al de los dos años.
El hecho mismo evidencia una falta de sensibilidad de algunos (quizá todos, no lo sé con objetividad) legisladores. Combatir la corrupción no es un deber exclusivo de la Administración Pública, sino una demanda que la ciudadanía le expresa a todo el Estado, en su conjunto, entendiéndose por ello a cada Institución, Poder u Órgano que forme parte de éste, y recientemente con mayor claridad que antes, al Poder Legislativo, por una autonomía entendida como permisiva para el uso opaco de los recursos que le son asignados (auto-asignados).
Es importante recordarles a los legisladores que su compromiso no dista del que se demanda del Poder Ejecutivo. Al contrario, bajo su responsabilidad corre un adecuado diseño jurídico-normativo para que el Sistema Estatal Anticorrupción logre su objetivo con eficiencia, pero también: con legitimidad.
Por ello, resulta prudente, recordarles a los Diputados, nuestra exigencia de la implementación de la estrategia de Parlamento Abierto, para la discusión de tan importante reforma. No está de más compartir aquí, para ellos y para los amables lectores, cuando menos dos de los diez principios del Parlamento Abierto, contenidos en la Declaración de lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México1, firmado por la Cámara de Senadores y representantes del Inai, Transparencia Mexicana y otras organizaciones civiles, el 22 de septiembre de 2014, citados textualmente:
Participación Ciudadana Rendición de Cuentas. Promueven la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos para ello.
Legislan a favor del gobierno abierto. Aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios.
El primero hace una referencia inmediata, objetiva y clara, a una posición que hemos reiterado en estas páginas: la necesaria participación ciudadana en el diseño y legislación de cada una de las reformas que llamen la atención a la ciudadanía, como es de la que se trata aquí, pero también otras más, a través de convocatorias abiertas a la ciudadanía, no solo a presenciar en vivo las sesiones del Pleno, sino también participando con voz en las discusiones al seno de las Comisiones encargadas de dictaminar.
Y finalmente, el segundo, que ésta no sea una conquista que se logre de vez en vez, sino una política establecida, permanente y reglamentariamente obligatoria, evitando y terminando de una vez por todas con las “sesiones privadas”, y demás recovecos de opacidad que no contribuyen a recuperar la confianza, legitimidad y credibilidad de sus decisiones y acciones.
Volviendo al punto: dense prisa, tienen un año de representación menos esta vez, y exigencias claras y precisas que en este 2016 fueron, quizá, más fuertes que nunca antes en nuestra reciente historia de democracia competitiva. ■
*Miembro de Impacto Legislativo,
OSC parte de la Red por la Rendición de Cuentas
@CarlosETorres_
1 En: https://es.scribd.com/document/318100773/Declaracion-del-lanzamiento-de-la-Alianza-para-el-Parlamento-Abierto#download&from_embed .consultado al 15 de diciembre de 2016.
