Una preocupación de AMLO, es el combate a la corrupción.
Adolfo Aguilar Zínser, explica ampliamente ese problema y la impunidad en nuestro país.
La palabra corrupción viene del vocablo latino rumpere: romper, quebrantar un principio, una ley, una norma un valor. En México la corrupción ha llegado a ser tan integral y abarcante, tan ilimitada, que si bien constituye un gravísimo quebranto social ocurre de maneras tan sagaces que en muchos ámbitos no es ya la transgresión a la norma, sino la consecuencia perversa de su cumplimiento. En efecto, en México se puede ser infinitamente deshonesto dentro de los confines de la ley; se puede robar legalmente, lícitamente. Esto quiere decir que a fuerza de asignarle una función crítica en el esquema de gobierno, de practicarla, de cobijarla y tolerarla, la corrupción ha alcanzado niveles de impunidad extremos. Muchos de nuestros “ricos inexplicables” dichosos congéneres q quienes la fortuna les llega no porque les den sino porque los “ponen donde hay”, ni siquiera se preocupan por esconder el botín u ocultar su rapacería; lo exhiben como lo hizo Santa Anna en toda clase de suntuosos desplantes públicos y festejan su rapacería entre amigos como una hazaña.
En México el atributo que mejor califica a la corrupción, lo que mejor explica su alcance y profundidad es precisamente la impunidad. Por tanto el combate a la corrupción debe ser simultáneamente un combate inmisericorde contra la impunidad.. Este es el alcance y la trascendencia de un compromiso con nuestro país.
La impunidad es una muralla, una verdadera fortaleza, erigida o solo con muros aparentemente infranqueables, sino con los más sofisticados sistemas legales, los más sutiles mecanismos que han de emplearse en el combate a la corrupción, y las represalias más persuasivas.
Es necesario analizar, desmenuzar las dimensiones de la impunidad para definir con exactitud los mecanismos que han de emplearse en el combate a la corrupción.
En México la razón de ser de la impunidad siempre ha sido y lo es cada día más, ´proteger los intereses de quienes desde el centro del poder político gobiernan con los instrumentos de la corrupción; de quienes la practican, la fomentan, se benefician de ella y la resguardan. El sistema ha desarrollado una impenetrable coraza de impunidad, no simplemente como ocurre en otros regímenes autoritarios para conservar las riendas del Estado y ejercer holgadamente el poder e imponer los sucesivos estilos, doctrinas e ideologías presidenciales de gobierno; la impunidad, se afianza y se perfecciona sin cesar, para que los mecanismos cruciales de gobernabilidad que dependen de la corrupción, los amarres que descansan en las facultades discrecionales de la autoridad para disponer de los bienes públicos, no sean desmantelados, para que las responsabilidades no sean develadas, para no rendir cuentas, para no responder ante la ley, para no pagar, para no restituir lo que se han llevado, para que el patrimonio acumulado por la dinastía de la corrupción no corra peligro.
Si bien la corrupción es, en efecto, un fenómeno disperso, disuelto en la sociedad y fomentado por estímulos y privados muy diversos, la relación tan estrecha que existe entre impunidad y corrupción en las esferas públicas supone la existencia de una especie de cuartel general para la administración y la defensa de la corrupción; un Estado Mayor que tiene a su cargo, la preservación estratégica de los mecanismos de corrupción y la salvaguarda de los intereses patrimoniales de sus principales socios, cómplices y beneficiarios institucionales, oficiales y corporativos.
Esta institución la conocemos todos: es el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. En la estructura amplia, abarcante, jerárquica, centralizada y compleja del Poder Ejecutivo federal, en sus correlatos estatales y municipales, están concentrados prácticamente todos los recursos públicos que son objeto del saqueo y de reparto, allí se acumulan también todas las facultades para tomar decisiones políticas, económicas, presupuestarias y administrativas que con el peso incontenible de la autoridad presidencial tejen la complejísima y poderosa estructura de intereses corporativos y patrimonialistas públicos y privados. Esa fortaleza que resguarda la corrupción pública y fomenta la corrupción privada, se edificó sobre los viejos pilares del caudillismo con los amarres corporativos de la Revolución con las trabes de la burocracia, y hoy cuenta con los refuerzos estructurales de una tecnocracia financiera y de una asociación estratégica del Presidente de la República con el poder Político de Estados Unidos. Tras esa fortaleza están amurallados también, prácticamente en calidad de rehenes o de siervos, los poderes legislativo y judicial, y por tanto se encuentran cancelados, derogados en la práctica, todos los controles y los contrapesos constitucionales.
El Poder Ejecutivo defiende con ahínco la impunidad, ella es su alimento político básico y su razón de ser. La impunidad presidencial descansa en dos pilares; la muy extensa y abarcante gama de facultades discrecionales de las que goza el Ejecutivo y la inexistencia casi absoluta de mecanismos de vigilancia y de control. Hasta ahora ningún presidente incluido Ernesto Zedillo, ha tomado ninguna determinación política, i ha hecho ninguna reforma al poder público que ponga verdaderamente en riesgo las facultades discrecionales y los parapetos de su propia impunidad.
